La importancia de medir la tenencia de armas de fuego: el caso de México

Por: Giada Greco, giada.greco@un.org*

En 2017, más de la mitad de los homicidios a nivel global (54%) se llevó a cabo con un arma de fuego. En las Américas, el 75% de los homicidios es cometido con armas de fuego. En términos absolutos, en 2017, los homicidios con armas de fuego solo en las Américas representaron aproximadamente una cuarta parte de todos los homicidios a nivel global (UNODC, 2019).

Tomando en cuenta que el Estudio Mundial sobre el Homicidio recién publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera la presencia de armas de fuego como “facilitador” del homicidio, es fundamental calcular su presencia en los países. Se estima que en 2017 había más de mil millones de armas de fuego en el mundo, 857 millones en manos de civiles, 133 millones en arsenales militares y 23 millones como propiedad de las agencias policiales (ver gráfica n.1). Los estudios disponibles sobre el tema sugieren que la reserva global de armas ha aumentado en la última década, en gran parte debido a un aumento en la posesión de armas de fuego por parte de civiles (31.8% de 2006 a 2017).[1]

De estas cifras globales, se estima que el continente americano tiene el 54.6% de las armas en mano de civiles, el 18% de las armas en las agencias policiales y el 9% de las armas en los arsenales militares.[2]

Durante la última década, ha sido posible afinar las estimaciones en términos de tenencia de armas de fuego a nivel global, pero, aun así, encontrar información detallada sobre armas de fuego a nivel país, sigue siendo un reto. Para entender la razón de esta falta de información, es necesario comprender cómo funciona el mercado de las armas de fuego.

Tráfico ilícito de armas de fuego: características del flujo

El mercado de las armas de fuego tiene un componente lícito y un componente ilícito (ver diagrama n.1). Respecto del componente ilícito, cabe mencionar que la Agenda de Desarrollo Sostenible requiere que los Estados Miembros de Naciones Unidas al 2030, reduzcan significativamente los flujos ilícitos de armas de fuego. Esta aspiración representa un reconocimiento a nivel internacional del nexo entre el crimen y el desarrollo y confiere a las corrientes ilícitas de armas de fuego un carácter transversal y transnacional. Para poder reducir las corrientes de armas de fuego ilícitas, los países tienen el llamado de reportar estadísticamente la proporción de armas incautadas, halladas y entregadas cuyo origen ilícito ha sido rastreado o establecido por una autoridad competente de acuerdo a instrumentos internacionales (Indicador 16.4.2).

Medir los mercados ilícitos es una tarea compleja, debido a la naturaleza cambiante de la criminalidad y a su carácter transnacional. Por esta razón, los datos disponibles suelen ser escasos o desactualizados (UNODC, 2015). En el caso del mercado ilícito de las armas de fuego, podemos apreciar cómo su naturaleza difiere de los demás flujos. Esto parece reflejarse en una menor disponibilidad de datos respecto a otros mercados ilícitos, como por ejemplo el de las drogas (UNODC, 2010).

El tráfico ilícito de armas de fuego es un delito multidimensional porque las armas juegan un papel central como facilitadores de delitos violentos, son conductores de poder y un producto lucrativo para el tráfico. Es un delito complejo porque se relaciona a otros delitos y puede involucrar diferentes territorios. Es difícil de detectar ya que la mayoría de los casos de armas incautadas, halladas o entregadas con un origen ilícito establecido tienen que ver con una producción lícita desviada hacia el mercado ilícito[3]. Además, el bien traficado en este delito es duradero. Es decir que es un bien que no termina de existir en el momento en que se usa y que puede ser reutilizado en diferentes ocasiones y por un largo plazo. Como resultado, hay poca necesidad de un flujo continuo de contrabando (UNODC, 2010)[4]. El tráfico ilícito de armas de fuego parece, entonces, ser diferente a muchas de las otras formas de tráfico ilícito ya que su medición tiene que ver con la detección del desvío de las armas de fuego y requiere un enfoque más centrado en el componente lícito de este mercado (ver diagrama n.1). Debido a las características particulares de este mercado ilícito, el primer paso para acercarse a su medición es conocer su presencia en un territorio.

La atención de la Agenda Global en el tema, junto con los alarmantes datos proporcionados por el Estudio Mundial sobre el Homicidio (a partir de su primera versión en 2013)[5] han generado un creciente interés de medición de este fenómeno. Para  conocer más este mercado, la UNODC publicó el Estudio Global sobre Tráfico de Armas de Fuego en 2015. Este estudio ha sido pionero en producir información sobre el tráfico ilícito de armas de fuego para promover el intercambio de información y las investigaciones. Entre las conclusiones de esta publicación, se resaltó la importancia de contar con datos estandarizados y comparables, a nivel internacional, basados en una metodología compartida y replicable.

¿Qué sabemos de las armas de fuego en México?

La principal fuente de información sobre armas de fuego en México es el Registro Federal de Armas a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque toda arma de fuego debe inscribirse en dicho registro (Art 7o)[6], hay un porcentaje de armas que nunca llega a registrarse, una de las razones para no registrarlas es su uso ilícito para la comisión de delitos.

Las armas de fuego y los homicidios en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica anualmente datos de Mortalidad en México de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10/2)[7]. Se trata de información del Sistema de Salud a partir de las actas de defunción. En el período entre 1998 y 2018[8] es posible identificar dos momentos de incremento del número de muertes violentas[9] en México: uno en 2007 y en 2014 (ver gráfica n.2). La mayoría de las víctimas son hombres, aunque también el número de mujeres víctimas de homicidio ha aumentado. Tomando en cuenta los datos de muertes violentas desagregados por disparo de arma de fuego como causa externa de mortalidad, es posible apreciar un aumento en el número de casos registrados en los mismos años. Al revisar el número total de muertes violentas, es posible concluir que la mayoría de las muertes violentas en México (el 70.1%) ocurre con un arma de fuego (ver gráfica n.2).

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10/2, los datos de muertes violentas con disparo de arma de fuego pueden desagregarse en tres categorías:

  • disparo de arma corta
  • disparo de rifle, escopeta y arma larga
  • disparo de otras armas de fuego y las no especificadas

Esta desagregación, aún limitada a tres macro categorías, permite caracterizar con más detalle los tipos de armas de fuego que se utilizaron en México en el caso de las muertes violentas. En 2018, la categoría “Otras armas de fuego y las no especificadas” registró un mayor porcentaje (96.5%) respecto a las categorías “Arma corta” (2.9%) y “Rifle, escopeta y arma larga” (0.6%) (ver gráfica n.3). Este mayor porcentaje puede deberse a la mayor amplitud de la categoría “Otras armas de fuego y las no especificadas”, que incluye todos los tipos de armas que no sean cortas, rifles, escopetas y arma larga, además de las armas no especificadas.

Un análisis histórico por categoría de arma de fuego permite indagar más detalladamente las variaciones en el tipo de arma utilizado que causó muertes violentas en México. En las tres categorías se puede observar un incremento a partir de 2014, año identificado como el punto de inicio del más reciente aumento de número de muertes violentas. La categoría de tipos de armas de fuego que se utilizaron en México para cometer homicidios que en 2018 registró el mayor porcentaje, “Otras armas de fuego y las no especificadas”, registró un aumento del 107.1% a partir de 2014 (ver gráfica n.4). La categoría “Arma corta” registró un aumento del 784.3% a partir de 2014 (ver gráfica n.5). La categoría “Rifle, escopeta y arma larga” registró un aumento de homicidios del 41.2% (ver gráfica n.6).

El número de muertes violentas por arma de fuego ha aumentado en México y los datos mostrados indican que la composición de este fenómeno ha cambiado a lo largo del tiempo. Se utilizan menos armas cortas y largas y más, otros tipos de armas de fuego. Esto podría relacionarse a varios factores:

  • una utilización frecuente de otros tipos de arma de fuego (por ejemplo, las armas hechizas o las armas de impresión 3D) para cometer homicidios en México
  • un uso eficaz de políticas públicas dirigidas al contraste del uso de armas cortas y armas largas. Al mismo tiempo, una falta de regulación en los otros tipos de armas de fuego
  • un cambio en la metodología de captura de esta información

Un análisis de esta información a nivel local (por ejemplo, por Entidad y municipio de ocurrencia) podría favorecer un mayor entendimiento. Es importante recalcar que la base de datos de Mortalidad del INEGI es una Clasificación Internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales. Aunque la CIE puede tener muchas aplicaciones diferentes, no permite capturar suficientes detalles para algunas especialidades,[10] como en este caso mayor información por tipo de arma de fuego utilizada. Aun así, estos datos nos proporcionan información relevante que podría considerarse para la toma de decisiones en cuanto a la detección y los usos de las armas de fuego.

Por ejemplo, el aumento de la categoría “Otras armas de fuego y las no especificadas” podría reflejar un aumento de uso de armas de fuego distintas a las armas cortas y largas. ¿Se están llevando a cabo suficientes esfuerzos para detectar y combatir otros tipos de armas de fuego? Otra reflexión podría involucrar las armas de fuego cortas, ya que siguen siendo la categoría de arma de fuego más letal considerando su aumento a partir de 2014. Lo cual apunta a la necesidad de generar  estrategias enfocadas a combatir o disminuir la presencia de otro tipo de armas, sin descuidar los esfuerzos hacia las armas cortas.

Ciertamente, el homicidio es el dato utilizado con más frecuencia para analizar e investigar temas de seguridad y violencia debido a sus menores niveles de cifra oscura[11]. Sin embargo, cabe mencionar que el homicidio no es la única manifestación de violencia relacionada con la presencia de armas de fuego. Hay otros delitos violentos que involucran el uso de armas de fuego y que podrían tomarse en consideración.

El uso de las armas de fuego en otros delitos 

En el caso de México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI reporta que en 2018 el porcentaje de delitos estimados -distintos de homicidio- con portación de algún arma[12], fue de 45.6%. Específicamente, en uno de cada tres delitos cometidos en México, hubo portación de arma de fuego (pistola u otra) (ver gráfica n.7).

De los delitos donde el agresor portaba algún arma, en 9.1% de los casos el arma fue utilizada. Este porcentaje aumentó respecto al 2017, que registró 8.3%.

Analizando el porcentaje de los delitos donde hubo portación de arma de fuego es posible notar un aumento entre 2012 y 2013 (de 18.75%) y a partir de 2016 (de 13.4%). El aumento del uso de armas de fuego de 2017 a 2018 ha sido de 5.9% (ver gráfica n.8). En su conjunto, los delitos cometidos con un arma de fuego han aumentado a partir de 2012. Esta información parece seguir la misma tendencia de los datos de muertes violentas por arma de fuego.

Otro indicador que podría considerarse para estimar la presencia de armas de fuego en México es el porcentaje de población que sabe de la ocurrencia de disparos frecuentes como conducta delictiva o antisocial en los alrededores de su vivienda. Este dato se conoce a partir de la ENVIPE. En el periodo 2014-2018, se registró un aumento del 45.4% de disparos frecuentes escuchados o de los cuales los mexicanos están enterados ocurran en los alrededores de su vivienda (ver gráfica n.9). En 2019, el 33.5% de la población de 18 años y más reporta conocer de la ocurrencia de disparos frecuentes en los alrededores de su vivienda. Es decir, una de cada tres personas de 18 años y más en México sabe de la ocurrencia de esta conducta delictiva o antisocial[13].

Este dato puede desagregarse por Entidad Federativa. En 2018, las Entidades donde se registró un mayor porcentaje de población de 18 años y más reportando la ocurrencia de disparos frecuentes en los alrededores de su vivienda fueron:

  • Estado de México (49.9%)
  • Ciudad de México (44.5%)
  • Morelos (43.2%)
  • Guanajuato (34.9%) [14]

Haciendo un análisis histórico de esta percepción, desagregada por Entidad Federativa es posible notar que, a partir de 2014, las Entidades que registraron la mayor variación en términos de conocimiento de la población de disparos frecuentes en los alrededores han sido Puebla, Oaxaca, Zacatecas y Michoacán de Ocampo. En dos de estos cuatro casos este conocimiento de disparos frecuentes se duplicó[15].

Las Entidades Federativas que registraron los mayores porcentajes de conocimiento de disparos frecuentes en 2018, no son las mismas que registraron la mayor variación de este dato respecto a 2014. Esto puede indicar que aunque la presencia de armas de fuego es menos visible en algunos territorios, sus dinámicas son igualmente relevantes para fines de política pública. 

Analizar la variación del conocimiento de la población de la presencia de un fenómeno antisocial (como los disparos frecuentes) en el tiempo, permite identificar focos rojos para una acción de prevención o de disuasión de este fenómeno.  

También es posible comparar estos porcentajes de variación de conocimiento de disparos frecuentes con las variaciones de los datos de homicidios por arma de fuego en el mismo periodo (2014 – 2018). En el caso de las 4 Entidades Federativas en donde se registró la mayor variación de conocimiento de disparos frecuentes en los alrededores de su vivienda respecto a 2014, también se registra un incremento en el número de homicidios por arma de fuego en el mismo periodo (ver gráfica n.10). Esto indica que en el caso de un mayor conocimiento de la ocurrencia de disparos frecuentes en los alrededores de la vivienda, también se registran más homicidios por arma de fuego[16].

Por otro lado, revisar las variaciones anuales por Entidad Federativa permitiría una mayor comprensión de las tendencias en el uso de armas y su vinculación con la comisión de delitos violentos, incluido el homicidio.

