Femicidio: una aproximación a la violencia de género en Argentina.

Por: Lic. Cecilia Bossi

La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos.

Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos

reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz“.

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.

 Mensaje del 25 de noviembre de 2005.

Introducción

El presente artículo trata de dar una aproximación sobre la violencia de género en Argentina. Se analizan los conceptos de “femicidio”, “feminicidio”, “femicidio vinculado” y “víctimas colaterales”. Dichos vocablos conceptualizan experiencias sociales poniendo en tela de juicio patrones culturales en torno a la violencia de género. Un ejemplo de esto es el cambio en el tratamiento de los asesinatos de mujeres en los medios de comunicación. La terminología “crimen pasional” es reemplazada por “femicidio” ya que el motivo del asesinato no es la pasión sino la misoginia.[1]

Por otra parte, el artículo recorre los aspectos legales del país para desembocar en las magnitudes que asume la violencia de género cuya máxima expresión es el femicidio. Analizar la legislación internacional y nacional ofrece un panorama sobre el estado de la cuestión. El reconocimiento jurídico de los derechos de la mujer visibiliza un contexto social donde las mujeres están en una posición de vulnerabilidad con respecto a los varones. Los conceptos legales sirven para nombrar a las injusticias y, en consecuencia, nos brindan las herramientas analíticas para poder pensar en ellas. Una sociedad que promulga leyes contra la violencia hacia las mujeres es, en definitiva, una sociedad que expone de manera pública las problemáticas de género. El desarrollo de este tipo de leyes revela que la violencia contra las mujeres ocupa un sitio prioritario en la agenda internacional y nacional, es decir que la problemática adquiere conciencia política.

Si bien el presente artículo hace referencia al femicidio, es importante analizar la legislación internacional y nacional con respecto a otras cuestiones que sufren las mujeres. Si en un país las mujeres no tienen derechos políticos, están desfavorecidas en el mundo laboral y educativo, no tienen acceso a la información sexual y no están resguardadas por una regulación del ejercicio profesional de la obstetricia, eso dará una pauta de las inequidades de género de dicho país. Dado que el femicidio es la máxima expresión de inequidad de género, resulta conveniente indicar los avances para mitigar las desigualdades dentro de todas las aristas sociales, sean políticas, económicas, educativas o reproductivas.

Es importante destacar que el femicidio no significa solamente una violación a los derechos de la mujer. Arrebatar la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer debe ser entendido como una violación a los derechos humanos, porque si esa mujer se convierte en algo menos que un ser humano se le objetiviza convirtiéndose culpable de su propia muerte. Los conceptos aquí trabajados sirven para interpretar la realidad y poner a la violencia de género como objeto de preocupación.

 Marco conceptual

La feminista Carol Orlock fue la primera escritora en hacer referencia al vocablo “feminicidio” en una antología que nunca fue publicada. Luego, la escritora Diana Russell utilizó este término por primera vez en 1976 cuando testificó ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres. Diana Russell recuerda la primera vez que escuchó el concepto de “feminicidio” de la siguiente forma: “…reverberó poderosamente en mí como un vocablo que debía referirse a la muerte de mujeres ocasionada a manos de hombres por el simple hecho de ser mujeres.” La escritora continúa desarrollando la necesidad del término “feminicidio” de este modo: “Establecer una categoría que denota el hecho de provocar la muerte a las mujeres es un paso importante en la dirección de hacer pública esta forma de violencia contra las mujeres.”[2]

En la actualidad existe un debate por el uso de los conceptos de “femicidio” y “feminicidio”. En el libro “Feminicidio: una perspectiva global” se entiende por “femicidio” una voz homóloga a homicidio que solo significa el asesinato a mujeres, mientras que “feminicidio” es interpretado como el conjunto de formas de violencia contra la mujer que en ocasiones puede desembocar en su asesinato o suicidio.[3] Sin embargo, en el presente artículo se utiliza la expresión “femicidio” aludiendo a la situación más extrema de la violencia de género cuyo pilar es el dominio y el control del varón sobre la mujer a quien considera un bien patrimonial y puede ser sinónimo de “feminicidio”.[4]

El término “femicidio vinculado” es explicado por  la asociación civil argentina “La Casa del Encuentro” como los casos en que la víctima se interpuso para evitar el femicidio o aquella persona que es asesinada para ocasionarle un daño a la mujer a quien el agresor considera de su propiedad. Por otra parte el término “victimas colaterales” indica  la cantidad de niños y niñas huérfanos a causa de los femicidios.[5]

 Derechos de la Mujer: un recorrido por la legislación internacional y nacional de Argentina.

  •       Contexto Internacional

Desde sus inicios, Naciones Unidas reconoció a los derechos de la mujer, tal es así que el  Artículo 1 de la Carta alienta a los países miembros a cooperar para el desarrollo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales sin hacer distinción de raza,  sexo, idioma o religión.[6]

En 1946 se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer[7], comisión orgánica del Consejo Económico y Social dedicada a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La Comisión se reunió por primera vez en Nueva York  en 1947, contando con el apoyo de la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), una dependencia de la Secretaría de las Naciones Unidas.

La Comisión desempeñó un papel crucial en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) al defender la utilización de un leguaje neutral suprimiendo el uso de la palabra “hombres” como sinónimo de “humanidad”. Otro de los logros de la Comisión fue la elaboración de las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953 busca igualar el ejercicio de los derechos políticos entre hombres y mujeres. En la Convención queda establecida la igualdad del derecho a voto en todas las elecciones, la posibilidad de ser elegibles para todos los organismos públicos electivos y la oportunidad de ocupar cargos públicos y de ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional en igualdad con los hombres.

Por otra parte, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer redactó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios en 1962. Estos acuerdos intentan regular los derechos de las mujeres casadas desde una perspectiva de género no patriarcal.

Por otra parte, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) creó el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor en 1951, la cual intentó erigir el principio de paridad salarial entre hombres y mujeres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer en 1967, que sirvió como precursora de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). La CEDAW fue aprobada por la Asamblea General en 1979 convirtiéndose en un hito histórico en la lucha contra la violencia de género. De acuerdo al Artículo 1 de la CEDAW la discriminación es: “…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (…) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”[8] La Convención pretendió erradicar cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que busque damnificar a la mujer. En 1999 se crea el Protocolo Facultativo que reconoce las competencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con el fin de examinar los avances en la aplicación de las disposiciones de la CEDAW así como investigar denuncias de particulares en torno a la violencia de género.

La Asamblea General declaró el año internacional de la mujer en 1975 dando inicio a una nueva etapa de dialogo mundial para promover los derechos de la mujer y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Para que coincidiera con el año internacional de la mujer, se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México en 1975. Entre los acuerdos de la conferencia se encuentra el Plan de Acción Mundial que propuso directrices a los estados miembros durante toda una década. Esos años fueron conocidos como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Los objetivos se focalizaron en garantizar el acceso equitativo de la mujer a la educación, a las oportunidades de empleo, a la participación política, a los servicios de salud, a la vivienda, a la nutrición y a la planificación familiar.[9] Para alcanzar dichas metas se constituyó el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) fundado en 1976. El Instituto fue establecido para promover y realizar investigaciones sobre políticas de empoderamiento a la mujer, difundir información sobre la perspectiva de género y fortalecer las capacidades de las instituciones para suprimir la discriminación entre hombres y mujeres.

Luego de la primera conferencia en 1975, la Asamblea General creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer con el objetivo de brindar asistencia técnica y financiera a los países que no podían implementar los acuerdos de México por su situación económica. El fondo estaba pensado para cubrir todo el Decenio para la Mujer y luego dejar de tener vigencia. Sin embargo, la Asamblea General decidió dar continuidad al trabajo manteniendo el fondo dentro del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De esta manera se estableció el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en 1985.

En el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se realizaron las conferencias de Copenhague en 1980 y de Nairobi en 1985. En dichas conferencias se discutió la discrepancia entre los derechos jurídicos de las mujeres y las posibilidades reales de  ejercerlos. Durante estos contextos de diálogo mundial fueron instaurados el Programa de Acción para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague) y las Estrategias de Nairobi orientadas a la promoción de la igualdad de género a nivel nacional y fomentar la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo.

Los esfuerzos alcanzados en las conferencias mundiales sobre la mujer se materializaron en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993. Sin embargo, no fue hasta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 que se trasladó el interés por el concepto de mujer hacia el concepto de género. La cuarta conferencia sirvió como un espacio de debate sobre la reevaluación de toda la estructura social desde una perspectiva de género reconociendo que los derechos de la mujer son, por sobre todas las cosas, derechos humanos. Durante el encuentro se aprobó por unanimidad  la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing que alimentó el compromiso por parte de los estados miembros a potencializar el rol de la mujer en todos los niveles sociales. Tal como la declaración de Beijing dispone, se creó la Oficina de la Asesora Especial en  Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI), cuya función principal es supervisar el trabajo de DAW y hacer un seguimiento a la Plataforma de Acción.

En 2010 la Asamblea General fusionó DAW, INSTRAW, UNIFEM y OSAGI dando origen a ONU Mujeres para continuar trabajando en el empoderamiento de la mujer y la equidad de género.

  •   Contexto Hemisférico

A nivel hemisférico la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) creada en 1928, es el principal foro para promover los derechos humanos de las mujeres. La CIM aprobó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (Montevideo, Uruguay, 1933); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, Brasil, 1994). Esta última Convención define la violencia contra la mujer como “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”[10]

  •       Contexto Regional

En el nivel regional la CEPAL adecuó la implementación del “Plan de Acción Mundial” de 1975 en el “Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina” (PAR). Asimismo, los países miembros de la CEPAL coincidieron en establecer foros permanentes enmarcados en la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es evaluar los avances logrados en la aplicación del PAR.  La Quina Conferencia Regional en Curazao formuló la elaboración de un plan de acción regional para 1995-2001 cuyo propósito era contribuir a la equidad de género. En la Sexta Conferencia Regional celebrada en Mar del Plata en 1994 se aprobó el Programa de Acción Regional 1995-2001. El programa propuso estrategias para superar la inequidad entre hombres y mujeres, la pobreza, la falta de desarrollo económico y social desde una perspectiva de género. Asimismo, el plan intentó fomentar los derechos humanos, las responsabilidades familiares compartidas y los derechos políticos de las mujeres.

