Por: Astrid Fonseca*
En México, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se presenta como el resultado de los esfuerzos realizados por más de una década de diversos sectores, entre los cuales se encuentran el académico, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de develar y conocer las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, más allá de la recolección administrativa de información, que si bien es útil, limita el análisis hacia la comprensión de los procesos y dinámicas subyacentes dentro del sistema de justicia penal.
Así, la ENPOL 2021 en su segunda edición, luego de la realizada en 2016, se ha consolidado como un ejercicio estadístico sui géneris no sólo por su amplia cobertura conceptual, sino por la oportunidad que ofrece de evaluar la efectividad de las políticas públicas en materia de ejecución penal y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como lo son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).
Por lo anterior, la ENPOL se plantea como objetivo: “generar información estadística relevante sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de la población de 18 años y más, que legalmente ha sido privada de su libertad en centros penitenciarios por la supuesta comisión de un delito, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados, entre otras características”.
Panorama general
A nivel nacional se encuentran privadas de su libertad un total de 220,477 personas, de las cuales 94.3% (207,983) son hombres y 5.7% (12,494) mujeres. De éstas, alrededor del 50% se concentra tan sólo en siete estados de la República: el Estado de México (15.5%), la Ciudad de México (12.0%), Jalisco (6.1%), Baja California (5.8%), Sonora (5.1%), Guanajuato (4.1%) y Puebla (4.0%).
En cuanto al perfil de la población privada de la libertad, se destacó que de 2016 a 2021 disminuyó el porcentaje de personas que tenían entre 18 y 29 años de edad al pasar de 32.8% a 25.6%, el porcentaje de mujeres en este rango de edad superó la media por casi 8 puntos porcentuales (33.4%), mientras que el de los hombres se ubicó por debajo con un 25.1% (Véase Gráfico 1). Es decir, el número de mujeres privadas de libertad tiende a concentrarse en el grupo etario de menor edad.
Gráfico 1. Pirámide poblacional de personas privadas de la libertad (2016-2021)
Asimismo, la ENPOL registró que 69.7% de la población cuenta sólo con estudios de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), lo que deja ver un importante rezago educativo entre este sector de la población asociado a la falta de recursos económicos, ya que el 34.6% de aquellas personas que cuentan con un grado igual o menor a la educación media superior afirmaron que no continuaron sus estudios porque tuvieron que trabajar y 26.4% porque no tenían dinero. Por otro lado, se registró que los ingresos mensuales, previo a la detención, del 48.9% de las personas privadas de su libertad era menor a 5,500 pesos mensuales, donde las mujeres superaron la media con 55.1%.
Aunque la encuesta registró un alto porcentaje de personas privadas de la libertad con sentencia dictada (72.0%), un 23.9% afirmó que desde su llegada al centro penitenciario hasta el momento en el que el Juez le dictó sentencia, trascurrieron más de 2 años, hecho que viola el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1] y el Código Nacional de Procedimientos Penales que dice a la letra:
“La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.”
Lo anterior, sin mencionar que hay entidades donde este porcentaje se presenta por encima del 40% como en los estados de Puebla (48.5%), Jalisco (41.8%), Chiapas (41.6%), Guerrero (41.3%) y Tlaxcala (40.9%). Esta problemática se acentúa para el caso de las mujeres, ya que el porcentaje de quienes se encuentran procesadas (46.1%), supera de manera significativa la media nacional que es de 27.8%, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje corresponde a 26.7%, cifra ubicada por debajo de la media. Para ambos casos, tanto para personas procesadas como sentenciadas el delito que prevalece es el de robo con 26.1% y 32.7% respectivamente.