Algunas consideraciones sobre las armas de fuego

Los datos analizados ciertamente no cubren por completo la necesidad de información respecto a la presencia de las armas de fuego en México y a sus consecuencias para la población. Sin embargo, se trata de datos oficiales de público acceso que nos pueden ayudar a ver más de cerca el fenómeno y a llegar a algunas consideraciones:

  • Los datos de homicidios a partir de registros de salud pueden dar información relevante respecto al tipo de arma de fuego utilizado.
  • Las variaciones históricas por tipo de arma utilizada pueden ser un indicador de las nuevas dinámicas de uso de las armas de fuego. Asimismo, de la presencia de ese tipo de arma de fuego en el territorio.
  • Es necesario monitorear las variaciones en el tiempo del conocimiento de la población de la presencia de disparos frecuentes también en los territorios donde su presencia no parece ser muy notoria o percibida. Un cambio repentino y relevante en este conocimiento, es un indicio de riesgo.
  • México dispone de una gran cantidad de datos oficiales de calidad que pueden ser utilizados para este tipo de análisis. Las instituciones deberían de generar más información sobre las armas de fuego, con un mayor nivel de desagregación por ejemplo por tipo de arma de fuego o por contexto legal de la incautación.

Tomar en cuenta este tipo de información, permitiría identificar caminos a seguir para reducir la presencia del principal facilitador de delitos violentos: las armas de fuego. De esta manera, el enfoque de acción pasaría de ser reactivo a preventivo.

Saber cuántas armas de fuego circulan en México, de manera desagregada, permitiría tomar decisiones de política pública basadas en evidencia y también enfocar los recursos en las áreas de riesgo identificadas. Recordando que la reducción de la disponibilidad de armas de fuego en un país debilita la actividad del Crimen Organizado (UNODC, 2010).

Bibliografía

A/RES/71/313 https://undocs.org/es/E/CN.3/2016/2/Rev.1

Aaron Karp (2018), Estimating Global Civilian-held Firearms Numbers, en Small Arms Survey, Briefing Paper (June 2018) http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf

Aaron Karp (2018), Estimating Global Military-owned Firearms Numbers, en Small Arms Survey, Briefing Paper (June 2018) http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Military-Firearms-Numbers.pdf

Aaron Karp (2018), Estimating Global Law Enforcement Firearms Numbers, en Small Arms Survey, Briefing Paper (June 2018) http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Law-Enforcement-Firearms-Numbers.pdf

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014-2019). Presentación Ejecutiva. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019). Cuestionario principal https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/cuest_principal_envipe2019.pdf

INEGI, Defunciones por homicidios, base de datos https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est 

Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://undocs.org/es/E/CN.3/2016/2/Rev.1

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (1972), Estados Unidos Mexicanos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfafe.htm

OMS, Organización Panamericana de la Salud (OPS). Clasificación Estadística Internacional de enfermedades. Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión (CIE-10), Volumen 1, 2, 3

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 https://undocs.org/sp/A/RES/70/1

United Nations (2016), Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms and other Conventional Arms: Synergies for Implementation https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf

United Nations (2015). UNODC Study on Firearms https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf

United Nations (2019), UNODC Global Study on Homicide, Executive Summary https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet1.pdf

United Nations (2019), UNODC Global Study on Homicide, Homicide trends, patterns and criminal justice response https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet2.pdf

United Nations (2019), UNODC Global Study on Homicide, Understanding Homicide https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_3.pdf

United Nations (2013), UNODC Global Study on Homicide https://www.unodc.org/gsh/

United Nations (2010). The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

*El texto es elaborado a título personal y no refleja la posición del Centro de Excelencia, UNODC o de la Organización de las Naciones Unidas respecto a ninguno de los temas tratados.


[1] Cabe mencionar que, aunque su aumento podría reflejar una disponibilidad de mejores métodos de investigación, una parte importante se debe a los cambios en los niveles reales de propiedad (Small Arms Survey, 2018).

[2] http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Weapons_and_Markets/Tools/Firearms_holdings/SAS-Infographics-global-firearms-holdings.pdf

[3] Aun representando la producción lícita la mayoría de la producción de armas, es importante mencionar la presencia de nuevas formas de producción ilícita, como por ejemplo la impresión 3D de partes y componentes de armas de fuego.

[4] Se estima que el número de armas pequeñas compradas cada año es solo alrededor del 1% de las que ya están en circulación (UNODC, 2010).

[5] La segunda versión se publicó en julio 2019.

[6] Artículo 4o “Corresponde al Ejecutivo de la Unión por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones que esta Ley y su Reglamento les señalen, el control de todas las armas en el país, para cuyo efecto se llevará un Registro Federal de Armas.”

Artículo 7o.- “La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.”

[7] Para unificar criterios respecto de la gama de estados morbosos, la Organización Mundial de la Salud instituyó esta Clasificación. La versión actual (CIE-10/2) está vigente desde 1990. La nueva edición (CIE-11) entrará en vigor en 2022.

[8] Se seleccionó este periodo de referencia porque solo a partir de 1998, la información aparece unificada en sus rangos. Sin embargo, la página del INEGI proporciona esta información a partir de 1990.

[9] Más precisamente, el sistema de registro se refiere a “Agresiones” como parte de la categoría “Causas externas de morbilidad y mortalidad”.

[10] http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume2.pdf

[11] Es decir que respecto a los demás delitos, la diferencia entre el número de homicidios ocurridos y el número de homicidios reportados en los Registros Administrativos es menor.

[12] Este dato se refiere a los delitos en donde la víctima estuvo presente. Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.

[13] Mientras para la victimización el periodo de referencia de la ENVIPE 2019 es el año 2018, para esta información se hace referencia al periodo de marzo-abril 2019.

[14] En 2019, el periodo de referencia de la ENVIPE 2019, fueron:  Ciudad de México (50.8%), Estado de México (50.7%), Morelos (48.2%), Guanajuato (42.9%) y Baja California (36.8%).

[15] Calculando esta variación desde 2014 hasta 2019, las Entidades Federativas que registran una mayor variación son: Puebla, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Ciudad de México y Baja California. En 5 años, este conocimiento se ha duplicado en las cinco Entidades Federativas. Esta información parece indicar que en México están aumentando las entidades donde la población de 18 años y más conoce de la ocurrencia de disparos frecuentes.

[16] Cabe destacar que las dos variables tienen una variación porcentual diferente en las cuatro Entidades Federativas en el periodo de referencia 2014 – 2018.

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¿Malas experiencias o coyuntura política? Una explicación a los altos niveles de corrupción que perciben los mexicanos

Por:Héctor Duarte Ortiz; hector.duerte@un.org*

Introducción: Estimaciones de la corrupción

¿Importa medir el fenómeno de la corrupción? Algún lector crítico podría mencionar que en México esto es algo obvio y poco interesante. Los medios de comunicación, nuestras conversaciones cotidianas e incluso nuestras experiencias diarias apuntan a que México es un país con mucha corrupción “¿qué caso tiene investigar algo que ya sabemos?” Totalmente válido, pero hay implicaciones interesantes a decir que “México es un país muy corrupto” que revelan las diferentes dimensiones de un tema complejo como éste y que nos sirven para saber qué tan extendida está la corrupción en el país.

La noción a la que se hizo referencia anteriormente de que México es un país con mucha más corrupción que la mayor parte del resto de los países pareciera corroborarse al revisar una de las mediciones más conocidas sobre el tema a nivel comparado, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización internacional Transparencia Internacional. En la última medición de 2018, México está por debajo de 140 países y comparte posición con cinco. Al mismo tiempo sólo supera a 39 otras naciones. Como se muestra en el gráfico 1 la posición del país ha caído en el tiempo incluso dentro de la región de América Latina y el Caribe. México ha sido superado por países como Brasil y Ecuador en los últimos años y, en la región, se encuentra sólo por encima de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Haití.[1] En el otro extremo del espectro del IPC se encuentran países como Dinamarca y Nueva Zelanda, que ocupan las primeras posiciones de manera sistemática.

[1] Países que, a diferencia de México, han tenido crisis de gobernabilidad importantes en los últimos años.

Gráfico 1: Evolución del ranking en el Índice de Percepción de Corrupción, países varios (1995-2018)

Fuente: Elaboración propia a partir del IPC de Transparencia Internacional 1995-2018

Distintas mediciones de la corrupción apuntan a una conclusión similar a la del IPC. De 13 indicadores internacionales de corrupción identificados por Alejandro Tuirán, México se encuentra en el primer cuartil (25% de los países más corruptos) en 11 de ellos (2019). Es importante tomar en cuenta, sin embargo, que tanto el IPC como la mayor parte de las mediciones estiman tan sólo la percepción de corrupción a partir de las opiniones de expertos en la materia. Para obtener una medición de las percepciones de los mexicanos en general sobre la corrupción tendríamos que remitirnos a encuestas llevada a cabo en hogares. De estas encuestas la más importante para México es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Si bien la muestra de la ENCIG es distinta a la de estudios como el IPC (al entrevistar a población general), los resultados coinciden en sus conclusiones sobre lo común que se piensa a la corrupción: el 53.6% de los encuestados considera que los actos de corrupción ocurren de manera muy frecuente en su entidad y el 37.5% estima que ocurren frecuentemente.  Otra manera de ver lo anterior es que menos del 10% de los mexicanos piensa a la corrupción como un hecho anómalo. Los resultados de levantamientos anteriores no son muy distintos y hay una tendencia de pensar a la corrupción como cada vez más frecuente (gráfico 2).

Gráfico 2: Percepción de frecuencia de la corrupción de los encuestados por la ENCIG en su entidad federativa (2011-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENCIG del INEGI. Para 2011 el dato abarca la existencia de corrupción en el gobierno estatal y no el nivel de corrupción general del estado.

Dado que ambas mediciones, el IPC de expertos y la ENCIG a población general, consisten en mediciones subjetivas resulta relevante tratar de averiguar qué explica los resultados obtenidos; en otras palabras, qué factores contribuyen a generalizar la idea de la corrupción como muy frecuente. La explicación más intuitiva es que nuestras experiencias cotidianas son las que generan y refuerzan el pesimismo generalizado sobre este tema. No obstante, estudios en otros países han encontrado que factores no necesariamente relacionados con los niveles reales de corrupción pueden contribuir en hacer más notorio este fenómeno para la opinión pública (véase Sharafutdinova, 2010).

Para comprobar cuál es el peso de las variables, ya sea de experiencia o de coyuntura política, relacionadas con las percepciones de corrupción se toman en cuenta los datos agregados a nivel entidad federativa de los cuatro levantamientos de la ENCIG (N=128) para la elaboración de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Dado mi propósito, la ENCIG es un instrumento privilegiado al contar con mediciones de corrupción subjetiva, así como distintos tipos de experiencia con estas conductas, para una misma muestra de la población mexicana. En este sentido, vale la pena destacar que la estimación de experiencia de la ENCIG se obtiene a partir de una metodología acorde con las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) para la realización de encuestas de corrupción (UNODC, PNUD y Centro de Excelencia, 2018). Dicho estándar consiste en estimar el porcentaje de ciudadanos a los que se les ha solicitado un soborno al momento de realizar un trámite en el año previo al momento de levantamiento de la encuesta. Adicionalmente, la ENCIG cuestiona a los encuestados sobre si conocen sobornos a través de familiares, amigos o compañeros de trabajo o escuela, lo que se conoce como experiencias de corrupción a través de terceros.

Si bien el soborno no engloba la totalidad de las conductas de corrupción ni de las aproximaciones para su medición,[2] sí es un aproximado de una de las conductas adscritas a la corrupción que está más extendida en cualquier sociedad.  En el entendido anterior, los gráficos 3 y 4 comparan en una misma escala (colores más rojos equivalentes a mayores niveles de corrupción) los niveles percibidos y experimentados de corrupción. El gráfico 3 toma en cuenta la victimización por soborno de primera mano, las cuales muestran tener altos grados de similitud con la percepción de que la corrupción es “muy frecuente” (el coeficiente de correlación entre ambas estimaciones es de 0.573). Por otra parte, los niveles de similitud con las experiencias conocidas a través de terceros presentadas en el gráfico 4 son más moderadas, aunque la relación sigue existiendo (en este caso con una correlación de magnitud de 0.242).

[2] Algunas alternativas de estimación de corrupción a gran escala están presentes en el trabajo del investigador Mihály Fazekas, véase: https://bit.ly/2JhdIMZ.

Gráfico 3: Entidades federativas, diferencias en percepción y experiencias de soborno (primera mano) en términos porcentuales

Fuente: Elaboración propia a partir de la media aritmética de los cuatro levantamientos de la ENCIG. Nota: Nivel de correlación entre variables a partir de datos de entidades federativas: 0.573

Gráfico 4: Entidades federativas, diferencias en percepción y experiencias de soborno (conocidas por familiares, amigos o compañeros de trabajo o escuela)

Fuente: Elaboración propia a partir de la media aritmética de los cuatro levantamientos de la ENCIG (tres levantamientos para las experiencias a partir de terceros). Nota: Nivel de correlación entre variables a partir de datos de entidades federativas: 0.242.