  •       Contexto argentino

En Argentina los tratados y concordatos tienen rango constitucional y jerarquía superior a las leyes. Lo anterior significa que todos los tratados de derechos humanos incorporados al texto constitucional deben entenderse complementarios de los derechos y garantías establecidos en el mismo, además se pueden incorporar nuevos instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional con la aprobación de mayorías especiales en el Congreso Nacional.[11]

El país es uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y al firmar la Carta en 1945 aceptó que los derechos humanos deben ser respetados sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión. También, ratificó el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor en 1956[12], la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1960[13], la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1963[14], la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios en 1969.[15]

La CEDAW fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en 1985 bajo la Ley 23.179. En dicha ley se recuerda que “…la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país…”.[16] También, se aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW en el año 2006.[17]

En 1996 el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron la Ley 24.632 en la que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la “Convención de Belém do Pará”.  En la ley se reconoce que “…la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”[18]

Luego de la ratificación de la Convención de Belém do Pará se sancionaron leyes nacionales y provinciales de violencia familiar[19](como es el caso de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar de 1996)[20], se modificó la legislación penal y se dictaron distintas disposiciones administrativas. De esta manera, se buscó ajustar la legislación argentina a las obligaciones contraídas y dar así un marco legal a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. En el año 1999 el Congreso Nacional sancionó la Ley 25.087 que modificó el Código Penal al introducir cambios en la definición de los delitos. Los cambios fundamentales giran en torno a la conceptualización de agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las mujeres.[21]

En 1991 se creó el Consejo Nacional de la Mujer bajo las Leyes N. 23.179 y N. 24.012 y el Decreto 1.426/92 cuyo fin fue la concreción del compromiso asumido por Argentina en la Convención de Belém do Pará. Asimismo, en el año 1998 se instituyó la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación cuyas funciones varían desde la atención integral de las víctimas de violencia doméstica hasta el rescate y acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata.

Otras leyes sancionadas para el empoderamiento de la mujer y la promoción de la equidad de género son:

  • Ley 24.012de Cupo Femenino sancionada en 1991 donde queda establecido que en las listas de candidatos para elecciones deben tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones de resultar electas.[22]
  • Decreto 2.385/93sobre acoso sexual en la Administración Pública Nacional de 1993.[23]
  • Ley 24.716 de Establecimiento de una licencia especial para la madre trabajadora en relación de dependencia a consecuencia del nacimiento de un hijo con Síndrome de Down sancionada en 1996.[24]
  • Decreto 1.363/97 sobre Igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional sancionada en 1997.[25]
  • Ley 24.828sancionada en 1997 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.[26]
  • Decreto 254/98 dePlan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral.[27]
  • Ley 25.250, título I, artículos 2º y 3º reforma laboral: para el estimulo del empleo estable se incorporan dos incentivos para el empleo de mujeres, los cuales varían desde una reducción de sus contribuciones a la Seguridad Social hasta subsidio destinado al pago de las remuneraciones.[28]
  • Ley 25.273 de Creación de un sistema de inasistencias justificadas para alumnas embarazadas en los sistemas educativos sancionada en el año 2000. [29]
  • Ley 25.543 de Test Diagnóstico de VIH a toda Mujer Embarazada sancionada en 2001.[30]
  • Ley 25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino) sancionada en 2002.[31]
  • Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados/as del Servicio Doméstico, sancionada en 1999. La ley busca regular el régimen de seguridad social para los empleados domésticos. Luego de la ley vinieron los decretos 485/2000, 290/2001 y 291/2001que intentaron solidificar el marco de previsión social para empleados domésticos.[32]
  • Ley 25.673de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002.[33]
  • Ley 25.584de Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia sancionada en 2002.[34]
  • Ley 25.808de modificación del Artículo 1º de la Ley 25.584 de Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia sancionada en 2003.[35]
  • Ley 26.150del Programa Nacional de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 donde se establece que todos los centros de educación, sean públicos o privados, deben impartir educación sexual.[36]
  • Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento sancionada en 2004. Dicha ley establece los derechos de la mujer al momento del parto.[37]
  • Ley 26.130de Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, Ligadura de Trompas y Vasectomía, sancionada en 2006. Esta ley dicta que toda mujer mayor de 18 años tiene el derecho a acceder a la realización de la práctica denominada “ligadura de trompas de Falopio”.[38]
  • Ley 26.472 de Régimen de Prisión domiciliaria y Ejecución Penal, la cual
    prevé que las mujeres embarazadas y con niños menores de 5 años pueden acceder a este beneficio. La ley fue sancionada en 2008.[39]
  • Decreto 936/2011 cuyo objetivo es la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual y la Ley 26.522 sancionada en 2009 de servicios de comunicación audiovisual que garantiza el tratamiento igualitario y no estereotipado en los medios, evitando la discriminación por razón de género u orientación sexual.[40]
  • Ley 26.743 de Identidad de Género que establece el derecho a la identidad de género de las personas sancionada en 2012.[41]
  • Ley 26.842 sobre la Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas sancionada en 2012[42], complementaria a la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas sancionada[43] La nueva ley otorga más derechos a las víctimas de trata, aumenta las condenas para traficantes y proxenetas y crea el Consejo Federal contra la Trata de Personas.
  • Ley 844 de Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares sancionada en el año 2013.[44]
  • Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida sancionada en 2013.[45]
  • Ley 26.873 de Promoción y concientización de la importancia de la lactancia materna sancionada en 2013.[46]
  • Ley 27.039 deFondo Especial de Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género, la cual creó una línea telefónica gratuita con alcance nacional sancionada en 2014.[47]

Dos leyes emblemáticas en el tratamiento judicial de la violencia de género fueron:

La Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales fue sancionada en 2009. Dicha ley representa un hito histórico respecto al tratamiento de la violencia de género dado que proporcionó un marco legal para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas. El Artículo 4 define la violencia contra las mujeres como: “…toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.”[48]

El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo rector en el diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la Ley 26.485. Dentro de este consejo la ley estableció la creación de un Observatorio de la violencia contra las Mujeres destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia de género.

Entre los avances de la ley se encuentra la caracterización de los tipos y modalidades que puede asumir la violencia. La modalidades pueden ser doméstica, institucional, laboral y mediática, mientras que los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica, simbólica y contra la libertad reproductiva. Además, se incluye la posibilidad de que la mujer víctima de violencia pueda pedir una medida cautelar urgente ante cualquier juez/a, de cualquier fuero e instancia y prohíbe las audiencias de mediación en los casos de violencia de género.

En 2012 se sancionó la Ley 26.791 la cual incorporó al Código Penal de Argentina la pena de reclusión perpetua o prisión perpetua a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. A su vez, dispuso la reclusión perpetua o prisión perpetua al hombre que matare a una mujer y en el hecho mediare la violencia de género así como también a quien matare a una persona que con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación.[49] Aunque la Ley 26.791 no incorpora al femicidio como una figura penal autónoma, sí lo considera como un agravante de la figura de homicidio.

Vale aclarar que el Código Penal nunca menciona el término “femicidio” sino que en el Articulo 80 Inciso 11 dice que el homicidio de una mujer cuando mediare la violencia de género será castigado con la pena máxima del sistema penal argentino. En este sentido, quedan establecidas las características del femicidio porque se establece que el autor del crimen es un hombre, que la víctima es una mujer, que el autor del crimen mató a su víctima por ser mujer y que la violencia de género fue el instrumento para doblegar y someter a la mujer asesinada.  El vocablo sí es utilizado por los funcionarios del sistema judicial argentino. Un ejemplo de este hecho fue el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 9 de la Capital Federal argentina en el que consideró al imputado del asesinato de una joven de 16 años como autor de “femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio críminis causae”. Para los jueces de la causa, el homicidio de la joven fue un femicidio dado que el autor del crimen cosificó a la víctima y la mató en un contexto de violencia de género. [50]

La magnitud del femicidio en Argentina

Si bien la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales dispuso la creación de estadísticas nacionales, todavía no hay un registro nacional de femicidios en Argentina. Por tal motivo, los medios de comunicación utilizan los informes del “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano” perteneciente a la asociación “La Casa del Encuentro”.

El informe de “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argentina”[51] fue publicado en el año 2013 y reúne el trabajo de 5 años realizado por La Casa del Encuentro. En el texto se revelan diversos datos estadísticos que serán analizados a continuación.

Entre 2008 y 2014 La Casa del Encuentro registró 1808 femicidios, 173 femicidios vinculados y un total de 2196 hijas e hijos que quedaron sin madre convirtiéndose en víctimas colaterales del Femicidio.[52] El año 2013 obtuvo el registro más alto de víctimas con un total de 295 femicidios y 39 femicidios vinculados, mientras que el 2008 fue el año con menor cantidad de víctimas registradas con 208 femicidios y 11 femicidios vinculados. Según los datos de La Casa del Encuentro la cantidad de femicidios no se han reducido luego de las sanciones de las Leyes N° 26.485 y N° 26.791 en los años 2009 y 2012 respectivamente.