Detención y motivos de reclusión
Desde el inicio del proceso de justicia penal, las personas en conflicto con la ley enfrentan una serie de problemáticas que vulnera sus derechos. Según la ENPOL 2021, el principal motivo por el cual las personas están en los centros penitenciarios es porque las implicaron (43.9%), 43.4% de los hombres así lo afirmaron frente al 53.2% de las mujeres. Del mismo modo, se registró que tanto para el año 2016 como para el 2021 más del 40% de las personas que se encuentran privadas de la libertad fueron detenidas de manera arbitraria y sin una orden de detención (Véase Gráfico 2), fenómeno que se acentúa en entidades como Michoacán (57%), Guerrero (55.31%), Chiapas (54.87%), Tamaulipas (54.79%), Colima (52.96%) y Coahuila (50.61%) al registrar porcentajes superiores al 50%.
Gráfico 2. Porcentaje de personas privadas de la libertad que fueron detenidas sin una orden de aprehensión (2016-2021)
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 y 2021.
Aunado a lo anterior, 64.5% de la población entrevistada refirió haber enfrentado actos de violencia psicológica realizados o permitidos por la policía o autoridad después del momento de la detención y hasta antes de llegar al Ministerio Público, 11.1 puntos porcentuales menos que la cifra registrada en 2016 (75.6%). Para 2021, el acto de incomunicación o aislamiento se colocó como el acto de violencia psicológica más frecuente con 45.8%, seguido de amenazas con levantar cargos falsos (39.2%) y amenazas con hacerle daño a la persona en conflicto con la ley penal, sean mediante golpes u objetos para lastimarlos (35.8%) (Véase Gráfico 3).
Gráfico 3. Porcentaje de población privada de la libertad de 18 años y más, según actos de violencia psicológica que fueron realizados o permitidos por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público o con un Juez de lo penal, 2021
Personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad
Personas con discapacidad. 26.2% de las personas privadas de su libertad presentan alguna discapacidad, 75.7% visual[2], 30.6% auditiva[3] y 24.2% motriz[4]. Casi el 30% de las mujeres privadas de su libertad presentan alguna discapacidad.
Población LGBTTTI. El 0.5% (1,088) de las personas se identificaron como trans, 2.7% se declaró se declaró como bisexual, mientras que el 1.1% como homosexual. Para el caso de las mujeres, las cifras se encuentran por encima de las que se presentan en el caso de los hombres. Por ejemplo, 12.8% de reconoció como bisexual, en contraste con el 2.0% de los hombres; mientras que 5.6% afirmó ser homosexual, frente al 0.9% de los hombres.
Población indígena y afrodescendiente. 5.4% de la población habla una lengua indígena distinta al español, mientras que el 18.8% se considera indígena. En tanto 2.2% se considera afromexicano o afrodescendiente, en esta edición a diferencia de la publicación de 2016, se visibiliza a esta población.
Condiciones de internamiento
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, una de las funciones básicas del sistema penitenciario es procurar la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad, mediante el respeto de los derechos humanos, así como el diseño e implementación de un plan de actividades que contemple las laborales, educativas, deportivas, culturales, de protección de la salud, etc.; sin embargo, de acuerdo con la ENPOL 2021, más del 60% de las personas internas a nivel nacional afirmaron no contar con uno, donde incluso entidades como Nayarit (87.7%), Tabasco (85.4%), Oaxaca (83.0%) y Durango (80.2) presentan niveles por encima del 80% de la población privada de la libertad que no cuenta con un plan de actividades. En tanto, el escenario tampoco es muy alentador para aquellas entidades que muestran cifras más altas de personas que sí cuentan con este esquema, ya que apenas un 60% de su población privada de la libertad cuenta con un plan de actividades, tal es el caso de Baja California Sur (60.3%), Querétaro (59.1%) y Morelos (58%).
Uno de los derechos que tienen como propósito garantizar la integridad física y psicológica de las personas es el derecho a la salud. En este rubro, 41.7% de la población afirmó que le realizan periódicamente revisiones médicas para conocer su estado de salud, donde entidades como el Estado de México (20.1%), Baja California (29.5%) y Nuevo León (33.9%) se colocaron como las entidades con los porcentajes más bajos de atención médica; mientras que entidades con el nivel más alto de atención fueron Yucatán (77.9%), Veracruz (66.1%) y Durango (65.2%). Destacándose que los grupos que reciben mayor atención médica son las personas de 50 años y más con un 46.5%. Esto es relevante en un contexto donde el 49.9% de las personas fueron diagnosticadas con alguna enfermedad.