Variables adicionales: Los resultados de esta visualización de los datos muestran que las experiencias, especialmente aquellas de primera mano, sí juegan un papel importante en la formación de las opiniones de corrupción a nivel de entidad federativa.  Sin embargo, queda por analizar si no hay otras explicaciones asociadas a la coyuntura política o al desarrollo regional en las entidades que tengan un peso aún más importante en la explicación del fenómeno. Para ello agrego tres variables al análisis a partir de los hallazgos de Gulnaz Sharafutdinova para las regiones de Rusia en el contexto de democratización de la década de 1990. Se estima que el caso de Rusia es comparable al de México al ser un país federal con diferencias sustantivas entre regiones, así como una percepción generalizada de corrupción[3]. A continuación, se brinda una breve justificación de la inclusión de estas variables que han probaron tener un rol relevante en el estudio de Sharafutdinova:

[3] Rusia se coloca en la posición 138 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción más reciente.

Libertad de prensa: Por poco creíble que suene, experimentar un evento de corrupción de primera mano es algo poco probable incluso en los países considerados más corruptos. Prueba de ello es que la tasa de prevalencia de soborno más reciente para México es de 14,635 por cada 100 mil habitantes para la corrupción de primera mano. De ello se desprende que probablemente la mayor parte de nuestras experiencias de la corrupción las obtenemos de los medios de comunicación; en especial casos de desfalcos millonarios o escándalos políticos que difícilmente alguien podría atestiguar directamente. Para que dicha información pueda llegar a ser divulgada una premisa es que exista libertad de prensa ante casos que pueden representar información incómoda para quienes ostentan poder político y/o económico. Por ello, se toman en cuenta los datos del índice de libertad de prensa subnacional desarrollado por el proyecto Índice de Desarrollo Democrático en México de la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung correspondientes al año posterior de levantamiento de la ENCIG de cada observación.[4] Dicho índice se compone de dos elementos: 1) percepciones de la ciudadanía respecto a las libertades de los medios de comunicación y 2) casos de violencia contra periodistas.

[4] Se opta por la información del reporte del año posterior porque cada reporte toma en cuenta la información del año previo para su elaboración. Esto con excepción del ejercicio de 2015, para el que no hubo reporte correspondiente de 2016. Los resultados se expresan en una escala del 0 al 10 en la que el 0 es la entidad con menor libertad de prensa y 10 la que tiene mayor.

Competencia Política: Estudiosos de las campañas electorales estadounidenses han encontrado que el grado de negatividad en una campaña está en buena medida determinado por la competitividad de ésta (Ansolabehere & Iyengar, 1997). La consecuencia de lo anterior es que los escándalos relacionados con la corrupción, que a su vez aumentan el grado de percepción de ésta, son utilizados en ocasiones selectivamente para desacreditar a una figura pública y garantizar el triunfo del candidato rival a puestos de elección popular. Dada la naturaleza local de la ENCIG para la medición de esta variable,[5] se toma en cuenta la brecha entre el porcentaje de votación del primero y el segundo lugar de la elección de gobernador de la entidad federativa más reciente. Esto bajo el supuesto de que menores brechas entre el primero y segundo lugar son indicativas de una competencia electoral más intensa y, por tanto, brindan mayores incentivos para ventilar casos de corrupción que sean decisivos para el éxito de uno de los candidatos.[6]

[5] La percepción de corrupción pregunta sobre la ocurrencia del fenómeno en la entidad federativa.

[6] Para la generación de esta variable se resta la brecha a un 100 a manera de generar un índice de competitividad en el que valores más altos son indicativos de una competencia electoral más pareja. Dicha transformación se realiza con el propósito de hacer la interpretación estadística en la modelo más intuitiva.

Desarrollo Humano: Suele pensarse que las regiones menos desarrolladas tienen menos capacidades para combatir la corrupción y que esto, asimismo, impacta en la limitación de su desarrollo. Para comprobar la pertinencia de esta hipótesis se incluye en el ejercicio el dato más próximo al año de levantamiento del Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Resultados del modelo estadístico

Los resultados de dos modelos estadísticos con las variables descritas se presentan en la tabla 1. Ambos incluyen las mismas variables independientes con la diferencia de que el primer modelo incorpora experiencias personales de soborno, mientras el segundo incluye experiencias conocidas a través de terceros como familiares, amigos u otros conocidos. Como se concluyó de los mapas de los gráficos 3 y 4, las experiencias personales de petición de soborno tienen un efecto mucho más fuerte en la creencia del fenómeno de la corrupción como “muy frecuente” en comparación con un efecto mucho menor de las experiencias socializadas a través de terceros, las cuales no tienen un efecto significativo a nivel estadístico en un modelo con otras variables. Por consecuencia de esta diferencia, el modelo 1 llega a explicar un considerable casi 39% de la varianza de las percepciones de corrupción, mientras el segundo sólo lo hace para el 23% de las mismas.  La magnitud de la relación del soborno del modelo 1 es considerable: cada aumento en un punto porcentual de solicitudes de soborno se traduce en un crecimiento en un casi 1.25% de las personas que piensan que la corrupción en su entidad federativa es muy frecuente.

Tabla 1: Modelos OLS de determinantes de percepciones de corrupción[7]


Determinantes percepciones corrupción
PERCEPCION_CORRUPCION_MUY_FRECUENTE
Model 1Model 2
EXPERIENCIA_CORRUPCION_PERSONAL1.246***
(0.174)
EXPERIENCIA_CORRUPCION_CONOCIDOS0.159
(0.106)
LIBERTAD_PRENSA-0.868***-1.426***
(0.292)(0.372)
COMPETENCIA_ELECTORAL-0.143**-0.187**
(0.063)(0.073)
DESARROLLO_IDH-5.951-11.331
(22.022)(28.102)
Constant52.148***72.681***
(17.156)(21.383)
N12896
R-squared0.4060.260
Adj. R-squared0.3870.227
Residual Std. Error8.394 (df = 123)8.756 (df = 91)
F Statistic21.015*** (df = 4; 123)7.986*** (df = 4; 91)
***p < .01; **p < .05; *p < .1

Nota: La ENCIG 2011 no cuestiona sobre experiencias conocidas a través de terceros, lo que explica que el número de observaciones del modelo 2 sea de tan sólo 96 casos.

[7] El código para replicar el modelo y la base de datos son de acceso público en la siguiente liga: https://bit.ly/2JHYZtj.

Este rol del soborno, especialmente de aquel que es experimentado de manera personal, como determinante de los niveles de percepción de corrupción puede verificarse a través de un análisis longitudinal de los resultados de la ENCIG. Como se muestra en el gráfico 5, el crecimiento del soborno al desahogar trámites ha coincidido con el crecimiento a nivel nacional de la idea de la corrupción como un suceso muy común.  

Gráfico 5: Experiencias y percepciones de corrupción en ENCIG 2013-2017 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de ENCIG, 2013, 2015 y 2017. Nota: No se incluyen datos de la ENCIG 2011 dado que este levantamiento no abarca experiencias de corrupción conocidas a través de terceros.

En relación con las variables que Gulnaz Sharafutdinova encontró como relevantes para la percepción de corrupción en Rusia, el efecto no fue el esperado para México. Por una parte, el Índice de Desarrollo Humano no muestra tener un impacto significativo en ninguno de los modelos. Por otra parte, las variables de libertad de prensa y competitividad electoral tienen un efecto significativo negativo (contra lo postulado por la autora). En otras palabras, una prensa más independiente y una mayor competencia por el poder político no implican una mayor notoriedad de corrupción para los ciudadanos. En específico, una mayor libertad de prensa reduce de manera significativa la percepción de corrupción y su efecto en el modelo 2 de la tabla 1 es el más grande de las variables incluidas. Una posible explicación a esto es que en las entidades en las que existe una prensa libre, ésta ha jugado un rol de contrapeso y disuasivo para la comisión de actos de corrupción, sobre todo de casos de corrupción a gran escala. Por su parte, en un contexto en el que hay una variación importante en la forma en la que se ejerce el poder político a nivel subnacional (Gibson, 2005), mayor competencia electoral puede ser indicativo de una sociedad más plural y democrática a nivel local y que controla mejor la corrupción; una idea longeva que está presente desde la época de Jean-Jacques Rousseau.

Algunos ejemplos son ilustrativos de que una prensa libre y una mayor intensidad en la competencia electoral no son sinónimos de una mayor corrupción percibida son Chiapas y Querétaro, los cuales se incluyen más adelante. Por una parte, Chiapas se ha vuelto una entidad menos competitiva en términos electorales a lo largo del tiempo y no tiene altos niveles de libertad de prensa. Sin embargo, la percepción de corrupción en la entidad se ha incrementado en casi el doble desde el primer levantamiento de la ENCIG.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los cuatro levantamientos de la ENCIG para Chiapas.

Querétaro, por su parte, cuenta con una intensa competencia entre dos partidos políticos que han gobernado al estado en los últimos años con un tercer partido recientemente posicionándose fuertemente en las preferencias del electorado. Adicionalmente, Querétaro no presenta riesgos para periodistas que coarten su libertad como otras entidades. Sin embargo, contrario a lo que las hipótesis sugerirían, Querétaro presenta algunos de los menores niveles de corrupción percibida entre las entidades en México.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los cuatro levantamientos de la ENCIG para Querétaro.

Conclusiones

La evidencia empírica disponible para México respalda sólo parcialmente la teoría revisada sobre la generación de percepciones de corrupción. Por una parte, las vivencias relacionadas con el soborno de primera mano son relevantes para determinar una mayor percepción de que la corrupción ocurre de manera frecuente y parecen que han contribuido en el crecimiento en el tiempo de este indicador. Esto tiene implicaciones en términos prácticos porque la reducción de las percepciones de corrupción, en las que México se coloca en los últimos lugares a nivel internacional, pareciese que pasa por la disminución de la prevalencia de sobornos al momento de realizar un trámite. La tabla 3, que incluye los trámites con mayor prevalencia de dicha conducta, ilustran que éste es un reto compartido por los tres niveles de gobierno, pues los servicios de gobierno en los que hay más corrupción de este tipo corresponden a funciones concurrentes de gobierno. Incluso, no es erróneo asegurar que los gobiernos locales tienen una mayor oportunidad de mejora en este rubro porque el grueso de los trámites de la tabla 3 se adscribe a su competencia.[8]

[8] Un buen ejemplo de lo anterior son los delitos denunciados del fuero común, los cuales representan un volumen mucho mayor de casos en comparación con los del fuero federal.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los tabulados de ENCIG 2017, tabla 4.6

Por otra parte, el rol de las variables de coyuntura política, si bien significativo, fue contrario a lo esperado. Una mayor libertad de prensa y una mayor competitividad generan una menor percepción de corrupción, lo que parece sugerir, a reserva de continuar investigaciones de este tipo, que democracias a nivel local más consolidadas pueden crear visiones menos pesimistas de la sociedad respecto a la corrupción.

Los hallazgos de este texto, sin embargo, demuestran que quedan aspectos por estudiar de la formación de las visiones generalizadas sobre la corrupción. Ello implica encontrar mejores mediciones de algunas de las variables explicativas incluidas en esta entrada. Un primer caso para un nuevo estudio, por ejemplo, sería la mejora en la calidad de los rankings de libertad de prensa por entidad federativa. Si bien los datos del índice de libertad de prensa del Índice de Desarrollo Democrático sirven como referencia y cubren un periodo de tiempo significativo (2010-2018) a nivel de entidad federativa, no queda del todo claro cuáles fueron las ponderaciones para la elaboración de dicho índice. En ese sentido, contar con una mejor aproximación a la exposición a medios libres a nivel subnacional que se ocupan del tema de la corrupción podría revelar de manera más comprensiva cuál es el rol de éstos en la formación de la opinión pública. Lo anterior sería útil no sólo en términos del estudio de la corrupción, sino cómo una evaluación del papel de los medios masivos en la formación de agenda pública en México. Otra ventaja adicional es el hecho de contar con un mayor número de observaciones a partir de posteriores levantamientos de una herramienta tan valiosa como la ENCIG, cuya principal fortaleza para el estudio de la corrupción es que permite contrastar con amplios grados de desagregación dos dimensiones importantes de este fenómeno: las percepciones y las experiencias. En conclusión, el mensaje central es que la “caja negra” de la formación de percepciones de corrupción es una invitación para los interesados en el tema para seguir generando conocimiento a partir de algunos de los hallazgos que se desprenden de este texto.   

Referencias:

  1. Ansolabehere, S., & Iyengar, S. (1997). Going negative: how political advertisement shrink and polarize the electorate. Nueva York [NY]: Free Press.
  2. Flinders, M. (2011). “Daring to be a Daniel: The Pathology of Politicized Accountability in a Monitory Democracy”. En Administration & Society Vol. 3 No. 5, 569-614.
  3. Gibson, E. L. (2005). “Boundary control: Subnational Authoritarianism in democratic countries”. En World Politics 58 (Octubre), 101-132.
  4. Gutiérrez, A. T. (2019). “Ranking internacional corrupto: México hoy”. En Este País No.338 (Junio), 18-22.
  5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (4 levantamientos). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/
  6. Konrad-Adenauer-Stiftung-Instituto Nacional Electoral. Índice de Desarrollo Democrático de México. Disponible en: http://idd-mex.org/2018/ (último acceso 4 de julio de 2019) .
  7. Rousseau, Jean-Jacques (1988). Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia. Madrid: Tecnos.
  8. Sharafutdinova, G. (2010). “What explains corruption perceptions? The dark side of political competition in Russia’s regions”. En Comparative Politics (January), 147-166.
  9. Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Disponible en: https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/
  10. UNODC, PNUD y Centro de Excelencia. (2018). Manual de encuestas de corrupción: . Viena [Au]: UNODC-PNUD.