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Los datos del informe de “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argentina” señalan que entre los años 2008 y 2012 solo el 10% de las víctimas de feminicidio habían realizado denuncias de violencia de género. El informe avanza revelando la cantidad de femicidios con denuncias previas por año y la cantidad de femicidios con orden de exclusión/prohibición hacia el femicida. En el año 2012 hubo un leve aumento en la cantidad de femicidios con denuncias previas y de femicidios con exclusión/prohibición hacia el femicida.[53]

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La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina señala que desde el año 2010 ha habido un aumento de los casos atendidos, en el 2010 fueron 7437 los casos atendidos, mientras que en 2014 se atendieron 10573 casos. En cuanto a los tipos de violencia observada en los casos atendidos, desde el 2010 hasta el 2014 en el 95% de los casos se observó violencia psicológica, la violencia física ocupó el segundo puesto con un promedio del 68%, seguido por la violencia económica con un promedio del 36,5%. La violencia sexual ocupó el último puesto de tipo de violencia observada con un promedio del 13% de los casos atendidos.[54]

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OVD señala en su informe de estadísticas comparativas entre 2010 y 2014 que en promedio el 46%  de los casos atendidos fueron considerados en un nivel de riesgo medio y moderado hacia la víctima, mientras que en promedio el 30% de los casos fue considerado de un alto riesgo para la víctima.[55]

Según el informe de OVD el tipo de relación entre persona denunciada y víctima con el registro más alto durante 2010 y 2014 fue la categoría de “ex parejas”, seguida por “concubinos”, “cónyuges”, “filial”, “fraternal”, “otro familiar” y por último “novios”.[56]

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Los datos de OVD en cuanto al tipo de relación entre la víctima y la persona denunciada se asemejan a los datos del informe “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argentina”. En el 37% de los casos los femicidas eran esposos/parejas/novios/amantes de las víctimas, el 26% eran ex esposos/ex parejas/ex novios, el 7% eran familiares, el 6% eran vecinos/conocidos, el 5% eran padres/padrastros y el 2% eran hijos.[57]

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Los números acerca del tipo de relación entre la víctima y el femicida se relacionan con el hecho de que 6 de cada 10 homicidios son en una vivienda, sea la vivienda de la víctima (27,5 %), vivienda compartida (23,7 %) u otra vivienda (7,6%)[58].

El mayor porcentaje de las víctimas tenía entre 31 a 50 años. Las niñas de temprana edad y las adultas mayores representan el menor porcentaje de víctimas de femicidio.[59] En cuanto a los femicidas, el 36% tenía entre 31 a 50 años y el 27% entre 19 y 30 años.[60]

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En cuanto a los femicidios vinculados, el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano indica que entre los años 2008 a 2012 hubo 67 femicidios vinculados de mujeres y niñas, de las cuales 25 eran adultas y 42 menores de 18 años. Los femicidios vinculados de hombres y niños sumaron un total de 99 casos, de los cuales 57 casos eran adultos y 42 casos eran menores de 18 años.[61]

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El 65% de hijos e hijas que quedaron sin madre son menores de 18 años, es decir  que el impacto social del femicidio se profundiza al considerar que son los menores de edad el porcentaje que más pierde a su madre.

Conclusiones

El concepto de femicidio debe ser entendido dentro de un contexto social y cultural que avala las relaciones de dominio de hombres sobre mujeres. El femicidio como paradigma de análisis y constructo teórico surge como respuesta a la necesidad de nombrar un fenómeno social. Contar con un término que determine el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres fomenta la comprensión de las dimensiones del problema y ayuda a pensar en estrategias para resolverlo.

El concepto de femicidio elimina la asexualidad del término de homicidio dado que el género de la víctima no es un dato irrelevante, sino que es la causa del asesinato. En este sentido, el femicidio es el resultado de una serie de pautas culturales donde la violencia es aceptada como un instrumento de dominación y sometimiento. El sexismo se cuela en las esferas familiares, sociales e institucionales generando la producción y reproducción de asesinato de mujeres.

En el presente trabajo se expusieron los avances de la legislación internacional y, en particular, en la legislación argentina para empoderar a las mujeres y fortalecer el Estado de Derecho. Quizás, uno de los logros más importantes en Argentina para el resguardo de los Derechos Humanos de las mujeres fue la Ley 26.485. Dicha ley extrapola la violencia de género como un asunto doméstico y afirma que las conductas sexistas pesan tanto en los ámbitos privados como en los públicos.

Sin embargo, los esfuerzos articulados en Argentina para dar un marco regulatorio contra la violencia de género distan mucho de haber mermado el problema. Luego de los grandes avances legislativos en 2009 y 2012, el registro de femicidios en Argentina hecho por Casa del Encuentro mostró que la cantidad de mujeres asesinadas no se redujo.

Por otro lado, la cantidad de femicidios con denuncias previas y orden de exclusión no presenta grandes porcentajes. Existen algunas acepciones en cuanto a este último dato; por un lado la baja cantidad de denuncias y de orden de exclusión pudo haber sido por el accionar eficiente de las instituciones en prevenir el femicidio de mujeres que previamente habían denunciado a su agresor, pero por otro lado pudo deberse a que las víctimas no se hayan acercado a las instituciones responsables en protegerlas. Sea cual fuere la razón, no hay que olvidar que fueron asesinatos que pudieron haberse prevenido.

Los datos arrojados por OVD determinan los tipos de violencia más comunes en los casos atendidos. Los resultados establecen que no solo los golpes y el abuso sexual son actos violentos. Las agresiones verbales y el abuso económico deben ser entendidos como transgresiones al derecho de vida digna que toda mujer debe gozar plenamente.

Por otra parte, la mayor cantidad de femicidas mantenían o habían mantenido algún tipo de relación con la víctima, dejando entrever un panorama de sometimiento y maltrato donde la mujer no era capaz de desvincularse de su agresor. Este dato guarda relación con el hecho de que 6 de cada 10 femicidios fueron perpetrados en una vivienda, lugar que se asume culturalmente como seguro.

La cantidad de niños que se quedaron sin madre es una de las caras más perversas de este fenómeno, sobre todo si el autor del crimen es su progenitor. Son hijos de la violencia y testigos de una problemática que debe empezar a tratarse de manera concreta para erradicarla.

Las estimaciones de la asociación de La Casa del Encuentro han sido vitales para el desarrollo del presente informe. Sin embargo, es menester contar con estadísticas oficiales para saber las dimensiones que asume el femicidio. No basta con nombrar un problema, con ratificar tratados de derechos humanos o sancionar leyes para prevenir y erradicar la violencia de género. Se necesita información fidedigna para poder elaborar políticas públicas capaces de dar soluciones al problema. Saber la cantidad de femicidios es  importante, pero también es menester tener otros datos estadísticos de la problemática como: reportes de mujeres ingresas a hospitales como consecuencia de violencia física o sexual, denuncias por maltrato infantil, cantidad de denuncias por violencia de género a nivel nacional, cantidad de procesos en procuración de justicia,  cantidad de sentencias por violencia de género, desagregación de líneas de pobreza para mujeres y hombres y el empleo informal y desempleo desde una perspectiva de género entre otros datos necesarios para la comprensión del fenómeno.

Dentro de los retos que enfrenta la sociedad se puede mencionar el desafío de los medios de comunicación en poner en palabras una cuestión tan compleja como lo es el femicidio. Además, queda por abordar la prostitución y la transexualidad como paradigmas de violencia donde la estigmatización social convierte a las víctimas de femicidio en victimarias. Por otro lado, el tratamiento de la víctima de violencia de género en las instituciones de justicia debe ser revaluado para que la “Crónica de una muerte anunciada” solamente aluda a una referencia literaria, y no al desamparo institucional de una mujer que denuncia a su agresor.

La violencia de género se manifestó de la peor manera: cada 30 horas una mujer es asesinada en la Argentina por su condición de género. Cada femicidio debe interpelar a la sociedad en su conjunto, la marcha #niunamenos fue una muestra de ello. Más de 300 mil personas se juntaron frente al Congreso de la Nación para repudiar la situación de las mujeres como objeto de uso y de abuso. El femicidio dejó de estar oculto bajo el manto de “asuntos privados”, se convirtió en un tema de debate social y de agenda política. El ágora se llenó de caras de hombres, mujeres, niños y niñas, algunos eran víctimas de violencia de género, otros concientizados por la problemática, pero todos a favor de los  derechos humanos.

La autora del presente artículo es Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad  del Salvador, Buenos Aires, Argentina.

Para contactarla: bossi.cecilia123@gmail.com

[1] Defensoría de Pueblo. Tratamiento de la violencia de género en la radio y la televisión [en línea]. Disponible en: http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/tratamiento-violencia-genero-radio-y-television      [2015, 07 de junio]

[2] RADFORD, J. y RUSSELL, D (2006). Femicidio.  La política del asesinato de las mujeres. (pág. 24). (8 v.). México: Ed, UNAM.

[3] RUSSELL, D  y HARMES, R. Femicidio: una perspectiva global (2006).  (pág. 20). (7 v.). México: Ed, UNAM.

[4] CARBAJAR, M. (2014). Maltratadas: violencia de género en las relaciones de pareja. Buenos Aires: Ed, Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.

[5] La Casa del Encuentro (2013). Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios Observatorio de Femicidios en Argentina (pág. 66). [en línea]. Disponible en:   http://media.wix.com/ugd/71689c_b0a552a3b8db456cb4b5a8e1178cda14.pdf   [2015, 09 de junio].

[6]  Naciones Unidas (1945). Carta de las Naciones Unidas [en línea]. Serie de Tratados de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml  [2015, 10 de junio].

[7] La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se crea a través de la resolución 11(II) del Consejo Económico y Social, 21 de junio de 1946. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1946), Res. 11, ¶ 6, UN DOC, E/90 y E/84. [en línea].  Disponible en:

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[8]  Naciones Unidas (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer. [en línea]. Serie de Tratados de las Naciones Unidas. Disponible en:

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm   [2015, 11 de junio].

[9]  Naciones Unidas (2000). Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995:
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[10] Organización de los Estados Americanos (1994).  Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. [en línea]. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html [2015, 14 de junio].

[11]  Constitución de la Nación Argentina, Segunda Parte, Capítulo VI, art. 1 inc. 22 [en línea]. Disponible en:

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[12] Información Legislativa. Decreto-Ley Nº 11595 [en línea]. Disponible en:

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[13] Sistema Argentino de Información Jurídica. Aprobación de convención sobre derechos políticos de la mujer [en línea]. Disponible en:

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[14]WhatConvention.Org. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, 1957 [en línea]. Disponible en:

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[15] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios [en línea]. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/1063822/normativa_02_-_consentimiento_para_el_matrimonio_la_edad_minima_para_contraer_matrimonio.pdf  [2015, 21 de junio].

[16] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley Nacional 23.179 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LEY_23179.pdf  [2015, 21 de junio].

[17] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 26.171 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley%2026171.pdf [2015, 21 de junio].

[18] Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Jefatura de Gabinete de Ministros. Ley Nacional 24632 [en línea]. Disponible en:

http://www.sgp.gob.ar/contenidos/onep/normativa/docs/negociaciones_colectivas/Ley_24632.pdf [2015, 24 de junio].