Otra de las problemáticas que trasgreden no sólo la integridad física, sino el proceso de reinserción social de las personas son los niveles de violencia que se presentan al interior de los centros penitenciarios. Si bien el porcentaje promedio de la población que se sentía insegura disminuyó 19.3 puntos porcentuales (Véase Gráfico 4) al pasar de 31.9% en 2016 a 25.9% en 2021, existen entidades que registraron altos niveles de percepción de inseguridad entre la población penitenciaria, como Campeche (43.6%), el Estado de México (43.6%) y Zacatecas (42.1%); sin embargo al desagregar las cifras por centro, se revela que el Estado de México, Durango y Zacatecas tienen incluso centros que registran niveles de percepción de inseguridad por encima del 50%[5].
Gráfico 4. Variación porcentual de la población privada de la libertad de 18 años y más que se siente insegura al interior del centro penitenciario, según entidad federativa en 2021 respecto a 2016
Del mismo modo, se registró que, a nivel nacional, 34.1% de la población privada de la libertad afirmó haber sido víctima de algún delito al interior de los centros penitenciarios, cifra que para las mujeres se incrementa a 42.5%, mientras que en el caso de los hombres se encuentra por debajo de la media (33.6%). El delito que se presentó con mayor frecuencia fue el robo de objetos personales con 87.7%, seguido de lesiones físicas (25.7%) y extorsión (18.4%). (Véase Gráfico 5). Entre los principales actores que ocasionaron el delito se encuentran en primer lugar los internos(as) con 88.8%, los custodios (22.8%) y el personal técnico penitenciario (2.1%).
Gráfico 5. Porcentaje de población privada de la libertad de 18 años y más según el tipo de delito del que fueron víctimas, 2021
Consideraciones finales
De este modo, la ENPOL frente a otros instrumentos de recolección de información estadística sobre el sistema penitenciario, abre un panorama mucho más amplio al recoger información dada por las propias personas privadas de libertad y las múltiples problemáticas que enfrentan no sólo al interior de los centros penitenciarios o durante todo el procedimiento del sistema de justicia penal, sino las que enfrentarán a su salida por el estigma de haber estado en un centro penitenciario. Así lo confirman las cifras sobre las expectativas de reinserción de las y los propios internos, ya que 53.9% refirió que esta condición afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral, sin mencionar otros aspectos de su vida como las amistades (28.7%), la familia (27.8%) y el ámbito escolar (22.8%).
La explotación de la información estadística que provee la ENPOL se presenta como un reto, pero también como una oportunidad para los distintos actores involucrados e interesados en la mejora del sistema de justicia penal en México, autoridades corresponsables, organismos de la sociedad civil, el sector académico, estudiantes, etc., a fin de identificar las áreas de oportunidad para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas públicos en la materia.
*Asistente Técnica en Ingeniería de Datos, Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. laura.fonsecahernandez@un.org
Notas
[1] Artículo 20, apartado B, fracción VIII: “VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa”.
[2] Se refiere a “tiene dificultad para ver aun usando lentes o lentes de contacto”.
[3] Se refiere a “tiene dificultad para escuchar aun usando un aparato auditivo”.
[4] Se refiere a “tiene dificultad para caminar, moverse, subir, o bajar ecaleras aun usando algún aparato o ayuda para caminar”.
[5] El Cereso Ecatepec “Dr, Sergio García Ramírez” del Estado de México (55.5%), el Cefereso 12 “CPS Durango” (54.2%) y el Cereso “Cieneguillas” en Zacatecas (52.4%).
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2021). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
INEGI (2016). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2021, México.
Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016, México.
Centro de Excelencia UNODC - INEGI 