*El texto es elaborado a título personal y no refleja la posición del Centro de Excelencia, UNODC o de la Organización de las Naciones Unidas respecto a ninguno de los temas tratados.

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El delito se previene en local: Introducción a las Auditorías Locales de Seguridad

Por: Salomé Flores Sierra Franzoni, salome.flores@un.org

Ante el próximo cambio de administración a nivel nacional, vale la pena hacer un recuento de los aciertos, las lecciones aprendidas y los retos que enfrenta el país en materia de seguridad. Hoy más que nunca, el nuevo gobierno podría retomar la prevención del delito como una prioridad, comenzando por hacer una valoración crítica de los programas promovidos en los últimos años para desarrollar nuevas estrategias basadas en las experiencias previas y en las evidencias disponibles para hacerle frente a la violencia, la delincuencia y el crimen organizado.

Es bien sabido que la administración que está por terminar puso un énfasis muy acentuado en las políticas de prevención del delito, las cuáles buscó impulsar a través del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED). La implementación de este programa generó un cambio trascendental al buscar invertir en la prevención y no sólo en acciones de contención y de reacción por parte de las autoridades responsables de la seguridad pública. Sin embargo, para dimensionar su efectividad real, debemos preguntarnos primero desde donde partió este Programa y qué situación buscaba resolver. ¿Cuál era la situación de percepción de inseguridad y de incidencia delictiva al inicio de la administración y cómo fue evolucionando? En este texto se hacen algunas reflexiones al respecto y se introducen la Auditorías Locales de Seguridad llevadas a cabo por la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como una herramienta para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de prevención del delito a nivel local.

Radiografía de la delincuencia en México

 

A continuación, algunos indicadores para contextualizar el estado de las cosas en 2012:

  • Preocupación sobre la inseguridad. El 57% de la población consideró que la inseguridad era uno de los temas que más le preocupaba, a la par con que el 66.6% de la población se sentía insegura o muy insegura en su Estado de residencia[1].
  • Victimización. La tasa de víctimas del delito a nivel nacional era de 27,337 víctimas por cada 100,000 habitantes.

¿Cómo se modificaron estás cifras más adelante?

  • En 2014, cuando se comenzó a implementar el PRONAPRED, el 58% de las mexicanas y mexicanos de 18 años y más, consideraron a la inseguridad y a la delincuencia entre los temas que más les preocupaban, mientras que el 73.2% consideró como inseguro el estado en el que vive.
  • En 2016, esta percepción había aumentado ligeramente, con 61% de la población de 18 años y más, reportando preocupación por estos temas y 74.3% con percepción de inseguridad respecto del estado en el que vive. En este año, la tasa de victimización fue de 28,788 por 100,000 habitantes.

¿Cuáles han sido los principales delitos en estos últimos años?

  • De acuerdo a la misma fuente, el robo o asalto en transporte público continúan siendo los más frecuentes con 9,599 por 100,000 habitantes en 2016;
  • la extorsión con 8,945 por 100,000 habitantes en 2016; y
  • el fraude con 4,656 por 100,000 habitantes en 2016.

Hasta donde tenemos información 3 de cada 10 mexicanos y mexicanas son víctimas del delito cada año; sin embargo, el dato que más preocupa es el alto número de homicidios registrados a nivel nacional durante 2017, que fue de 40,750[2]. Desafortunadamente, esta cifra sigue aumentando y si la tendencia se mantiene, el número de homicidios ocurridos 2018 será el más alto en varias décadas. Se estima que la tasa llegaría a 24 por 100,000 habitantes, aunque habrá que esperar hasta contar con cifras definitivas.

Esta realidad nacional, presenta un semblante distinto a nivel estatal debido a que el fenómeno delictivo se comporta de manera diferenciada de una Entidad Federativa a otra y más aún, municipio por municipio. En primer término, se presenta la prevalencia delictiva por entidad federativa, que como se puede observar presenta niveles distintos entre las entidades con mayor y menor número de víctimas.

Tasa de víctimas de delito por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa 2016

 Tasa de víctimas de delito por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa 2016

 Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. INEGI

Al observar las diferencias entre las tasas de cada una de las Entidades Federativas, se puede resaltar como las cifras a nivel nacional dan cuenta de un progreso o retroceso general en materia de delincuencia y criminalidad, pero las cifras a nivel estatal nos permiten ir desenredando las particularidades dentro de diferentes espacios geográficos. Lo mismo ocurre al estudiar la tasa de incidencia delictiva, con la que podemos observar en qué Entidades ocurre el mayor número de delitos.

Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa 2016

Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa 2016

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. INEGI

Una vez que tenemos nociones claras de la magnitud del problema al que se enfrentan las autoridades, es importante también conocer cuántos de estos delitos son hechos de su conocimiento. En otras palabras, podemos analizar cuántos delitos fueron denunciados ante el Ministerio Público y cuántos de ellos dieron inicio a la integración de una Carpeta de Investigación o Averiguación Previa.

Porcentaje de delitos en donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa/carpeta de investigación, por entidad federativa 2016

Porcentaje de delitos en donde no hubo denuncia

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. INEGI

Tomando en cuenta que todos estos factores influyen en gran medida en la sensación que se genera en la población, se puede analizar la diferencia que existe en la percepción sobre seguridad que permea en cada entidad federativa y la correspondencia o disparidad de esa percepción con respecto a la prevalencia real.

Porcentaje de la población según su percepción de la situación actual de la inseguridad pública, por entidad federativa 2017

Porcentaje de la población según su percepción de la situación actual de la inseguridad pública, por entidad federativa 2017

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. INEGI

Pero revisar los datos anteriores son solo una parte del problema, existen otros datos cuya evolución deberíamos seguir de cerca en el contexto urbano, porque son un termómetro de la gestación de las conductas criminales en lo local.  Estos datos refieren el incremento de conductas antisociales y como un ejemplo de esto, se muestra la siguiente tabla:

Porcentaje de la población que fue testigo de las siguientes conductas en los alrededores de su vivienda, por ciudad de interés 2018

Porcentaje de la población que fue testigo 2

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, marzo 2018. INEGI. El orden de las ciudades corresponde al orden alfabético por entidad federativa.

 

El incremento o descenso en las tasas de victimización y de incidencia delictiva en las entidades federativas y los municipios es un punto de partida obligatorio para monitorear la efectividad de las políticas de seguridad y de prevención del delito. Sin embargo, esto no es suficiente. Revisar los datos del atestiguamiento de conductas antisociales debería ser de mucho más interés al ser una señal de alarma respecto del deterioro de la cohesión social y la convivencia en las comunidades del país. Solo si se toma el pulso de la delincuencia y de sus factores de riesgo a nivel estatal y local se pueden identificar problemáticas que han aumentado y otras que están en periodo de gestación.

¿Cómo entender el delito a nivel local?

En los últimos meses, y como consecuencia de la coyuntura política que atravesamos, las personas, la sociedad civil organizada, los empresarios y la clase política discuten sobre la efectividad de una nueva política de prevención y de la estrategia de seguridad pública; sobre el reto que representa el crimen organizado para ambas; y sobre las capacidades con las que cuentan las instituciones para hacer frente a la violencia desbordada en gran parte del territorio. Se discute sobre la violencia homicida, sobre el robo de combustibles y los robos a ferrocarriles.

El reto de lograr disminuir las tasas delictivas de los delitos tradicionales como el robo a transeúnte, el robo de vehículos, el robo a casas habitación permanece ahí; pero la criminalidad ha evolucionado incluso aprovechando las tecnologías de la información (delitos cibernéticos). El crimen organizado ha ampliado sus actividades ilícitas además de las asociadas al narcotráfico, ahora nos enfrentamos a las señaladas en la oración anterior y a otras de no menos preocupación como el robo de combustible, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Cada una de estas manifestaciones nos dejan muy claro que la delincuencia es un fenómeno vivo y como tal se organiza, se adapta, se reproduce, crece y se desplaza. Y la tarea de contenerla implica su más profunda comprensión, tanto de sus comportamientos, sus causas y de aquellas situaciones que la fomentan o, por el contrario, identificar los que la inhiben. Será prácticamente imposible contener a la delincuencia si no logramos identificar qué barreras y herramientas necesitan implementar las autoridades para hacer más complicado, más arriesgado y menos atractivo para las personas su involucramiento en actividades delictivas.

La prevención y reducción del delito solo puede ser efectiva si parte de un estudio exhaustivo que permita entender las causas que lo generan a nivel individual, familiar, social y ambiental. En México, existen avances importantes en la generación de información estadística a partir de encuestas de victimización, censos de gobierno y registros administrativos; fuentes que potencialmente pueden orientar la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas de seguridad y de prevención, aunque cabe señalar que aún existe un reto importante en cuanto a la calidad de los datos[3]. La mejora sistemática y sistémica de las diferentes fuentes de información estadística sobre los delitos, las víctimas y los agresores es sin duda, un primer paso en la dirección correcta.

Aunque las estadísticas pueden considerarse como parte de la infraestructura básica de las políticas de seguridad y de prevención, no son suficientes. Como se señaló anteriormente, contar con las cifras de la incidencia delictiva a partir de registros administrativos de las policías permite a las autoridades dimensionar el fenómeno que deben atender, además de que les permiten monitorear su comportamiento.  Si bien el número de delitos que son reportados ante las autoridades informan a la sociedad y a las autoridades sobre cuantos delitos ocurren, dónde ocurren y en el mejor de los casos, a quienes le ocurren y en qué horarios, a partir de esta fuente, no se puede conocer el número de delitos que no son reportados a las autoridades y tampoco se pueden conocer las causas de la no denuncia. En suma, sería incorrecto asumir que una sola fuente de información permite entender y analizar el comportamiento de las tasas delictivas, en este sentido, las cifras a partir de registros administrativos deben complementarse con información estadística generada a partir de encuestas de victimización en hogares y en empresas para tener una aproximación más cercana a la realidad de la criminalidad.

Sin embargo, ambas fuentes, los registros administrativos de policía y las encuestas de victimización, tiene ciertas limitaciones para contestar preguntas más específicas sobre:

  • La ubicación geográfica y las características físicas del entorno (no solo la entidad, el municipio o la colonia, sino el punto exacto de ocurrencia el delito, la condición del espacio, la existencia de sitios abandonados o de alumbrado público, entre otros),
  • el contexto en el que ocurrió el delito (el modus operandi de los agresores, los vínculos entre distintos delitos, las relaciones con otros mercados ilícitos o hasta lícitos, entre otros) y
  • el por qué y cómo (qué situaciones u oportunidades influyeron o motivaron al agresor, qué características tenía la víctima que facilitaron la comisión de una conducta delictiva, entre otros).

¿Existe alguna estadística capaz de contestar con precisión a estas interrogantes?

La primer pregunta, el dónde, no la puede contestar la estadística exclusivamente, sino que tiene que echar mano de la geografía. En algunos países, desde el siglo pasado, los departamentos de policía han incorporado geógrafos y expertos en geomática para construir mapas que describan y expliquen el delito. La combinación de ciencias como la estadística y la geografía, permiten, por ejemplo, generar mapas predictivos sobre los patrones del delito a nivel territorial que son un insumo fundamental para el policiamiento por objetivos[4].

Sin embargo, aun contando con los mapas más detallados y las bases de datos más robustas en los cuerpos de policía, existe información que no se adquiere a partir de estas fuentes.  Si ya se cuenta con estás fuentes estadísticas y geográficas primarias existe buena foto de una porción de la criminalidad, pero no se puede explicar cómo ocurren los comportamientos delictivos.

Para entender la criminalidad necesitamos más que fotos. Si asumimos que la criminalidad no es un fenómeno estático sino más bien es un organismo vivo que se adapta y muta de acuerdo a las oportunidades que se le presentan, necesitamos justamente comprender cómo se adapta y por qué se multiplica. Necesitamos entender su contexto e identificar, caracterizar y entender a las personas que se convierten en víctimas y victimarios. Además de identificar el contexto que gesta el comportamiento delictivo y las vulnerabilidades y riesgos de las personas para convertirse en víctimas o victimarios, también es fundamental poder identificar aquellos factores del contexto y a los actores que eventualmente pueden fungir como guardianes o como protectores para inhibir la comisión de delitos.

Los datos estadísticos y geográficos sobre la delincuencia pueden completarse a partir de métodos estructurados de observación con los cuáles es posible recolectar información cualitativa que aporta elementos sobre las dinámicas, características, rutinas y actividades cuya presencia se convierte en un facilitador o inhibidor de conductas delictivas.

En 2002, la Organización de las Naciones Unidas, a través de una Resolución del Consejo Económico y Social publicó una serie de Lineamientos para la prevención del delito que contemplan el diseño de políticas locales de prevención  del delito desarrolladas a partir de diagnósticos locales exhaustivos construidos:

  • Sobre una base de conocimientos científicos y válidos a través de la combinación y análisis de diferentes fuentes de información cuantitativa de calidad y la recolección de información cualitativa estructurada y semi estructurada para entender las dinámicas de la delincuencia y la violencia a mayor profundidad;
  • con un activo involucramiento de la sociedad civil organizada pero también del diálogo con las comunidades en general; y
  • a través de la articulación de otros actores relevantes en la comunidad como los empresarios, la academia, los líderes religiosos y otras figuras respetadas a nivel local.