[19] Para el año 2006, 22 provincias sobre un total de 23 habían sancionado leyes de Violencia Familiar.  Consejo Nacional de las Mujeres.

Consejo Nacional de las Mujeres (2006). Evaluación de la Implementación de las Disposiciones de la Convención de Belem Do Pará [en línea]. Disponible en:

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[20] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 24417 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley24417_decreto235.pdf  [2015, 25 de junio].

[21] Dentro de los cambios del Código Penal se encuentran  la sustitución de la rúbrica del título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”; el reconocimiento de distintos tipos de agresiones sexuales; la admisión de que el acceso carnal puede ser por cualquier vía; la derogación el artículo 132º que eximía de prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima; separación entre los delitos de corrupción y de prostitución entre otros.

Consejo Nacional de las Mujeres (2006). Ob. Cit.

[22] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 24012 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley24012_decreto1246.pdf   [2015, 27 de junio].

[23] Consejo Nacional de las Mujeres. Decreto Nacional 2385/93 [en línea]. Disponible en:  http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/DECRETO_2385.pdf [2015, 27 de junio].

[24] Información Legislativa. Ley Nacional 24.716 [en línea]. Disponible en:  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39995/norma.htm   [2015, 27 de junio].

[25] Consejo Nacional de las Mujeres. Decreto Nacional 1.363/97 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/DECRETO%201363.pdf [2015, 25 de junio].

[26] Información Legislativa.  Decreto Nacional 2.385/93 [en línea]. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44189/norma.htm [2015, 27 de junio].

[27]  Información Legislativa. Decreto Nacional Decreto 254/98 [en línea]. Disponible en:

 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/49613/norma.htm [2015, 28 de junio].

[28] Consejo Nacional de Mujeres. Ley Nacional 25.250 [en línea]. Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LEY%2025250.pdf [2015, 29 de junio].

[29]Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.273 [en línea]. Disponible en:

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LEY%2025273.pdf [2015, 29 de junio].

[30]Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.543 [en línea]. Disponible en:

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley25543.pdf  [2015, 29 de junio].

[31] Información Legislativa. Ley Nacional 25.674. Disponible en:

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[32] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.239 [en línea]. Disponible en:

 http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley25239yDecretos.pdf  [2015, 29 de junio].

[33]Información Legislativa. Ley Nacional 25.673 [en línea]. Disponibilidad en:

 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm [2015, 30 de junio].

[34] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.584  [en línea]. Disponible en:

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[35] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 25.584 [en línea]. Disponible en:

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley%2025808.pdf [2015, 06 de julio].

[36] Información Legislativa. Ley Nacional 25.808 [en línea]. Disponible en:

    http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm [2015, 06 de julio].

[37] Información Legislativa. Ley Nacional 25.929 [en línea]. Disponible en:

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm [2015, 07 de julio].

[38] Consejo Nacional de las Mujeres. Ley Nacional 26.130 [en línea]. Disponible en:

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/Ley%2026130.pdf [2015, 07 de julio].

[39] Información Legislativa. Ley Nacional 26.522 [en línea]. Disponible en:

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[40] Información Legislativa. Ley Nacional 26.472 [en línea]. Disponible en:

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm [2015, 10 de julio].

[41] Información Legislativa. Ley Nacional  26.743 [en línea]. Disponible en:

 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm [2015, 10 de julio].

[42] Información Legislativa. Ley Nacional 26.842  [en línea]. Disponible en:

  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm [2015, 15 de julio].

[43] Información Legislativa. Ley Nacional 26.364 [en línea]. Disponible en:

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[44] Información Legislativa.  Ley Nacional 26.844 [en línea]. Disponible en:  

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[45] Información Legislativa.   Ley Nacional 26.862 [en línea]. Disponible en:

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[46] Información Legislativa. Ley Nacional 26.873 [en línea] http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218212/norma.htm  [2015, 20 de julio].

[47] Información Legislativa. Ley Nacional 27.039 [en línea]. Disponible en:

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[48] Información Legislativa. Ley Nacional 26.485 [en línea]. Disponible en:

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm [2015, 17 de julio].

[49] Información Legislativa. Ley Nacional 11.179 [en línea]. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#15 [2015, 17 de julio].

[50] Policiales (2015, 15 de julio). Mangeri fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Ángeles Rawson. Télam [en línea]. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201507/112828-angeles-rawson-mangeri-condena-perpetua.html   [2015, 18 de julio].

[51] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.

[52] La Casa del Encuentro. Femicidios [en línea]. Disponible en:

 http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html  [2015, 19 de julio].

[53] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pp. 79 80)

[54] Oficina de Violencia Doméstica (2015). Estadísticas comparativas 2010- 2014 [en línea]. Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=92980  [2015, 01 de agosto].

[55] Oficina de Violencia Doméstica (2015). Ob. Cit.

[56] Oficina de Violencia Doméstica (2015). Ob. Cit.

[57] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág. 70)

[58] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág. 75)

[59] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág. 69)

[60] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág.73)

[61] La Casa del Encuentro (2013). Ob. Cit.(pág.78)

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¿Existe una alternativa para la coca en Bolivia?

Una de las cosas más inspiradoras y admirables del mundo es que siempre hay una alternativa,  siempre algo puede ser remplazado o mejorado por algo más. Este fenómeno aparece en muchas disciplinas, pero posiblemente en donde es más aparente es en la economía. Esto se llama costo de oportunidad, lo cual es definido como el costo de la alternativa que no decidiste tomar y los beneficios que te hubiera dado.[1] Las personas, y las compañías, por lo general buscan tomar la alternativa que les dé más placer o más ganancias; sin embargo no siempre la decisión que se toma es la correcta.

La alternativa descrita en este artículo se refiere a sustituir la plantación  de  coca por la de café. Hacer la transición de una plantación de coca a una de café es relativamente simple y puede resultar ser una mejor decisión. Utilizando el Informe Mundial sobre las Drogas[2] de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y otros artículos informativos, se explica cómo esta transición puede que sea la mejor alternativa. La UNODC denomina este término de transición como “Alternative Development” o “Desarrollo Alternativo”.

La UNODC es una oficina de las Naciones Unidas cuya misión es lograr seguridad y justicia luchando contra la delincuencia, las drogas y el terrorismo. En diciembre del año 2000, en Palermo, Italia, se aprobó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Convención se complementa con tres protocolos contra de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y sus componentes. Esta convención entró en vigor en 2005, significando uno de los grandes aciertos de la UNODC para coordinar los esfuerzos de los países en la lucha contra el crimen organizado.

Cada año, la UNODC publica el Informe Mundial sobre las Drogas el cual analiza las tendencias de consumo, tráfico y cultivo de droga. El informe del 2015, trajo a la luz una sección nueva sobre desarrollo alternativo poniendo el foco en la sustitución del cultivo de hoja de coca a café. Esta sección muestra las experiencias  de países como Bolivia, que han tomado la iniciativa –con la ayuda de la UNODC-  de empezar a utilizar sus plantaciones para producir cultivos no ilícitos, al igual que usar tierra improductiva para reforestarla y obtener productos legales. La idea surgió del análisis profundo acerca del impacto que conllevaría la transición o sustitución de cultivos en diferentes países. La UNODC ha sido líder en este tema y ha tratado de hacer conciencia para que más países y su población estén informados de esta posible transición. Cualquier transición cuesta trabajo y recursos financieros y, aunque a corto plazo podría no haber grandes indicios de cambio, a largo plazo sí se podría ver un cambio drástico.

Teniendo en cuenta que Bolivia es un país que tiene considerables cultivos de la planta de coca, se han analizado distintas alternativas. Bolivia es el país más pobre de Sudamérica[3]; sin embargo tiene las condiciones y los recursos para ser una potencia, especialmente el Valle de los Yungas “[Los rangos de altitud de 760m a 1100m […] son ideal para la cultivación de café]”.[4] En todo Bolivia se estima que hay 23,000 hectáreas de plantíos de coca,  el tercer productor mundial atrás de Colombia y Perú (48,000 hectáreas y 49,800 hectáreas, respectivamente). De los tres países que cultivan coca en Sudamérica, Bolivia tiene una producción de aproximadamente 50,000 toneladas al año (segundo después de Perú con 60,000t.). Actualmente, Colombia produce menos que Bolivia o Perú, con 15,000 toneladas, pero es el país líder en tráfico de ésta.[5]

En el Valle de los Yungas, se ha dejado de plantar coca y se ha decidió cultivar café, algo que es muy benéfico para el país. Dicha transición  fue posible gracias a un programa encabezado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los Yungas es una región subandina en Bolivia que está localizada al noreste de la capital, La Paz. Esta región contiene  una gran variedad de flora y fauna y es un área  fértil para cultivar  debido a su tierra rica en minerales y su clima húmedo y cálido. Esta  zona es conocida por sus cultivos de coca y café.

Para Bolivia, la hoja de coca es sagrada, ya que es un cultivo tradicional desde la época incaica, y en muchos casos usada para fines legales como masticarla o para hacer infusiones. El presidente de Bolivia, Evo Morales era un plantador de coca y “[ha tenido mucho éxito en contener la difusión de coca en Bolivia]”[6] lo cual ha llevado a numerosos proyectos de vigilancia hacia la plantación de coca. Con esto en mente, desde la elección de Evo Morales en 2006, Bolivia ha promovido el entendimiento de que la coca se aprecie con dignidad. Por esta misma razón, el país lanzó una campaña internacional para que la coca se despenalice y se quite de la lista de narcóticos de la convención de Viena de 1961[7]. Esta campaña fue ineficaz; sin embargo en 2013 se llegó a la cláusula de autorización  del uso de la planta de coca para ser masticada en su territorio[8], convirtiéndose en el único país con esta excepción. Con esto, queda permitido el cultivo de coca en 12,000 hectáreas utilizando métodos tradicionales. Sin embargo, sigue habiendo cultivos ilegales de coca. Estadísticas recientes señalan que el 93% de las plantas de coca producidas en los Yungas se venden en un mercado verificado en La Paz (Villa Fátima), por otro lado solo el 10% de la coca producida en Chapare (otro lugar de cultivo) es vendida legalmente.[9]

En el 2003, el gobierno de Bolivia y la UNODC empezaron a publicar informes anuales sobre cultivos  de coca. Estos informes se generan a partir de imágenes satelitales, videos y verificación de terrenos. Desde entonces los cultivos de coca han bajado, en este sentido la UNODC reporta que de 2010 a 2013 los cultivos de coca disminuyeron en un 26%, siendo la producción más baja de coca desde 2002.[10]

Imagen CocaLa sustitución del cultivo de coca a café sería de gran beneficio para Bolivia, en especial para su economía. Bolivia es un país muy pobre y necesita de crecimiento económico, algo que es posible y, simplemente, no se ha hecho. El país tiene un PIB de $69.96 billones de USD y exporta $12.34 billones. Al hacer la transición de cultivos de coca a café, Bolivia podría ser uno de los mayores exportadores de café en el mundo.