Existen experiencias exitosas en otros países respecto de las políticas, programas y estrategias de prevención del delito construidas a partir del uso de métodos y esquemas como los propuestos por las Naciones Unidas y que han sido impulsados y reconocidos por otros organismos internacionales como el Banco Mundial, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad y el Foro Europeo de Seguridad Urbana. Estos métodos denominados Auditorías Locales de Seguridad se han aplicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en varias ciudades de  Colombia, por la ONU Hábitat en Sudáfrica y recientemente se han comenzado a llevar a cabo en municipios de México por conducto de la UNODC.

Utilidad de las Auditorías Locales de Seguridad

 

La visión de la prevención del delito sustentada en la combinación de fuentes de información cuantitativa y cualitativa permite desarrollar un entendimiento profundo de las particularidades de la criminalidad a nivel comunitario, además de permitir la identificación e involucramiento de diferentes actores en la construcción corresponsable de la prevención y como resultado de la seguridad. Las auditorías locales de seguridad son una metodología para lograr esta construcción conjunta a través de la construcción de consensos para definir las políticas de prevención del delito y para la integración de un marco de monitoreo que al final, permita evaluar las acciones e intervenciones de las autoridades a través de las distintas fuentes de información referidas a lo largo de estos párrafos.

Resolver el problema de la criminalidad en México, no es tarea de una institución solamente, es fundamental conjuntar esfuerzos para construirla, monitorearla y evaluarla conjuntamente. La UNODC es un aliado para lograrlo.

Bibliografía

INEGI. (2016-2018). Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. ENSU. Resultados. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI. (2011-2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. ENVIPE. Presentación Ejecutiva. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Office for National Statistics. (2013). Guidelines for Measuring Statistical Output Quality. V4

United Nations. (2002). Guidelines for the prevention of crime. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf

United Nations. (2008). Strengthening  prevention of urban crime: an integrated approach
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Resolution_2008-24.pdf

United Nations. (2015). United Nations Fundamental Principles of Official Statistics-Implementation Guidelines. https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf

 

 

 

[1]  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad ENVIPE 2013, 2015 y 2017.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

[2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

[3] Calidad Estadística. Promover la homologación conceptual y la estandarización de procesos de captura, validación, difusión y hasta evaluación de la oportunidad, relevancia y completitud de las distintas fuentes de información que dan cuenta de los delitos a partir de registros administrativos.

[4] Problem-Oriented Policing (POP).

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¿Cómo realizar encuestas de victimización a nivel local?

Por: Luis Raúl Delgado Antonio, raul.delgado@un.org

¿Cuál es la utilidad de la información estadística sobre delincuencia y justicia penal?

Dado los altos índices de violencia y delincuencia en América Latina y el Caribe (UNODC), y en el caso particular de México, es imprescindible contar con información estadística de calidad[1] que permita a los tomadores de decisiones, al igual que a otros actores relevantes, conocer los niveles y tendencias de la delincuencia, así como sus efectos en la sociedad y los costos económicos a causa del delito y con base en esta información, diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas en la materia.

En México existen 3 fuentes principales de información estadística en temas de delincuencia y justicia penal: registros administrativos[2], a partir de las estadísticas policiales, judiciales o penitenciarias, etc.; censos de gobierno[3], los Censos de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Censos de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales, Censos de Procuración de Justicia Estatal, etc.; y encuestas a diferentes poblaciones objetivo, que se enfocan principalmente en recabar información sobre las experiencias de las víctimas del delito, y  generar información sobre el contexto de la victimización delictiva.

Encuestas de victimización

La completitud de la información proporcionada por los registros administrativos es cuestionable, principalmente por la llamada “cifra obscura” del delito, es decir, todos aquellos delitos que no son denunciados a las autoridades y en consecuencia no se ven reflejados en ninguna estadística. Las encuestas de victimización nacen con el objetivo de superar el obstáculo de la “cifra obscura”, para conocer el fenómeno de la victimización delictiva y percepciones de la justicia, estudiando a una parte representativa de la población (muestra representativa[4]), de tal manera que, a partir de ese grupo representativo se obtengan conclusiones sobre la población total con un nivel de confianza conocido.

Contexto global

Las primeras encuestas de victimización se realizaron en las décadas de los 60-70[5] y a medida que estas fueron adoptadas más ampliamente en todo el mundo, fueron susceptibles de ser utilizadas para realizar estudios comparativos sobre delincuencia y victimización a nivel internacional. Sin embargo, las comparaciones resultaban imposibles debido a la disparidad de metodologías utilizadas entre un país y otro, tales como: diferentes cuestionarios, esquema de muestreo, método de entrevista, clasificación de delitos, etc.[6]

Uno de los primeros esfuerzos para mejorar la comparabilidad entre encuestas se da en 1987 en Europa, con el desarrollo de la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV o ICVS por sus siglas en inglés), con un cuestionario en inglés que luego fue traducido a diferentes idiomas, estandarizando al máximo posible la metodología utilizada para la recolección de datos[7]. Inicialmente fue levantada en 14 países, posteriormente con la participación del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI[8] por sus siglas en inglés) y UNODC, la encuesta se expandió a otros países, de Europa del este, África y Latinoamérica.

En 2004, la UNODC comienza a documentar las mejores prácticas a nivel internacional en la medición de la victimización delictiva a través de encuestas; en 2010, genera junto con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), el Manual para Encuestas de Victimización, el cual ofrece un conjunto mínimo de temas clave, sugeridos para diseñar e implementar encuestas de victimización dirigidas a hogares y personas, así como ilustrar el tipo de metodologías disponibles, incluyendo ventajas y desventajas de los distintos métodos. Esta información ayuda a tomar decisiones bien fundamentadas, que se ajusten a las circunstancias particulares de aquellos interesados en implementar encuestas de este tipo por primera vez.

En 2010, la Comisión Estadística de Naciones Unidas (UNSC) en su 41° periodo de sesiones, entre otros aspectos, pidió una participación más activa de las Oficinas Nacionales de Estadística en lo que respecta a estadísticas de delito y la aplicación de instrumentos sobre victimización[9]. En febrero de 2012, la Comisión solicitó a México por conducto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), valorar la situación de las estadísticas de delincuencia a nivel internacional[10]. En diciembre del mismo año, ambos organismos presentaron ante la UNSC y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), la Hoja de ruta para el mejoramiento de las estadísticas de delincuencia a nivel nacional e internacional, la cual fue aprobada en 2013 por ambas Comisiones. La Hoja de ruta propone mejorar la calidad y disponibilidad de estadísticas de delincuencia a través de una serie de objetivos y medidas, que deberán aplicarse de manera gradual y coordinada en los próximos 10 años[11].

Región Latinoamérica y el Caribe

Las encuestas de victimización en América Latina y el Caribe tomaron importancia después de que la ENICRIV se tradujera al español, no obstante, aunque los países estaban interesados en realizar este tipo de estudios, su desarrollo en la región ha sido limitado. La disponibilidad de recursos, la disparidad y deficiente rigor metodológico siguen representando un gran desafío, tal es así, que actualmente solo existen 8 países en América Latina que han llevado a cabo encuestas de victimización de manera institucional: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay[12].

Ante este panorama, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, desde el 2010 a través del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia[13], proyecto de cooperación técnica entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contribuye al mejoramiento de estadísticas de delincuencia y justicia penal en la región de Latinoamérica y el Caribe, y el cumplimiento de los objetivos de la Hoja de ruta para el mejoramiento de las estadísticas de delincuencia a nivel nacional e internacional.       

El Centro de Excelencia, entre otras iniciativas, ha impulsado con éxito la Iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC), para lo cual integró un Grupo de Trabajo[14], con el objetivo de desarrollar una metodología y cuestionario homologado estandarizado que sirva como referencia para la medición confiable y comparable sobre experiencias de victimización delictiva, percepción de seguridad y apreciación respecto al sistema de justicia penal. Basándose en los principios establecidos en el Manual para Encuestas de Victimización de UNODC, e integrando otros lineamientos metodológicos internacionales para la recopilación de información y reporte de resultados estadísticos, tal como las descripciones conductuales de delitos de la Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos[15] (ICCS por sus siglas en ingles), el monitoreo de 4 indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16[16], buenas prácticas reconocidas internacionalmente y experiencias en la implementación de la Iniciativa en los países de la región.

México: una buena práctica en la medición de la victimización delictiva a través de encuestas de victimización

En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[17] recibió la solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Pública de proporcionar datos para generar indicadores de percepción, victimización y desempeño institucional del Sistema de Evaluación aprobado por la Comisión Permanente de Información, para aportar datos que fueran de utilidad para la toma de decisiones de política pública, asimismo, en la sesión XXVIII del mismo consejo, se le solicitó al INEGI llevar a cabo una Encuesta de Inseguridad en las 32 entidades federativas de país, que proporcionara indicadores con los que se medirían avances de las políticas de seguridad pública en el país[18]. En respuesta a esta solicitud, en 2011 el INEGI levanta por primera vez la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En ese mismo año el Diario Oficial de la Federación declaró a la encuesta como información de interés nacional, desde entonces se ha levantado anualmente en 7 ocasiones hasta 2018.

Es importante destacar que, el diseño conceptual y estadístico de la encuesta contó con el apoyo técnico y recomendaciones de UNODC, es por ello que, desde sus inicios se ha considerado como una buena práctica internacional en la medición de la victimización delictiva, asimismo se trata de la segunda encuesta de victimización institucionalizada en América Latina y el Caribe.

El propósito de la encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva y la delincuencia, denuncia del delito, características de las víctimas del delito, características de los delitos y daños causados, así como la percepción de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, etc., en los últimos doce meses. Con el fin de proveer información a los tomadores de decisiones y al público en general para la toma de decisiones de política en estas materias.

 

Medición de la victimización delictiva a nivel local a través de encuestas de victimización

En ocasiones, los niveles de victimización delictiva y de percepción de seguridad a nivel local pueden presentar diferencias respecto a las estimaciones nacionales, para dimensionar de mejor manera la situación de delincuencia que sucede a niveles más desagregados, idealmente se tendrían que implementar encuestas de victimización locales.

Dada esta necesidad, algunas Oficinas Nacionales de Estadística generan información a nivel local, por ejemplo, la ENVIPE de México, la cual genera estimaciones para 37 ciudades y áreas metropolitanas de interés.

¿Por qué es posible realizar estimaciones en áreas urbanas y no rurales o de otro tipo?

Porque el entorno urbano es un lugar en donde se concentra una mayor cantidad de población, que se traduce en una buena concentración de muestra, se trata de zonas en donde se realizan actividades comerciales y rutinarias, por ello la incidencia delictiva es más frecuente, de manera que, aumentan las probabilidades de captar la variable de interés con un nivel de confianza adecuado para realizar cálculos de prevalencia delictiva, incidencia delictiva y cifra obscura.

Entonces, ¿por qué no se realizan estimaciones a nivel municipal o de colonia?

No se llega a nivel municipal o de colonia, principalmente por los altos costos económicos que implican un levantamiento que permita hacer inferencias con representatividad y calidad estadística adecuada, esto es, si a nivel de municipio o de colonia la incidencia delictiva es poco frecuente, con el objetivo de captar la variable de interés sería necesario llegar a una gran cantidad de informantes, tanto, que se tendría que censar a todas las personas que residen en el lugar.

Es por ello que, frente a esta situación, algunos institutos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, etc., llevan a cabo encuestas de victimización locales, no obstante, una particularidad que comparten este tipo de estudios es que presentan deficiencias considerables en su diseño conceptual y estadístico, por ejemplo:

  • Los objetivos no son claros o son ambiguos;
  • No incluyen indicadores;
  • Utilizan términos legales en vez de descripciones de los delitos que se investigan;
  • No se diferencia entre delitos al hogar y a la persona
  • Indagan por temáticas diversas que no necesariamente tienen que ver con victimización delictiva, como uso de TICs, ocupación de niños, niñas y/o adolescentes, situación laboral de las mujeres, etc.;
  • No se especifica la población objeto de estudio;
  • No se establecen periodos de referencia;
  • Carecen de un diseño muestral;
  • Carecen de transparencia en la publicación de resultados, es decir, no se ponen a disposición del público las bases de datos, tabulados, ni documentos técnicos como marco conceptual, metodología utilizada, cuestionarios, etc.,
  • Generalmente se elaboran presentaciones de resultados y/o informes, los cuales no incluyen especificaciones técnicas de la encuesta;
  • Algunos resultados son incorrectos;
  • Los resultados se presentan a nivel muestral, es decir, se describe algunas situaciones de los sujetos que formaron parte del estudio y no de la población de la que fueron elegidos; etc.

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos de calidad, internacionalmente establecidos para realizar encuestas locales de victimización?

Además de los criterios establecidos en el Manual para Encuestas de Victimización de UNODC, en los últimos 5 años, el Grupo de Trabajo de la Iniciativa VICLAC, ha discutido y aprobado los aspectos metodológicos que deben tomarse en cuenta para desarrollar encuestas de victimización que arrojen resultados de calidad:

  • ¿Cuáles deben ser los objetivos de la encuesta?

Recopilar información que permita:

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  • estimar el número de víctimas (prevalencia delictiva);
  • estimar el número de delitos (incidencia delictiva);
  • estimar la cifra obscura de los delitos y las causas de la no denuncia;
  • medir la valoración de los habitantes sobre su seguridad;
  • medir el grado de confianza y la opinión sobre el desempeño de las instituciones de seguridad pública y justicia penal;
  • estimar los costos del delito.