La UNODC denomina a la sustitución de cultivos como desarrollo alternativo. De acuerdo a esta Oficina, los objetivos del desarrollo alternativo de fortalecer la economía y el desarrollo social[11] son importantes y básicos para poder hacer esta transición. A esta transición se le llama “Crop substitution” o “sustituto de cosecha” lo cual tiene sus antecedentes en Asia con el opio. En el caso de Bolivia sería la cosecha del café. El país sudamericano está localizado dentro del “cinturón del café” (entre el trópico de Cáncer y de Capricornio) donde el clima es favorable para producir café. Brasil, Vietnam y Colombia son los 3 países que más producen café en el mundo, ¿por qué no Bolivia? El país tiene los recursos, clima y geografía ideal para poder ser una potencia en producir café.

Bolivia necesitará ayuda de organismos internacionales y de otros países para poder hacer esta transición y salir adelante. La UNODC es un organismo que es de gran ayuda para este proyecto, ya que ha apoyado al gobierno de Bolivia con encuestas de cultivo de coca desde el 2003. Estados Unidos, también ha sido un país que ha tomado liderazgo y apoyado a Bolivia en asuntos relacionados con la sustitución de la cultivación de coca.

Una de las formas de desarrollo alternativo es la reforestación y los métodos agroforestales. Estas dos estrategias ya se implementaron en Bolivia y han tenido mucho éxito, específicamente con mujeres ya que se les enseñó cómo usar la vegetación local para crear productos que mejoren la seguridad de comida y la nutrición[12]. La reforestación tiene como objetivo desarrollar una producción sustentable de productos como la madera o el caucho. Los métodos agroforestales buscan  intercalar cultivos para que el sueldo de los granjeros crezca, así como la economía en general. La agroforestería se enfoca más en cambiar el cultivo de coca por el de café. Esto no significa que la cultivación de coca se erradique completamente, pero sí que se monitoreé y se reduzca el área de cultivo ilícito. La razón por la cual Estados Unidos y la UNODC quieren monitorear o erradicar estos cultivos es porque los cárteles de Brasil operan en el sur de Bolivia, creando un centro de narcotráfico[13]. Por esta razón se quiere erradicar los cultivos de coca, ya que Estados Unidos consideran que la violencia y el tráfico podrían provenir de los bolivianos aunque sean los brasileños quienes operan el narcotráfico en su vecino país.

Sin embargo, la sociedad boliviana está titubeante con la idea de dejar de cultivar coca, ya que tiene un lugar sagrado e histórico en su país, sin tomar en cuenta que al reducir el área de cultivo de coca a menos de 8,000 hectáreas y utilizar lo demás para plantar café, cacao, o caucho, la economía boliviana crecería en un porcentaje alrededor del 3%. Ya que la mayoría de la coca se consume localmente, no hay un gran mercado legal para la planta de coca a nivel internacional, pero sí hay un vasto mercado ilegal. Esto causa un conflicto ya que la economía del país no crece con mercados ilegales o “económica subterránea” causando que Bolivia pierda importantes recursos financieros.

Desde la década de los ochentas Washington ha contribuido con alrededor de 7 billones de dólares anuales a la región andina de Bolivia para erradicar la coca ya que la problemática causa violencia que afecta a los Estados Unidos. Con este dinero la producción de café ha crecido y la de la coca ha bajado. Al respecto, los bolivianos no están contentos con esta situación tanto que en 1996 había un slogan que decía “Viva la coca y mueran los yanquis”[14] y querían que los estadounidenses dejaran los cultivos de coca en paz. Una de las razones por la cual los indígenas bolivianos están descontentos es porque la coca no hace daño ni es adictiva[15], lo que hace a la coca adictiva es su procesamiento con químicos hasta llegar a la cocaína. Bolivia no está de acuerdo con el reemplazo de café por la coca, pero no tiene que ser un completo reemplazo, pero idealmente y por razones económicas, es que el café debería dominar los cultivos en Bolivia.

La exportación de la planta de coca de Bolivia no es mucha,  si se considera que la hoja de coca en Bolivia generó aproximadamente US$ 265 millones en 2009[16], y es muy similar si se cambia a café. El consumo de coca en Bolivia es considerable, pero en un área pequeña se puede producir coca suficiente para satisfacer  la demanda doméstica. En este sentido, es posible pensar en la transición o “co-plantacion” del café y la coca. Tomando en cuenta que hay aproximadamente 23,000 hectáreas de plantaciones de coca en Bolivia, en la zona de los Yungas y Chapare. Si de esas 23,000 hectáreas, 2,000 fueran de coca, 19,000 de café y 2,000 de caucho la economía de Bolivia crecería, pero no mucho más de lo que hace al producir coca. El uso de la coca en Bolivia es local y la que se exporta se hace legalmente y bajo estrictos lineamientos de la UNODC. Sin embargo, con mayores plantaciones de café, Bolivia podría subir al top 10 de los países que más produce café, debido a su localización y éxito en cultivaciones. Sin embargo, en términos de recursos financieros y crecimiento económico, si Bolivia decide cambiar y erradicar todas las cultivaciones de coca y reemplazarlas por café u otros cultivos, la economía no se vería muy afectada.

La UNODC ha tenido un gran papel en el monitoreo de plantaciones de coca en Bolivia desde el 2003. Con esto ha disminuido el cultivo de coca hasta un 26%, lo más bajo desde el 2002. Para todos los fines, si Bolivia consume la coca internamente y la UNODC en conjunto con los Estados Unidos monitorea los cultivos y el tráfico de esta planta no hay razón por la cual Bolivia deberá dejar de cultivar coca. Ahora, si quiere producir café en conjunto con coca, se necesitan fondos y tecnología que los Estados Unidos estarían dispuestos a proporcionar con el fin de que la hoja de coca deje de ser producida. No es tanto una transición lo que es necesario, sino una coproducción de café y coca. Mientras la coca se consuma localmente y se exporte de manera legal, una completa transición en si no es necesaria.

BIBLIOGRAFÍA

  1. Barbier, C. (2015, April 24). Bolivia resists global pressure to do away with coca crop.
  2. Estado Plurinacional de Bolivia Monitoreo de Cultivos de Coca 2009. (2010).
  3. Friedman-Rudovsky, J. (2012, February 29). Bolivian Buzz: Coca Farmers Switch to Coffee Beans.
  4. Garza, M. (2005). U.S. Drug and Coca Eradication Policies in Bolivia.Harvard Law Review Latin America.
  5. Healy, K. (n.d.). The Cocaine Industry in Bolivia – Its Impact on the Peasantry.
  6. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html
  7. McDermott, J. (2015, May 6). Is Colombia Again the World’s Top Cocaine Producer?
  8. Proyecto BolF57. (2010)
  9. Sarita, K. (n.d). South American Cocaine Production.
  10. Szenthe, A. (2015, March 8). Top 10 Coffee Producing Countries (2014).

El autor cursa actualmente la Licenciatura en “Economía” en The Ohio State University en Columbus Ohio, EUA. Para contactarlo: gomeztena.1@osu.edu

[1] http://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp

[2] https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

[3] http://www.richestlifestyle.com/poorest-countries-in-south-america/2/

[4] http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2107750,00.html

[5] http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/bolivia/south-american-cocaine-production

[6] http://www.insightcrime.org/news-analysis/colombia-again-world-top-cocaine-producer

[7] https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf

[8] http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/bolivia-coca-growing-cocaine

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] World Drug Report 2015

[12] World Drug Report 2015.

[13] http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/bolivia-coca-growing-cocaine

[14] Ibid.

[15] http://revista.drclas.harvard.edu/book/us-drug-and-coca-eradication-policies-bolivia

[16] http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Bolivia/BOLIVIA-COCA-SURVEY-2010-ES-WEB.pdf

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Leoluca Orlando, Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana

Por Giada Greco[1]

 El objetivo del presente artículo se enfoca en la manera en la que las políticas culturales, de restauración del patrimonio histórico, de educación y de medios de comunicación, pueden resultar complementarias a las políticas más tradicionales de combate al crimen organizado, como el trabajo de la magistratura y la política criminal. Las políticas culturales son medidas preventivas, cuyos resultados se incorporan en la estructura social con consecuencias en el largo plazo; estas políticas debilitan las oportunidades criminales y los incentivos para ser parte de la criminalidad organizada y evitan su aceptación y justificación en la vida de cada persona y en la sociedad. Se trata de crear una consciencia colectiva y compartir información.

Ilustración 1. Artículo del periódico l’Unitá de 1983. ‘Terror mafioso: Palermo como Beirut. La matanza para asesinar al juez Chinnici’

Ilustración 1. Artículo del periódico l’Unitá de 1983. ‘Terror mafioso: Palermo como Beirut. La matanza para asesinar al juez Chinnici’

El libro ‘Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana’ del alcalde de Palermo Leoluca Orlando, es la crónica de cómo la ciudad logró cambiar la cultura de la ilegalidad a finales de los años noventa del pasado siglo con este enfoque. Para poder entender este proceso de crecimiento cultural y económico, y examinar si realmente se puede hablar de éxito, primero hay que analizar históricamente el Palermo del pasado siglo, el conocido como ‘Líbano de Italia’.