 

  • ¿Qué método de recolección de datos debe utilizarse?interview

Entrevista cara a cara apoyada de un dispositivo electrónico (técnica CAPI). Esta técnica se recomienda puesto que reduce el error de imputación en el levantamiento ya que aplica pautas de validación y consistencia de forma automática, evita la pérdida de información al poder respaldar con frecuencia, reduce el costo de personal posterior al levantamiento y de material impreso, permite el uso de cuestionarios más largos y complejos, garantiza la confidencialidad de la información.

  • ¿Qué diseño debe tener el cuestionario?

sketchAsincrónico (en dos fases).

¿Por qué utilizar un cuestionario en 2 fases?

Dos fases, se refiere al método internacionalmente recomendado para que las encuestas de victimización puedan filtrar delitos. Generalmente hay dos métodos: proceso de una fase y proceso de dos fases. En el proceso de una fase la pregunta para filtrar delitos también se utiliza para clasificar los tipos de delitos, mientras que, en el proceso de dos fases, las preguntas filtro son utilizadas para comenzar el reporte del incidente, el cual obtiene información detallada sobre el delito identificado en la investigación Estudios metodológicos han demostrado que el proceso de dos fases reduce el grado de error en la clasificación de los delitos, ayuda a eliminar errores causados por la falta de conocimiento de los encuestados con respecto a la definición de los delitos, también ayuda a que el informante encuadre su experiencia de victimización de forma rápida y concisa en un “sí” o un “no”; evita cansar al informante; indaga por todos y cada uno de los delitos que haya indicado el informante sin que éste pueda retractarse o no decida continuar; facilita al encuestador su implementación, entre otros.

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  • ¿Qué marco muestral es el más adecuado?

Actualizado, que sea una representación lo más exacta de la población objetivo.

 

  • ¿Qué diseño de muestreo debe adoptarse?

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Probabilístico. A partir de un método de muestreo aleatorio, multietápico y estratificado, para lograr una muestra representativa en términos de edad, sexo, área geográfica, etc., que permita obtener resultados con calidad estadística adecuada, es decir que, a partir de una muestra representativa, los resultados permitan asumir que la población total comparte las mismas características con un nivel de confianza conocido.

 

 

  • ¿Quién o quienes deben ser los elementos de análisis o de observación?

Un hogar e informante seleccionado de manera aleatoria.

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“Hogar” y “pertenencia a un hogar” no es lo mismo que pertenencia a una familia o a una vivienda. Dentro de una vivienda pueden coexistir personas que no necesariamente estarán unidos por lazos sanguíneos o de parentesco, pero que sí pueden compartir un mismo gasto, es decir, que los ingresos generados entre ellos son utilizados para su subsistencia, por lo que son clasificados como hogares, una persona sola también formar un hogar. En las encuestas de victimización se utilizan a las viviendas como unidad de muestreo ya que no existe una lista de los individuos y hogares, mientras que los hogares y las personas residentes de los hogares, son los elementos de los que se extrae la información.

¿Se deben entrevistar a todos los hogares?

Dentro de una vivienda pueden coexistir varios hogares, entrevistar a todos los hogares, o elegir aleatoriamente a uno son válidos, sin embargo, ambas estrategias traen consigo implicaciones que deben ser consideradas al momento de garantizar la precisión de las estimaciones. La recomendación internacional bajo un modelo probabilístico es seleccionar un hogar de manera aleatoria, esto implica que todos los hogares tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio, de esta manera disminuye los efectos de conglomeración, implica un mayor número de viviendas, mayor dispersión, mejor muestreo.

¿Se deben entrevistar a todas las personas objeto de estudio?

Una vez seleccionado un hogar de manera aleatoria, el siguiente paso es decidir quién será entrevistado en el hogar, algunas opciones son entrevistar a todos los miembros del hogar, entrevistar a todos los miembros del hogar dentro de cierto rango de edad, entrevistar a los miembros del hogar con características demográficas específicas o entrevistar a una sola persona del hogar.

La recomendación internacional es entrevistar a una persona seleccionada de manera aleatoria, de 18 años y más, residente habitual de la vivienda. Entrevistar a una persona por hogar disminuye los efectos de conglomeración, mejora la precisión de la información, es menos costoso, evita la duplicación de la información provista por más de un encuestado, disminuye el tiempo de entrevista, etc.

¿Por qué no incluir menores de edad?

plus-18-moviePorque este grupo etario quedará fuera del espectro de ciertos delitos como fraude de tarjeta bancaria, soborno, etc., otro punto a tomar en cuenta es que puede ser necesario obtener el permiso o acompañamiento de los padres o tutores, adaptar el texto de las preguntas a un público infantil, etc., por lo que, la recomendación internacional es implementar una encuesta ad hoc para medir victimización delictiva en sub grupos poblacionales específicos.

  • ¿Cómo superar los problemas de memoria de los informantes?

 

 

 

 

 

 

astronomerPara reducir el potencial sesgo asociado con la capacidad de las personas para recordar los incidentes de victimización de los que fueron víctimas (efecto telescopio[19]), el diseño del cuestionario debe integrar estrategias para ayudar al informante a recordar con precisión los hechos ocurridos el marco temporal de investigación. Por ejemplo, Preguntas filtro que indaguen por los delitos acontecidos en los últimos 3 años para posicionar al informante en el tiempo y que descargue emocionalmente, posteriormente indagar solo por los delitos ocurridos en los últimos 12 meses.

  • ¿Cómo debe definirse un delito?

ICCSLos términos usados en las preguntas que determinan si los informantes fueron víctimas del delito deben elaborarse de manera que sean comprensibles. Se recomienda evitar el uso de lenguaje jurídico ya que la mayoría de las personas no están familiarizada con el significado exacto de los términos legales, términos como “hurto”, “fraude”, “estafa”, etc., pueden contar con distintas percepciones. Como norma estadística internacional para la reunión de datos se recomienda utilizar las descripciones conductuales de los delitos establecidas en la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS por sus siglas en inglés), ya que se basa en la descripción de los actos delictivos, es decir, en descripciones de los comportamientos que constituyen delitos, no en disposiciones o términos legales, de esta manera facilita el reporte de información, su posterior análisis, la comparabilidad a través del tiempo, la consistencia y la coherencia de los datos con otras estadísticas delictivas.

  • ¿Qué marco temporal para el reporte de los delitos experimentados debe utilizarse?calendar-page-on-day-twelve

Todas las encuestas de victimización deben definir un marco temporal dentro del cual se recojan los delitos experimentados por la población objeto de estudio, el cual debe ser lo más cercano a la fecha de la entrevista para reducir los errores de memoria. Se recomienda establecer un periodo del último año, ya que está mejor definido en la mente de los informantes, cuando las entrevistas se lleven a cabo en el primer trimestre del año. Es recomendable utilizar el enfoque del año natural anterior, en caso contrario, se recomienda usar el enfoque de los últimos doce (12) meses, pero sin contar el mes de la entrevista y especificando tanto el año como los meses de los que se trata (por ejemplo, Últimos doce meses, es decir entre julio de 2015 a junio de 2016. Este periodo fue utilizado en el levantamiento de la ENVI de Panamá en julio de 2016).

  • ¿Cuántos incidentes se deben caracterizar en una encuesta?

fingerprintSe recomienda caracterizar al menos los últimos tres incidentes de cada delito sufrido, comenzando por el más reciente, para obtener una medición más precisa del comportamiento de la cifra obscura y el modus operandi del delito (dónde, cómo, con qué). Ya que en campo se ha demostrado que indagar al menos los últimos 3 delitos más recientes (la ENVIPE de México mide hasta los últimos 5 incidentes de cada delito), permite recopilar hasta el 95% de los delitos sufridos por los informantes en los últimos doce meses. Esta práctica representa un mayor número de observaciones por cada tipo delictivo, que se traduce en estimaciones más precisas.

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  • ¿Qué perfil deben tener los encuestadores?

Los encuestadores deben ser personas calificadas, hábiles y motivadas. Un encuestador calificado es aquel que puede cumplir con los siguientes elementos:

  • Motivación personal para elegir el empleo de entrevistador;
  • Inflexión en la expresión, tono y cadencia de voz;
  • Capacidad para comprender el tema de la encuesta;
  • Conocimiento de las emociones relacionadas con las situaciones problemáticas y las dificultades que pueden derivarse al realizar una entrevista sobre violencia, y las estrategias propias del posible entrevistador para controlar dichas emociones;
  • Disponibilidad para participar en la capacitación activa, incluyendo desempeño de funciones, discusiones y grupos de cooperación;
  • Consideraciones de la presencia de cualquier estereotipo o prejuicio relacionado con las víctimas;
  • Debido a la complejidad de los cuestionarios de victimización se recomienda que tengan más que un nivel de educación básica, algunos perfiles profesionales recomendados incluyen, pero no se limitan a antropólogos, criminólogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, aquellos involucrados en la asistencia a menores, ancianos, discapacitados, etc.;
  • Es preferible que estén familiarizados con las computadoras, tenga habilidades técnicas para la informática;

Conocimientos básicos de la técnica de entrevista a ser utilizada, habilidades para asegurar las entrevistas, relacionarse con los informantes, etc.

Los encuestadores representan la conexión entre el ente responsable de la encuesta y los encuestados, por lo tanto, es imperativo que, a través de una buena capacitación, el encuestador desarrolle atributos y capacidades que lo identifiquen como tal. La capacitación debe incluir conocimientos teóricos y prácticos que permitan al entrevistador tener dominio de los temas que se abordan en la encuesta, conocer el cuestionario, entender la importancia de su papel como entrevistador y entrevistar a las personas indicadas para obtener la información requerida, de acuerdo con las normas, procedimientos e instrucciones establecidas.

  • ¿Qué estándares para la difusión de datos deben tomarse en cuenta?

news-reporterEl medio, el modo de publicación y en general la estrategia completa de publicación, debe conseguir el equilibrio entre calidad y profundidad para que los datos sean relevantes y útiles para los usuarios.

Las nuevas tecnologías proporcionan más opciones para conseguir acceso a los datos y para utilizarlos, la demanda de información va en aumento, no es suficiente publicar los datos y esperar a que llegue a las personas,  por lo tanto, el papel de los responsables de las encuestas debe extenderse más allá de la publicación de datos, conlleva comunicar la información a una audiencia lo más amplia posible, apoyar a los usuarios de datos para conseguir acceso, interpretar y utilizar la información.

Una comunicación efectiva incluye:

  • Identificar el público objetivo y hacer un esfuerzo para entender sus necesidades;
  • Preparar un análisis que sea objetivo, independiente, no sesgado;
  • Entender:
    • Las metas de la encuesta
    • Cómo fueron recopilados los datos y cómo deben interpretarse
    • Asuntos relacionados con la victimización delictiva del área que se está estudiando
    • Proteger la confidencialidad de los informantes en todo momento;
  • Los datos deben estar disponibles para el público, deben ser de fácil acceso y con formatos que permitan su análisis.

Mientras que, algunas opciones cuando se trata de divulgar estadísticas incluyen:

  • Publicaciones impresas – reportes, folletos, hojas de datos, etc.;
  • Bases de datos – publicadas online o distribuidas vía USB;
  • Productos electrónicos – página web, hojas de cálculo, PDFs, video, etc.;
  • Servicios – línea directa de asistencia, biblioteca.

 

  • ¿Cuántas veces debe levantarse la información de las encuestas de victimización?event-date-and-time-symbol

El número de veces que una encuesta debe llevarse a cabo depende del tipo de datos requeridos y de los recursos disponibles. No obstante, en el caso de la medición de la victimización delictiva es importante generar datos de manera periódica, en otras palabras, es necesario levantar la encuesta en más de una ocasión para crear una serie histórica de información, ya sea semestral, anual o bianualmente, ya que la comparabilidad histórica es un componente clave para observar el comportamiento de los fenómenos que se investigan a través del tiempo e identificar posibles tendencias que permitan adelantarse a su control y prevención o tendencias a la baja para analizar aquellas variables que posiblemente están teniendo un efecto en su disminución.

La mayoría de las encuestas de victimización de la región se levantan de manera anual, está periodicidad de datos permite producir indicadores que den oportunidad de generar política pública que atienda áreas de oportunidad, apoyar procesos de evaluación gubernamentales y fortalecerlos a corto plazo.

La encuesta que presenta la serie de tiempo más larga en la región es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de Chile levantada anualmente por el Ministerio de Interior de Chile en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2003 hasta 2016, seguida de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de México, levantada anualmente por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, desde el 2011 al 2017.

Una encuesta que integre en su diseño las características antes mencionadas generará información estadística de calidad que de sustento a la elaboración de políticas públicas basadas en evidencias sólidas.

 

Reflexiones finales

Las encuestas de victimización son una herramienta de investigación estadística reconocida internacionalmente, ya que aportan información que permite estimar[20] de manera precisa los niveles de victimización y delincuencia que suceden en un lugar y tiempo determinado.

La información generada por las encuestas de victimización es complementaria de los registros administrativos, permitiendo realizar análisis integrales sobre el fenómeno criminal, que respalden la toma de decisiones para su prevención, desde un enfoque científico.

Es importante señalar que, solo aquellas encuestas de victimización que incorporan en su diseño los estándares de calidad internacionalmente recomendados para llevar a cabo este tipo de estudios, proveerán información que pueda ser aprovechada para los fines que persiguen, de lo contrario, los resultados podrían dar una idea sobre la delincuencia que sucede en un lugar y tiempo determinado, que no corresponda a la realidad.

Cuando se trabaja con encuestas por muestreo lo que se busca es obtener resultados que pueden generalizarse a toda una población estudiando solo una parte de ella, para lograrlo es necesario tomar una muestra probabilística por medio de un diseño muestral. Una encuesta que carece de diseño muestral o que utiliza una muestra no probabilística, solo podrá hacer afirmaciones acerca del grupo de personas que forman parte de ella y no acerca de la población de la que fueron elegidos.

Algunas recomendaciones para llevar a cabo encuestas locales de victimización tienen que ver con la integración de los estándares internacionales de calidad para encuestas de victimización en su diseño; que sea una encuesta enfocada en medir victimización delictiva, percepciones sobre seguridad pública y percepciones sobre el sistema de justicia; crear series históricas de datos; que las metodologías utilizadas permitan la comparación de resultados con otras encuestas; buscar el apoyo económico de la encuesta, lo suficiente para llevar a cabo una implementación con calidad estadística; etc.; no obstante, todo lo anterior será en vano si la encuesta no trabaja con una muestra probabilística por medio de un diseño muestral adecuado.

Frecuentemente, las encuestas locales de victimización realizadas por institutos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, etc., carecen de un diseño muestral adecuado, se trata entonces, de estudios que representan un gasto considerable de recursos, que no miden de manera exhaustiva los fenómenos de interés. Por tal motivo, los resultados no pueden ser utilizados para monitorear de manera eficaz las políticas públicas que buscan el bienestar de la población al disminuir la delincuencia.

 

Referencias  

[1] Información estadística obtenida a partir de procesos con rigor metodológico y el apego a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas

[2] Se trata de datos sobre hechos, eventos, sucesos o acciones que recaba una oficina del sector público como parte de sus funciones. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012) Disponible en https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2014_INEGI_Glosario_estadistica_basica.pdf

[3] Los Censos son estudios estadísticos realizado sobre el conjunto completo de objetos de observación que pertenecen a una población o universo determinado. Los Censos de Gobierno recaban información estadística que permita conocer la situación de las instituciones públicas que conforman a los Estados en todos los ámbitos (Federal, Estatal, Municipal y/o Delegacional) y sus respectivos poderes en su función de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.  En particular se recopila información sobre la cantidad de instituciones, recursos organizacionales y su distribución, ejercicio de sus funciones específicas, trámites y servicios. Información que es útil para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en estas materias Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Censos de Gobierno. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/censos/SCG_13.asp?s=est&c=1442#top

[4] Cuando decimos que una muestra es representativa indicamos que reúne aproximadamente las características de la población que son importantes para la investigación.

[5] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). (2010). Manual para encuestas de victimización. Ginebra, Suiza.

[6] Van Dijk, J.J.M., van Kesteren, J.N. & Smit, P. (2008). Criminal Victimization in International Perspective, Key findings from the 2004‐2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Boom Legal Publishers.

[7] Aebi, M. F. & Linde A. (2010). Las encuestas de victimización en Europa: Evolución histórica y situación actual. Derecho Penal y Criminología, 3(3). 211-298.

[8] The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigación, capacitación e información acerca del combate a la delincuencia y la administración de justicia.

[9] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito relativo a las estadísticas de las drogas, el uso de drogas y el delito. 2009, E/CN.3/2010/19. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/2010-19-Drugs&DrugUseStats-S.pdf

[10] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Informe sobre el 43° periodo de sesiones de la Comisión de Estadística. 2012, E/CN.3/2012/34. Disponible en: http://undocs.org/es/E/CN.3/2012/34

[11] Para mejorar las estadísticas de delincuencia en base al desarrollo de tres aspectos fundamentales: desarrollo metodológico, mejorar las capacidades técnicas, mejorar la recolección y difusión de datos.

[12] El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile, con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) desde el 2003; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) desde 2011; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, con la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) desde el 2012; Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá, con la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana (ENVI) en 2017; el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, con la Encuesta Nacional de Victimización (ENV) en 2017; el Instituto Nacional de Estadística de (INE) de Uruguay con la Encuesta Nacional de Victimización (ENV) cuyos resultados se espera sean publicados en 2018; el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú con la Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización (ENEVIC) y el Ministerio de Gobernación en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) Guatemala con la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (ENPEVI) cuyos resultados se espera sean publicados a partir del segundo semestre de 2018.

[13] Creado en 2011, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de los países en la generación, desarrollo y homologación de información estadística de delitos y justicia penal, de acuerdo con proyectos, iniciativas y mandatos internacionales, con el propósito de generar mejores datos que contribuyan al diseño de políticas públicas basadas en información de calidad y a la toma de decisiones que atiendan problemas relacionados con la delincuencia.

[14] Liderado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y el Centro de Excelencia fungiendo como secretariado técnico, cuenta con el apoyo de 3 organismos internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA); y once países de la región, a saber: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

[15] La Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, se trata de un marco metodológico que permite agrupar y organizar todas las conductas delictivas de manera significativa y sistemática, basándose en la descripción de los actos delictivos, es decir, en comportamientos, no en disposiciones o términos legales, de esta manera es posible construir un marco estadístico integral sobre todos los delitos  penales, facilitando su análisis, la comparabilidad a través del tiempo y mejorar la consistencia y la coherencia de los datos entre los países.

[16] 16.1.3. Proporción de la población cometida a violencia física, psicológica o sexual en los 12 meses anteriores. 16.1.4. Proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde vive. 16.3.1. Proporción de las víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que notificaron su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente. 16.5.1. Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores.

[17] El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, es el organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características del país y ayudar a la toma de decisiones. http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html

[18] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Marco Conceptual. México: INEGI. Recuperado de  http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825096625.pdf

[19] El Manual para Encuestas de Victimización de UNODC define el efecto telescopio como un fenómeno por el cual los encuestados tienden a cambiar el recuerdo del tiempo en que los incidentes ocurrieron, moviendo los eventos de forma errónea dentro o fuera del periodo de referencia o recordando erróneamente la fecha exacta en la que sucedió un evento. El telescopio es un tema importante en las encuestas de victimización ya que depende de la capacidad de las personas para recordar victimizaciones pasadas, puesto que, entre mayor sea el periodo transcurrido, menos probable será que el incidente sea recordado con exactitud, afectando la precisión de las estadísticas.

[20] Estimación se refiere a la inferencia sobre el valor numérico de valores de población desconocidos a partir de datos incompletos, como una muestra. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007). Glossary of Statistical Terms.

 

 

Bibliografía

Aebi, M. F. & Linde A. (2010). Las encuestas de victimización en Europa: Evolución histórica y situación actual. Derecho Penal y Criminología, 3(3). 211-298.

Centro de Excelencia para información estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Recuperado de https://www.unodc.org/

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Recuperado de https://www.indec.gob.ar/

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Vilalta, C. (2017). Información para la prevención del delito y la violencia. Banco Interamericano de Desarrollo.

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Importancia de la Calidad Estadística en la medición del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16

Por: Teresa Navarrete, teresa.navarrete@unodc.org

Ante una Agenda de Desarrollo Sostenible, que busca a través de sus 17 objetivos mejorar la calidad de vida para las futuras generaciones, resulta indispensable contar con estándares de calidad para monitorear el grado de avance de los países en relación con cada objetivo. Los objetivos se centran en esferas clave para consolidar el progreso y prosperidad a nivel local, nacional y mundial, las cuales se encuentran interrelacionadas y requieren de la colaboración de diversos actores: los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general.

Con base en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), para el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se consideró importante incluir nuevas dimensiones como la desigualdad económica, el cambio climático, el consumo sostenible, la paz y la justicia. Específicamente, el Objetivo 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” cobra vital importancia, ya que los altos niveles de violencia, percepción de inseguridad, incremento en la incidencia delictiva, o el flujo de armas ilícitas son, entre otros, agravios contra la paz, la estabilidad y la calidad de vida, pues impiden  el desarrollo de las sociedades, influyendo en la ruptura del tejido social.

Para lograr un monitoreo efectivo, es necesario contar con información estadística de calidad. Es decir, información oficial, confiable, con el mayor grado de desagregación posible (nivel local), que permita una comparabilidad histórica y una comparabilidad entre países. Contar con información de calidad, permitiría a los tomadores de decisiones generar políticas públicas efectivas basadas en evidencias, tomando en cuenta las características particulares y el contexto de la sociedad. A su vez, contar con información estadística de fácil acceso para todo aquel que lo requiera, fomentaría su uso, incrementando la confianza de la ciudadanía en la información, ya sea basada en registros administrativos, encuestas estadísticas o censos, y su vez, implicaría también un incremento en la confianza que los usuarios tienen en las instituciones generadoras de la información.

¿Por qué es importante la Calidad en la información estadística?

La información estadística ha adquirido una gran trascendencia para el estudio del comportamiento humano y los fenómenos sociales. Actualmente un sinfín de actores, desde diversos sectores y niveles de participación se encuentran desarrollando información estadística de acuerdo a sus necesidades e intereses. Entre otros, pueden mencionarse las instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales, academias, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas, que a su vez, son también usuarias de la información estadística. Sin embargo, el uso indiferenciado de metodologías, la corta temporalidad de los estudios, la pérdida de una línea histórica, la falta de información oficial, así como el frágil rigor metodológico, impide que dicha información estadística sea considerada como una fuente confiable. Aunque esto no demerita el esfuerzo de los diversos actores, el aprovechamiento de su información podría ser mayor, si se contase con un proceso metodológico y con los Principios de calidad ya establecidos internacionalmente.

A 22 años de la adopción de los diez Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (1994), éstos siguen teniendo la misma importancia, sin embargo, han sido pocos los esfuerzos por parte de los países para aplicar dichos Principios en la generación de información estadística oficial y en la generación de mecanismos de certificación de la calidad estadística. En la cuadragésima segunda sesión de la Comisión Estadística en 2011,  los Principios fueron retomados para la revisión de su preámbulo y en la cuadragésima cuarta sesión en 2013,  dicho preámbulo fue aprobado y se recomendó al Consejo Económico y Social adoptar los Principios de Calidad. Para 2014, en la sexagésima octava sesión de la Asamblea General, se aprobó la versión más reciente de los Principios Fundamentales con la participación de casi 40 países y se realizaron esfuerzos para la creación de una Guía de implementación práctica.

En 2005, la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), con base en los Principios de las Naciones Unidas, estableció su Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, el cual se conforma por 15 principios de calidad divididos en las secciones de 1) entorno institucional, 2) proceso estadístico y 3) producción estadística. A partir de 2007, la Conferencia Estadística de las Américas (CEPAL), inicio esfuerzos para el desarrollo del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en América Latina y el Caribe, el cual contiene 17 principios y 84 criterios de cumplimiento agrupados también en 3 secciones: 1) entorno institucional y coordinación, 2) proceso estadístico y 3) producción estadística. Para ello, se contó con un grupo de trabajo conformado por México, Panamá, Paraguay y la coordinación de Colombia.

En 2010, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, impulsó la elaboración de la Matriz Genérica del Marco Nacional[1] (National Quality Assurance Frameworks, NQAF) y las directrices para dicha herramienta, con el objetivo de que fuera utilizada como una estructura general para que los países pudieran formular y operacionalizar sus propios marcos nacionales e incluso mejorar los existentes.

También existen esfuerzos importantes como el Marco de Evaluación de la Calidad de los Datos del Fondo Monetario Internacional (MECAD, 2003), el Código de Prácticas Estadísticas de Reino Unido (2009), el Marco del Sistema Estadístico Nacional de Sudáfrica (2010), los Códigos de Buenas Prácticas de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y México. Algunos países cuentan incluso con Sistemas de Certificación de Calidad Estadística, desarrollados por sus propios Sistemas Nacionales de Estadística. Todos estos esfuerzos, parten de los Principios establecidos por las Naciones Unidas, aunque han sido modificados de acuerdo a sus necesidades. En la siguiente tabla se puede apreciar parte de los ejercicios mencionados.

Tabla 1. Principios de Calidad Estadística de las Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales y países que basan sus Códigos de Buenas Prácticas Estadísticas en éstos *

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* Elaboración propia. Con base en los Principios Fundamentales de Calidad Estadística de las Naciones Unidas y de los Códigos de Buenas Prácticas Estadísticas de los organismos internacionales y países mencionados.

De cara a los principios que se han adoptado, pueden apreciarse algunas similitudes tales como aquellas que  aseguran la independencia, calidad, credibilidad y utilidad de las estadísticas oficiales. El caso de Sudáfrica por ejemplo, evalúa y certifica estadísticas elaboradas por el gobierno, órganos del Estado en todos sus niveles y en algunos casos, estadísticas de instituciones no gubernamentales. Para cada principio corresponde un listado de indicadores de calidad estadística, en donde los usuarios, -internos o externos- de la información cobran una gran importancia. Las operaciones estadísticas deben ser públicas y de fácil acceso para sus usuarios, cuidando el rigor metodológico que requieren sus procesos y productos, y brindando así un panorama de la situación que atraviesan los países.

Principios Fundamentales de Calidad Estadística de las Naciones Unidas y sus respectivos indicadores de calidad *

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* Elaboración propia, con base en los Principios Fundamentales de Calidad Estadística de las Naciones Unidas. 