 La Mafia siciliana, o Cosa Nostra, fue la directa consecuencia de la falta de un estado fuerte en el territorio y de sus efectos; la población siciliana nunca creyó que la justicia llegaría a su tierra, por lo que empezó a servirse de los ‘hombres de honor’ para que cumplieran lo que cualquier otro gobierno burocrático de las demás ciudades europeas hacía. Y fue justo la creación del mito de la sociedad mafiosa que hacía que funcionara el orden social según ideales bien definidos, el que aseguró el éxito de la Cosa Nostra (Orlando 2003, p.19).

 En los años cuarenta el miedo a la pobreza hizo que los palermitanos toleraran la Mafia. Los Estados Unidos no la eliminaron del orden social que dejaron después de la Segunda Guerra Mundial y por eso no solamente fue integrada, sino que logró formar una alianza con el partido Demócrata-Cristiano (DC), opositor del comunismo. Este plan permitió al partido quedarse en el poder durante décadas: “Los líderes y gobiernos iban y venían, pero los demócrata-cristianos eran eternos” (Orlando 2003, p.54).

 Los años cincuenta fueron los años del ‘Saqueo de Palermo’ (Sacco di Palermo) y de la especulación edilicia: la imagen de la ciudad fue devastada por el ‘modernismo de la Mafia’ (Orlando 2003, p.36). Fueron los años de Salvo Lima y Vito Ciancimino, miembros de la DC que empezaron a tejer relaciones en el mundo de la política.

 En los años setenta, como consecuencia de la Primera Guerra de la Mafia[2] y de la creación de la Comisión Antimafia, la Cosa Nostra tuvo que actuar sin perturbar el equilibrio social. En estas circunstancias, empezó el ascenso de la facción de los ‘corleoneses’[3] cuyos miembros más notorios fueron Salvatore (Totó) Riina (llamado ‘la belva’, es decir la bestia) y Bernardo Provenzano (‘u tratturi’, el tractor, por su determinación al asesinar). Raramente, la atención internacional se detiene en sus perfiles psicosociales de hombres de pueblo, sin educación y originalmente de clase baja: una imagen considerablemente diferente de lo que pintan las películas.[4] La Segunda Guerra de la Mafia empezó porque los corleoneses no estaban interesados en el perverso mecanismo democrático por el que se regía la Cosa Nostra.

Ilustración 2. ‘Aquí yace la esperanza de los palermitanos honestos’. Un mensaje anónimo que se encontró el día siguiente del asesinato de Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Ilustración 2. ‘Aquí yace la esperanza de los palermitanos honestos’. Un mensaje anónimo que se encontró el día siguiente del asesinato de Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Una respuesta fundamental de las instituciones fue la creación del ‘Pool Antimafia’[5], desarrollado por el consejero instructor de Palermo, Rocco Chinnici. En 1982, gracias a la indignación de la opinión pública después del asesinato de Carlo Alberto Dalla Chiesa, oficial de los Carabinieri, fue aprobada la ley 646/1982 Rognoni-La Torre, que definía la asociación de tipo mafioso (ex art. 416 bis) y permitía incautar y confiscar propiedades de la Mafia.

Los años ochenta fueron caracterizados por el intenso trabajo de los magistrados del Pool Antimafia – entre los más reconocidos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino – que, gracias a los informantes que revelaron al mundo la existencia de una organización unitaria y piramidal, llegaron a instituir en 1986 un ‘Maxi-proceso’ (Maxiprocesso) de inicialmente, 475 acusados que terminó con 19 condenas perpetuas y 342 penas de prisión.

 Esta estrategia fue fundamental para luchar contra la Mafia, pero no fue la única. Leoluca Orlando, autor del libro y cuatro veces alcalde de Palermo (de 1985 a 1990, de 1993 a 1997, de 1997 a 2000 y de 2012 hasta nuestros días) escribe: “[…] los tribunales son solamente la línea de frente de la campaña contra la violencia y el desacato a la ley. El otro frente es la cultura. […] de alguna manera teníamos que inyectar anticuerpos inmunizadores a la cultura siciliana.”(Orlando 2003, p.49). La situación de la ciudad era crítica: el Teatro Massimo, un teatro de ópera neoclásico, se volvió símbolo de la corrupción y asfixia que la Mafia infligía en la sociedad, cuando en 1974 cerró para convertirse en cuartel de la Mafia[6] y volvió a abrir sus puertas gracias a una fuerte inversión pública en 1997. Otros ejemplos eran la empresa de transportes públicos de la municipalidad, que casi no existía porque no había suficientes autobuses y la falta de recolección de basura porque la Mafia había abandonado esta tarea hacía tiempo. Junto con los lugares públicos, la Mafia además se había apropiado del sistema educativo, porque tener una población ignorante era clave para mantener su poder, y al mismo tiempo podía ganar dinero alquilando los locales a la municipalidad (Orlando 2003, p.104).

El alcalde de Palermo decidió moverse en cuatro direcciones: 1. medios de comunicación, 2. cultura, 3. educación y 4. urbanismo. El objetivo común era crear una conciencia cívica basada en el estado de derecho.

Medios de comunicación

El objetivo fue llegar a tener una prensa libre y agresiva que se comprometiera con el tema de la Mafia. Los periódicos y la televisión se dedicaban a pintar imágenes de una sociedad ‘normal’ y pronunciaban la palabra ‘Mafia’ en los años setenta, sólo cuando ya no era posible evitarlo. En 1989, el alcalde de Palermo decidió no conceder ni entrevistas ni declaraciones a los periodistas del único periódico de la ciudad en aquel entonces ‘Il Giornale di Sicilia’, porque reportaba noticias que oscurecían los méritos de los magistrados de Palermo; una decisión que tuvo más impacto cuando Orlando empezó su campaña para la alcaldía en 1993. El resultado fue que seis meses después de su victoria en las elecciones, se empezó a publicar un segundo periódico en Palermo e ‘Il Giornale’ se convirtió en un fuerte apoyo de la apertura cívica (Orlando 2003, pp.189,190).

Cultura

El programa ‘Adopte un monumento’[7] fue particularmente importante: más del 80% de los monumentos históricos fueron restaurados. No solo fue importante por el éxito que tuvo entre los palermitanos – se adoptaron 160 monumentos y de esos fueron abiertos al público más del 60% y restaurados los demás – sino porque permitió sembrar la semilla del ‘bien común’ (Orlando 2003, pp.199, 200).

La Cosa Nostra había creado un ‘sistema de seguridad social’ para los miembros de la organización que iban a la cárcel. La alcaldía de Palermo entendió que era necesario romper el sistema evitando esa relación de dependencia y empezó a prestar servicios en las prisiones; crearon centros donde los mafiosos podían pasar el tiempo con sus hijos, dieron trabajo a las esposas y las formaron para organizar eventos y les facilitaron el conseguir trabajos honestos al salir de la cárcel (Orlando 2003, p.210).

Educación

Junto a los editores del periódico, la alcaldía decidió dedicar a los niños una página diaria en la que podían hablar de los problemas de sus escuelas. El alcalde escribía una nota a cada niño para asegurarle que el problema se resolvería y la policía se dedicaba a entregarlas. No solo se demostró la importancia de una prensa libre para la ciudadanía y que la policía era parte del proceso, sino también que denunciar los problemas lograba resultados.

En los años ochenta, en ciertos distritos los niños no completaban la escuela, el nivel de analfabetismo o semi-analfabetismo era insostenible. La alcaldía de Palermo se dedicó a luchar contra este fenómeno hasta que logró reducir en dos tercios la tasa de deserción escolar a finales de 1990 (Orlando 2003, p.198). “Queríamos educar a los niños en habilidades intelectuales y académicas básicas. También queríamos educarlos para proteger su patrimonio y de este modo evitar que fueran nuevamente robados por la Cosa Nostra.”[8] De esta manera surgió el programa ‘Adopte un monumento’.

Urbanismo

La municipalidad contrató una nueva empresa para los servicios de alcantarillado y mantenimiento de las calles, contrató recolectores de basura, organizó de nuevo a la policía de tránsito: en aquel momento no tenía uniformes y era completamente ineficiente. Cerró a la circulación vehicular la vía central Principe di Belmonte para que los palermitanos pudieran salir a la calle nuevamente y convivir (Orlando 2003, pp.104, 188). Se dedicaron a la renovación de la iglesia gótica Santa Maria Dello Spasimo, utilizada como almacén, hospital y asilo de ancianos a través de los siglos y luego como depósito de materiales de construcción durante el Saqueo de Palermo. Otra área que se cerró durante décadas fue la que estaba alrededor del Castello di Zisa, un castillo árabe-normando del siglo XII. La alcaldía reparó, limpió, pavimentó calles, restauró las antiguas fuentes y creó áreas verdes. Los verdaderos signos del cambio se notaron en la calidad de vida, en las calles y en las plazas. Para Palermo fue algo más profundo que una simple remodelación de la ciudad: los palermitanos volvían a tener control de su propio territorio, reclamándolo a las manos enemigas. Orlando escribe: “Creo también que una ciudad cuyos espacios públicos son amados y protegidos es una ciudad donde hay poco margen para la ilegalidad.”(Orlando 2003, p.200).

En junio de 1999, Palermo se volvió una gran ciudad europea; la agencia de calificación de riesgo Moody’s, con sus estándares crediticios, le dió un Aa3,[9] el cuarto nivel más alto de evaluación, la misma posición que Estocolmo y Barcelona y mayor que New York.[10] Fue un claro signo de los cambios estructurales profundos y de que la Primavera de Palermo había empezado. El emblema de su renacimiento fue cuando, entre otras ciudades que lo solicitaron, se convirtió en la sede dónde se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, en diciembre 2000. La ciudad, que hace una década se consideraba como la capital del crimen organizado, llegó a ser el epicentro de la lucha internacional contra la Mafia y una lección para el mundo. Con la Ley 25 marzo 1993, n.81 los italianos pudieron elegir directamente sus alcaldes y no solamente el partido, como en el pasado. De esa manera, el entendido de que los mafiosos eran parte de una sociedad de honor superior a la sociedad civil no podía volver a funcionar; por vez primera después de la guerra hubo elecciones libres en Palermo.

 ¿Un éxito?