La versión más reciente de la Guía de implementación de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (2015), habla del compromiso de la División de Estadística de las Naciones Unidas para que los Principios se conviertan en una realidad mundial, que aseguren  información fiable y sostenible para la toma de decisiones. Además, puntualiza la visibilidad e importancia que los datos estadísticos han adquirido, sobre todo los que tienen que ver con la “revolución de los datos” “(data revolution)” y el denominado “big data” para la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Certificaciones de Calidad Estadística

Por mandato legal, los Sistemas Nacionales de Información Estadística, son los entes encargados de regular la captación, procesamiento y publicación de las estadísticas oficiales de cada país, las cuales deben basarse en un interés común y contar con cierta periodicidad para su generación, procesamiento, análisis y difusión.

Para la correcta implementación de los Principios de Calidad, además de los diversos Códigos de buenas prácticas estadísticas, también se han desarrollado Sistemas de Certificación de Calidad Estadística para cada fuente de información (registros administrativos, encuestas estadísticas y censos). Para llevar a cabo Certificaciones de Calidad, los Sistemas Nacionales de Información Estadística lideran el proceso, convocando a expertos independientes para que evalúen los procedimientos y productos estadísticos de las entidades generadoras, por lo que las entidades deben contar con un registro de evidencias que soporte documentalmente el cumplimiento de cada requisito de calidad.

Los expertos independientes evalúan el proceso, metodología, producción y recursos informáticos de la operación estadística. Se encargan de validar la evidencia presentada por las entidades generadoras de información, emitiendo una ponderación que otorgue algún grado de Certificación de la Calidad o que genere un plan de mejora para lograr una futura Certificación. Se trata de un proceso que requiere por un lado, la colaboración de los organismos y entidades generadoras de información con los Sistemas Nacionales de Información, y por otro lado, es necesario asumir a la Certificación de Calidad Estadística como un proceso de mejora permanente que vigile la calidad de la información estadística. Lo cual permitirá contar con información confiable, comparable y para un beneficio común.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia (DANE), como ente coordinador y regulador del Sistema Estadístico Nacional , estableció en 2006 un Sistema de Aseguramiento de la calidad de las estadísticas oficiales del país y en 2011, por decreto, se reasignaron sus funciones para la certificación de buenas prácticas estadísticas, estableciendo un proceso para la creación de una Comisión de Expertos independientes que verifique el cumplimiento de los Principios de calidad establecidos internacionalmente para la producción y difusión de estadísticas.  Dicha evaluación de calidad supone un mecanismo para el mejoramiento de las estadísticas. La Comisión de Expertos Independientes la conforma un experto temático, un experto logístico y un experto estadístico, quienes califican el cumplimiento de los requisitos de calidad en los componentes de entorno, proceso estadístico y base de datos, emitiendo una ponderación que otorga algún grado de certificación con cierto periodo de vigencia: 1) Certificación “Tipo A” por 3 años, 2) Certificación “Tipo B” por 2 años, 3) Certificación “Tipo C” por un año y 4) No certificada. Además de otorgar un puntaje y por ende un tipo de certificación o no certificación, se elabora un plan de mejora para que las fuentes generadoras puedan trabajarlo durante la vigencia de su certificación.

El DANE llevó a cabo 240 evaluaciones de operaciones estadísticas de 2006 a 2015, 143 pertenecientes a entidades externas y 97 pertenecientes al propio DANE. Dichas operaciones estadísticas, pertenecen al sector económico y social, por ejemplo en 2015 se otorgaron certificaciones Tipo C, a las operaciones estadísticas de Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en proceso de restablecimiento de derecho a cargo del Instituto Colombino de Bienestar Familiar (ICBF), por lo que con el plan de mejora elaborado por la Comisión de Expertos Independientes, el ICBF cuenta con un año de vigencia, durante el cual deberá mejorar sus  procedimientos y productos estadísticos.

En este mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador, lleva a cabo ejercicios similares basados en su Sistema de Certificación de Calidad de las Operaciones Estadísticas, cuyo pilar es su Código de Buenas Prácticas Estadísticas, con lo que ha logrado 8 certificaciones de calidad. Durante 2014 se certificaron las operaciones estadísticas de Homicidios del Ministerio del Interior, Centros de Privación de Libertad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Sistema Integrado de Atención de Fiscalía (Noticias del Delito) de la Fiscalía General del Estado – entre otras. Lo cual representa un gran avance para la generación y monitoreo de políticas públicas basadas en evidencias, en este caso, basadas en información estadística veraz y oportuna en apego a los estándares de calidad internacional. Lo cual permite un adecuado seguimiento en el sistema de seguridad y justicia del país.

Sistemas de Información Estadística en Seguridad Pública y Justicia

La problemática de inseguridad que azota a los países debido a la delincuencia, es un asunto de interés público que requiere de la actuación de los gobiernos para atender y prevenir, por lo que es indispensable contar con información estadística confiable. La información estadística en materia de seguridad pública y justicia se debe caracterizar por el rigor metodológico y el apego a los Principios de Calidad, que puedan garantizar que las instituciones y organismos participantes en el proceso de recolección, producción, manejo, análisis y difusión de la información, como son la policía, fiscalías, ministerios públicos, tribunales y centros penitenciarios; generen información fidedigna que pueda ser aprovechada oportunamente para la toma de decisiones, y con ello monitorear efectivamente el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y de las políticas públicas de prevención y reducción de la violencia y la delincuencia.

Los registros administrativos, censos y encuestas estadísticas son las tres grandes fuentes de información más importantes, que permiten a los tomadores de decisiones contar con información diversa que puede ser comparada y que ofrezca un amplio panorama sobre temas específicos: victimización, percepción de inseguridad, corrupción, costo del delito, desempeño de las autoridades, delitos con mayor incidencia, etc. Así como el factor económico y contextual de las localidades que vulnera a las sociedades propiciando la violencia y la delincuencia.

Existen esfuerzos importantes en la región de América Latina y el Caribe, por parte del Comité Ejecutivo[2] de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para la generación de Sistemas Estadísticos de Seguridad y Justicia,  se definen como entes encargados del proceso, producción, manejo, análisis y difusión, así como de la interacción y coordinación de instituciones y organismos que generan información sobre seguridad pública y justicia que se encuentran vinculados entre sí. Esto con el objetivo de homologar la información estadística de la materia, buscando su comparabilidad, confiabilidad y calidad.

Contar con Sistemas Estadísticos de Seguridad y Justicia, es esencial para  desarrollar diagnósticos adecuados, lo cual conlleva al diseño de estrategias de intervención focalizadas, atacando así, los problemas de raíz. Para ello, es necesario implementar esfuerzos conjuntos y coordinados, ya que trabajar de manera aislada dificulta el logro de objetivos, y conlleva al fracaso de las políticas públicas. De acuerdo con la teoría General de Sistemas, el estudio de cualquier fenómeno debe ser abordado desde sus diferentes causas y desde diferentes ámbitos (Latorre, 1996), por lo que la concatenación de información de todo el Sistema de Justicia Penal, puede ofrecer un sustento integral de la situación de los países, con un alto grado de planificación y coordinación, para atender de manera eficaz y oportuna los problemas, de acuerdo a las capacidades institucionales y estableciendo prioridades. A largo plazo, no sólo se trata del combate a la delincuencia, de la reducción de la violencia, de la reducción de la corrupción, de la generación de confianza en las instituciones, se trata de salvaguardar los derechos de la ciudadanía mediante el  acceso a la seguridad, a la justicia y a vivir en paz.

Conclusiones

Contar con calidad estadística, significa contar con un conjunto de principios que son aplicados durante el proceso y producción estadística. El objetivo de generar información estadística es satisfacer las necesidades de información de los usuarios, incrementando la credibilidad y el uso de los datos para su propio desarrollo.

La producción de información estadística de los países que aún no desarrollan sus propios Códigos de Buenas Prácticas Estadísticas y que no cuentan con Sistemas de Certificación de Calidad Estadística, requiere del desarrollo de capacidades y metodologías para garantizar un monitoreo efectivo de los datos estadísticos en materia de seguridad pública y justicia de calidad que permitan establecer esfuerzos nacionales e internacionales para el logro de la “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” correspondientes al Objetivo 16 de la agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Para ello, es necesaria la adhesión a los Principios de Calidad Estadística establecidos internacionalmente, así como la armonización de la información estadística que permita su comparabilidad entre países. Se deben articular esfuerzos y no perder de vista, que la calidad de información estadística implica el cumplimiento de los objetivos por los cuales fue generada, la difusión de manera clara y oportuna, el fácil acceso y que se trate de información pública. Resulta apremiante que Sistemas Estadísticos de Seguridad Pública y Justicia regulen la información en la materia, ya que contar con información de calidad implica contar con estrategias de prevención e intervención adecuadas.

Actualmente las nuevas herramientas tecnológicas posibilitan la presentación de resultados numéricos, con visualizaciones atractivas, por lo que pueden contar con una mejor cobertura en diferentes sectores de la sociedad. Es necesario potencializar la información estadística con el uso de Sistemas de Información Geográfica, así como el nivel de desagregación, por lo que también resulta indispensable la generación de información estadística a nivel local.

Fuentes de consulta

  • Conferencia Estadística de las Américas (CEPAL). (2014). Documento Conceptual de los Sistemas Estadísticos de Seguridad Pública y Justicia en los países de América Latina y el Caribe.
  • Conferencia Estadística de las Américas (CEPAL). (2011) Propuesta del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en América Latina y el Caribe y el plan de implementación para 2012-2013.
  • Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. (DANE). (2011). Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales.
  • Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. (DANE). (2016). Certificación de la calidad del proceso estadístico.
  • Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT). (2011). Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.
  • Fondo Monetario Internacional (FMI). (2003). Marco de Evaluación de la Calidad de los Datos (MECAD).
  • Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEC). (2012). Código de Buenas Prácticas Estadísticas.
  • Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC). (2014). Código de buenas prácticas Estadísticas.
  • Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC). (2015). Manual del Sistema de Certificación de Calidad de las Operaciones Estadísticas.
  • Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). (2013). Código de buenas prácticas de las estadísticas chilenas.
  • E. (1996). Teoría general de sistemas. Aplicada a la solución integral de problemas. Universidad del Valle. Santiago de Cali.
  • Office for National Statistics. (2013). Guidelines for Measuring Statistical Output Quality. V4.
  • Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México (SNIEG). (2015) Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas y Geográficas del SNIEG.
  • Statistics South Africa. (2010). South African Statistical Quality Assessment Framework (SASQAF). Operational Standards and guidelines.
  • United Kingdom. Statistics Authority. (2009). Code of Practice for Official Statistics. Edition 1.0.
  • United Nations. (2015). United Nations Fundamental Principles of Official Statistics- Implementation Guidelines. Final Draft.

[1] Para más información visite: http://unstats.un.org/unsd/dnss/qualityNQAF/nqaf.aspx

[2] En 2013 se aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre estadísticas de seguridad pública y justicia, conformado por la Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA y la UNODC por conducto del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile;  el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia;  el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica;   la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONE) de Cuba;  el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador; el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la República de Guatemala;  el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá;  el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú;  la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de República Dominicana;  la Oficina Central de Estadística de Santa Lucía (CSO); y,   el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.

 

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La cifra oscura y las razones de la no denuncia en México

Por Björn Florian Zakula[1]

Introducción

Las estadísticas delictivas pueden mostrar solo un ángulo limitado de la criminalidad real. Los registros administrativos solo incluyen los delitos que son denunciados y registrados o son descubiertos por la policía o las autoridades del sistema de justicia. Por ende un número considerable de los delitos cometidos en una sociedad no han sido registrados ni tampoco aparecen reflejados en las estadísticas oficiales. En criminología existe una zona oscura de la criminalidad; conocida como la “cifra oscura” o “cifra negra”.[2] El fiscal japonés Shigema Oba mencionó el concepto de Dunkelziffer, la cifra oscura que conocemos en inglés como “dark figure”, por primera vez en su disertación en Alemania en el año 1908.[3]

Una tasa alta de la cifra oscura impide a los actores claves comprender adecuadamente el problema delictivo, por ejemplo; cuáles son las zonas y horarios críticos donde los delitos ocurren, cuáles son los delitos más frecuentes o las características de las víctimas. Las informaciones anteriores son importantes para el diseño de políticas públicas para prevenir la delincuencia y la evaluación de esas. Las encuestas de victimización delictiva son una herramienta para iluminar la zona oscura de la criminalidad y expandir la información obtenida en las estadísticas delictivas. En particular, las encuestas son la primera fuente de información sobre los delitos que las personas pocas veces denuncian tales como violencia intrafamiliar. Esta información ayuda a un mejor diseño de políticas públicas, en materia de seguridad pública y prevención de delitos; sin duda en general la mayoría de las encuestas de victimización solamente son representativas a nivel nacional o estatal y falta informaciones a nivel local.

La primera parte de este articulo describe los orígenes de la cifra oscura y los factores que influyen en las victimas para denunciar o no denunciar un delito; debido a que no todos los delitos son denunciados a la policía por consiguiente no se reflejan en las estadísticas policiales.

La segunda parte del artículo muestra la cifra oscura en diferentes países y ofrece una discusión de las ventajas y desventajas que tienen las encuestas de victimización; para medir la tasa de prevalencia delictiva en comparación con los delitos registrados, además de algunos problemas en la comparación de la cifra oscura a nivel internacional.

La última parte muestra diferencias en la cifra oscura entre las entidades federativas de México y factores relacionados con la variación en la tasa de la no denuncia de un delito a nivel estatal. El artículo concluye con propuestas a las autoridades para disminuir la proporción de delitos no denunciados a la policía.
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