Italia bellaSi nos quedáramos en 1999, la experiencia de Palermo se consideraría sin duda un éxito. Pero, con el paso del tiempo, ese crecimiento se volvió cada vez más pequeño, hasta que después de sólo diez años la misma Moody’s, rebajó a Palermo, la provincia y la región entera, al nivel Baa3 y luego Ba1 por un ‘riesgo de crédito sustancial’.[11] Según la agencia, la condición de la isla es el reflejo del deterioro del funcionamiento operativo y el déficit presupuestario relacionados a un estancamiento en los ingresos y un perfil de gasto rígido.

 La fuerte disminución de la tasa de homicidios que ha ido caracterizando a Italia en los últimos veinte años, no se puede generalizar para todo el Mezzogiorno:[12] la disminución más elevada ha sido en Sicilia (donde pasó de una tasa de más de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1990 a una tasa de 1,2 en 2009 – valor igual al promedio italiano) (Barbagli and Colombo 2010, p.105). En 2011 la tasa de homicidios en Palermo siguió siendo de 1,2 por 100.000 habitantes: un valor en congruencia con el dato regional, levemente inferior al promedio provincial y del Mezzogiorno (1,3 en los dos casos) pero superior al promedio nacional (0,9) (ISTAT 2010). Es muy interesante notar que, aunque el número de homicidios bajó considerablemente, en los últimos años aumentó la percepción de inseguridad de los italianos (ISTAT 2008-2009).[13] Parece que después de llegar a un tope en los años noventa, la percepción de inseguridad se mantuvo en el mismo nivel (Barbagli and Colombo 2010, p.35).

 La presencia de áreas verdes y parques urbanos de interés histórico o artístico en Palermo representa el 1,1% de la superficie de los centros urbanos. Es un porcentaje significativamente menor al que se registró en conjunto de las capitales de provincia (Barbagli and Colombo 2010, p.35). Por lo que concierne al tejido urbano histórico, tomando en consideración el estado de conservación de los edificios habitados construidos antes de 1919, en la municipalidad de Palermo (ISTAT 2001), solo el 29,2% de ellos se encuentra en buen estado. Es un valor 16% inferior al provincial, 22% inferior al Mezzogiorno y 32% inferior al promedio nacional (ISTAT 2010). En 2012, en la provincia de Palermo solo el 43,4% de las personas entre 20 y 64 años resultó estar ocupada, 4,3% menos que el 2007, mientras que en los años 2004/2007 la tasa de ocupación aumentó 1,6%. De todos modos cabe mencionar la posibilidad de que estos niveles de desempleo puedan estar relacionados a los efectos de la crisis económica que afectó los países del Sur de Europa.[14]

 En 2012, este crítico nivel de ocupación resultó ser 4,2% menor al Mezzogiorno, 17,6% del promedio nacional. La tasa de no participación laboral, que considera no solo los desempleados sino también la fuerza de trabajo potencial, en 2012 fue de 40,2% en la provincia de Palermo. Más que al doble del promedio nacional (20%) y 6% mayor al Mezzogiorno (ISTAT 2010). El nivel de competencia alfabética[15] de los estudiantes palermitanos es de 188,6 mientras que el valor de los estudiantes del Mezzogiorno es de 190,6  y el promedio nacional es 200,0. El valor de la ciudad de Palermo es superior a lo de la provincia (187,6) y sobre todo, a lo de Sicilia (185, 2). El nivel de competencia numérica es de 189,9, también en este caso es menor al del Mezzogiorno (192,6) y el nacional (200,0) y poco superior al de la provincia (188,5) (ISTAT 2010).

 En la inauguración del año judicial 2015,[16] el Presidente de la Corte de Apelaciones de Palermo Ivan Marino lanzó la alarma sobre la situación de la ciudad: la Mafia sigue teniendo mucho poder y hay un gran aumento de feminicidios, pedofilia y trata de personas.[17] Lanzó también la alarma de seguridad para los jueces palermitanos que investigan sobre la ‘negociación Estado-Mafia’[18] y que están expuestos a grandes riesgos como los jueces del Pool Antimafia en los años ochenta.

Ilustración 3. Marta Cimino instituyó el ‘Comité de las sábanas’ 'No los mataron. Sus ideas caminan sobre nuestras piernas'

Ilustración 3. Marta Cimino instituyó el ‘Comité de las sábanas’
‘No los mataron. Sus ideas caminan sobre nuestras piernas’

Evaluar si la experiencia siciliana podría considerarse un éxito, no es tarea fácil. Lo mejor sería fijarse no tanto en los cambios en sí, sino en su relevancia con respecto al pasado. Los asesinatos de los magistrados Paolo Borsellino y Giovanni Falcone de 1992, junto con las demás víctimas de la Mafia, impactaron a la nación y animaron el movimiento antimafia. La población siciliana empezó a manifestar su indignación colgando sábanas en sus balcones: un gesto de mucho significado para una población que en el pasado ni pronunciaba la palabra ‘Mafia’. Otro punto significativo fue cuando la alcaldía de Palermo, en calidad de parte afectada, participó como demandante en el Maxi-proceso. El mensaje que el alcalde Orlando quiso comunicar fue que toda la comunidad palermitana era víctima de la Mafia y que por eso era necesario darle una voz.

Por lo que concierne la desclasificación de Baa3 a Ba1, cabe mencionar que en febrero 2014, Moody’s afirmó que la región de Sicilia se quedaba en el mismo nivel pero que se le consideraba estable y no más negativa.[19] El asesor de economía Luca Bianchi subrayó que la baja en el índice de clasificación fue algo esperado dado que tenía que ver con la coyuntura económica del 2012, año en que hubo un déficit de 1 mil millones de Euros. El gobierno del presidente de la región de Sicilia, Rosario Crocetta, en 2013 realizó una maniobra financiera para reducir el déficit. Una maniobra bien acogida por los mismos analistas de Moody’s.

 El volumen de las investigaciones personales y patrimoniales es la manifestación evidente de una respuesta continua y masiva a las actividades de las organizaciones delictivas. La captura de los individuos bajo orden de aprehensión, las medidas de prevención patrimoniales, y la confiscación de los bienes de la Mafia son métodos evidentes para reafirmar la presencia del Estado en el territorio, destrozando la imagen de impunidad que construyeron durante años de delitos violentos. Eso determinó la legislación del tema de confiscación de bienes de las organizaciones criminales. Brevemente, la Ley 4/2010 se enfoca en la importancia de indemnizar a la colectividad local para disminuir el poder y prestigio de los mafiosos. La Ley 7 Marzo 1996 n.109 da disposiciones sobre el manejo y el destino de los bienes confiscados. Erradicar las organizaciones criminales de los territorios donde operan es la base para su derrota, ya que se les está retirando del área donde cuentan con protección y apoyo.

 La capacidad de adquirir conciencia de la existencia de fenómenos evolutivos, sea en el desarrollo de actividades investigativas o en la proposición de disciplinas normativas que estén en línea con las nuevas necesidades de medir una Mafia que cambió su modelo de organización y sus dinámicas internas, constituye garantía de una cada vez más eficaz lucha al fenómeno mafioso. Parece que la Mafia perdió sus características históricas de unidad típica del modelo palermitano hacia órdenes que dependen de equilibrios y estrategias de delitos locales, con la consecuente creación de redes de relaciones criminales que crean ‘centros de influencia’ comunes. Permanecen elementos de dudas sobre el éxito de estas políticas, sobre todo en los sistemas socio-territoriales y económico-profesionales, con un alto grado de penetración por parte de la Mafia. El succeso de la Mafia contemporánea se relaciona, además que con su fama intimidatoria en la población siciliana, en su evolución social y económica. La mayor facilidad de acceso a las instituciones y la mayor disponibilidad de recursos y educación, hacen que ya no es necesario utilizar la violencia para cumplir con sus objetivos. Muchas disputas se resuelven en los tribunales, por ejemplo.

 Hoy en día las mafias con más determinación tienden a buscar formas de legitimación social y políticas que puedan permitirle salir del área gris donde vivieron durante años. Tienen el objetivo de tejer relaciones con los que tienen poder, en el mundo de la industria y de la política, esperando individualizar las condiciones más aptas para estabilizar su organización. Como consecuencia tenemos una contaminación de la economía legal llevada a cabo por mecanismos y modelos de manejo de tipo empresarial. La Mafia en Palermo sigue existiendo: extorsiona, trafica droga y corrompe a los políticos. No ha sido desarraigada sino lo que se hizo fue tratar de quitarla de la actualidad colectiva y mermar su hegemonía. La Mafia mató personas, pero no mató ni sus nombres ni sus ideales. Falcone y Borsellino siguen siendo un ejemplo no solo para los italianos que vivieron esa época sino para las nuevas generaciones.

 El libro Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana, 2003, Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra disponible en la biblioteca del Centro de Excelencia.


[1] La autora cursa actualmente la Maestría en ‘Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo’ en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, Italia.
Para contactarla: giadagrecobs@gmail.com

[2] La primera Guerra de Mafia fue en los años Sesenta, entre facciones opuestas en la Cosa Nostra. La Segunda empezó el 23 abril 1981, con el asesinato de Stefano Bontate, uno de los jefes palermitanos de Cosa Nostra. En este caso se trató de una Guerra contra el Estado.

[3] Habitantes de Corleone, un pequeño pueblo en la provincia de Palermo.

[4] Hasta los más sofisticados jefes de Palermo los apodaron ‘viddani’ (ásperos, rudos).

[5] Un grupo de magistrados que se ocupaba de casos de Mafia: de esa manera, toda la información sobre la investigación se compartía entre un grupo de expertos.

[6] En el antiguo Club de Prensa del teatro Massimo, Vito Ciancimino y Stefano Bontate jugaban cartas con sus seguidores. (Orlando 2003, p.194)

[7] Fue una iniciativa primariamente simbólica: los niños eligieron representantes que subieron al estrato. Rita Borsellino y Maria Falcone entregaron a cada representante un certificado de adopción oficial y luego cada niño recibió su medalla. Pero el entusiasmo de los niños contagió empresarios, miembros de Rotary Club y comerciantes que empezaron a presentar fondos y cabildear para que se restaurara el monumento que elegían (ORLANDO 2003, pp. 199,200).

[8] Orlando 2003, p.198

[9] El índice de calificación de riesgo de la agencia Moody’s tiene 21 rangos, que van de la Aaa, la mejor calificación, a la C, la peor. Específicamente, las obligaciones, los Fondos de Mercado de Dinero y los Fondos Bonds clasificados Aa se consideran ‘de alta calidad y sujetos a un muy bajo riesgo de crédito’. Las obligaciones clasificadas Baa se consideran ‘sujetas a un moderado riesgo de crédito’ porque poseen ciertas características especulativas. Se considera que las obligaciones clasificadas Ba tienen elementos especulativos y son ‘sujetas a un sustancial riesgo de crédito’. Véase:
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand%20Definitions.pdf

Moody's

Véase también: https://www.moodys.com/research/MOODYS-ASSIGNS-Aa3-RATING-TO-THE-CITY-OF-PALERMO–PR_40493

[10]https://www.moodys.com/research/MOODYS-RAISES-NYPAS-RATING-TO-Aa2-ON-SALE-OF-NUCLEAR–PRM_20001128115324 (New York)

https://www.moodys.com/research/MOODYS-PLACES-Aa3-LONG-TERM-DEBT-RATING-OF-CITY-OF–PR_39656 (Estocolmo)

https://www.moodys.com/research/MOODY-S-CONFIRMS-THE-Aa3B-RATINGS-OF-LA-CAIXA-AND–PR_39955 (Barcelona)

[11] https://www.moodys.com/research/Moodys-Withdraws-City-of-Palermos-Aa3-Issuer-rating-Italy–PR_120739

[12] El término ‘Mezzogiorno’ (Mediodía) se refiere al conjunto de las regiones del sur de Italia: Abruzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pulla, Cerdeña y Sicilia.

[13] Según la encuesta de victimización ‘Seguridad de los ciudadanos’ de 2008-2009, que es a nivel nacional y no en Palermo, a la pregunta ‘¿Cuánto se siente seguro en la zona donde vive saliendo a la calle en la oscuridad?’ el 19,9% de los italianos contestó que se siente ‘poco seguro’, el 9% que ‘nada seguro’ y el 11,6% declaró que ‘nunca sale (solo)’ en estas circunstancias. A la pregunta ‘¿Cuánto afecta sus hábitos el miedo a la criminalidad?’ el 15,8% de los italianos afirmó que ‘mucho’ y el 32,7% ‘bastante’. En la  misma encuesta hay un repartimiento por áreas geográficas: a las mismas preguntas, los ciudadanos del Sur de Italia contestaron que el 22% se siente ‘poco seguro’, el 11,2% que ‘nada seguro’ y el 11,4% que ‘nunca sale (solo)’ en estas circunstancias; el 20,2% siente que el miedo a la criminalidad afecta mucho sus hábitos y el 34,5% bastante.
Haciendo una comparación con las encuestas de 1997-1998 y 2002, se observa que el porcentaje de los italianos que consideran la zona donde viven ‘poco’ o ‘nada’ segura ha sido estable en estos años y que el porcentaje de los que la consideran ‘muy segura’ ha bajado con respecto al pasado.
A la pregunta ‘¿La criminalidad es mayor, igual o menor que hace un año?’ el 19,6% contestó que ‘mayor’, el 63,8% que ‘igual’ y el 9,1% que ‘menor’. En el Sur de Italia, el 19,8% declaró que ‘mayor’, el 61,2% que ‘igual’ y el 11,9% que ‘menor’.
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101122_00/testointegrale20101122.pdf

[14] En 2012, por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes en España fue de 52,9%, en Portugal de 37,7%, en Grecia de 55,3% y en Italia de 35,3%.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment,_2013Q4_(%25).png

[15] La competencia alfabética funcional es la capacidad de entender y utilizar la información de un texto escrito en las actividades cotidianas, en casa, en el trabajo y en la vida social, para lograr los propios objetivos y desarrollar propios contecimientos y potencialidades. La competencia numérica es la capacidad de entender, interpretar, razonar a través del sistema cognitivo de los números y de las cantidades.
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=631
La medición de estas competencias fue llevada a cabo por INVALSI, el Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema Educativo de Educación y Formación. Las cifras corresponden a la puntuación de respuestas correctas a los test entregados a los alumnos. Para más información véase: http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=chisiamo

[16] En el ordenamiento jurídico italiano, el año judicial es el período que corresponde al año solar y en el que se realiza la actividad judicial según un calendario establecido. Cada año, una ceremonia solemne celebra la apertura del nuevo período judicial.

[17] El discurso está disponible en:
http://www.giustizia.palermo.it/CorteAppello/documentazione/D_3239.pdf

[18] Las Procuras de Palermo y Caltanissetta están indagando sobre una probable negociación que nació después de las matanzas de 1992 y 1993 entre las autoridades del Estado y Cosa Nostra.

[19] http://www.lasiciliaweb.it/articolo/113225/economia/regione-siciliana-da-negativa-a-stabile-per-moodys-condizioni-in-miglioramento

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/economia/2014/19-febbraio-2014/moody-s-promuove-regioneprospettive-negative-stabili-2224096949673.shtml


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http://www.centroimpastato.it/publ/online/dizio_istituzionale.php3

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 ISTAT (2010), Urbes. Palermo. I numeri del territorio
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 Orlando, L. (2003) Hacia una cultura de la legalidad. La experiencia siciliana, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana

 Schneider P.T. and Schneider J.C (2003) Reversible Destiny: Mafia, Antimafia, and the Struggle for Palermo, Berkeley and Los Angeles, University of California Press

Vigna, P.L. (2006) Fighting Organized Crime, with Particular Reference to Mafia Crimes in Italy, in Journal of International Criminal Justice, 4 (3), pp. 522-527

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Explorando los códigos del submundo criminal

Por: William Knechtel*

El libro de Diego Gambetta Codes of the Underworld: How Criminals Communicate (Códigos del submundo: Cómo se comunica los criminales)  explora cómo los criminales confían, señalan y se comunican entre sí, en una esfera secreta de relaciones delincuenciales. Un obstáculo importante para el comercio delincuencial a nivel internacional internacional, es que la información es tan incierta como crucial. Hechos y mentiras se entremezclan a través de las economías ilegales y, en consecuencia, los empresarios criminales experimentan desafíos únicos relacionados con sus negocios.

Este libro está disponible al público en la biblioteca del Centro de Excelencia.

Este libro está disponible al público en la biblioteca del Centro de Excelencia

Las alianzas criminales siguen siendo un enigma; a menudo, amigos y enemigos son indistinguibles. Los problemas asociados a la rendición de cuentas aumentan porque están fuera de la ley, produciendo mentiras sobre sus credenciales y experiencias pasadas. El papel de la policía encubierta, que debe idear estrategias clandestinas e imitar a “los malos” para capturar delincuentes, sólo consigue enturbiar —aún más— las aguas de la comunicación y la confianza. Teniendo en cuenta estos desafíos comerciales en las economías ilegales, ¿cómo logran los criminales desarrollar un ambiente de confianza, los unos con los otros? La respuesta a esta paradoja es cuidadosamente investigada en el libro de Gambetta Los códigos del submundo.

En definitiva, el autor concluye que los delincuentes desarrollan confianza mediante el envío de señales costosas y una lectura cuidadosa de signos, gestos y símbolos ocultos.

Como exalumno de Oxford y actual profesor de Sociología en el Instituto Universitario Europeo, Gambetta es reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre las mafias, y la confianza e imitación. En 1983, después de obtener un doctorado por la Universidad de Cambridge, Gambetta colaboró con el economista disidente de Oxford, Michael Bacharach para desarrollar un enfoque sociológico de la Teoría de Señalización (ST). (Nicholls, 2009, p.22). Ésta explora las condiciones que permiten a una señal transmitida, ser racionalmente creída por un receptor, cuando el emisor quiere “simplemente pretender que [la señal] es verdad” (2009, XVII). Gambetta ha publicado investigaciones sobre los dilemas enfrentados por una serie de agentes, que incluye mafias (1993), taxistas (Gambetta y Hamill, 2005), y misiones suicidas (2005).

Su experiencia, en el análisis de dilemas de señalización, es claramente evidente en Los códigos del submundo. Aquí, Gambetta utiliza como ejemplos casos de la mafia siciliana, estudios etnográficos de prisión, biografías criminales, pruebas ante tribunales, y fuentes de los medios de comunicación con teorías autenticas. La investigación detalla clara y concisamente las técnicas criminales empleadas para superar obstáculos en la comunicación de sus planes, la validación de sus credenciales, el desarrollo de la confianza dentro de sus grupos y la señalización de sus verdaderas intenciones.

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Gambetta señaló que Thomas Schelling es el “antepasado real” de la perspectiva teórica, que adoptó en Los códigos del submundo (Nicholls, 2009, p.24). Schelling es un galardonado y distinguido profesor de Asuntos Exteriores, Seguridad Nacional y Control de Armas de la Universidad de Maryland; su investigación, acerca de la diplomacia y el conflicto, es considerada una de las contribuciones más importantes a las ciencias sociales, sobre todo en Economía, Ciencia Política y Sociología. Gambetta desarrolló ideas acerca de las interrelaciones criminales desde el enfoque de Shelling, el cual se centra en una cooperación interestatal en un ambiente que carece de mecanismos institucionales (Nicholls, 2009, p.24).

La influencia directa de Schelling sobre Gambetta, en el libro Los códigos del submundo, se refleja en el capítulo cinco titulado “Self-Harm como señal”. Aquí, se basa en el libro de Schelling Estrategias de Conflictos (1981), el cual, describe los beneficios estratégicos de comportarse “mal [e] irracionalmente” (Gambetta, 2009, xiii). Basándose en la obra de Schelling, Gambetta se centra en dos tipos de señales criminales: las costosas y las convencionales. De esta manera, Los códigos… está dividido en dos secciones, a través de las cuales ambos conceptos se abordan mediante una serie de ensayos.

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Figura 1. Crédito: Lisa Campbell

 

Los primeros cinco capítulos giran en torno al concepto de mimetismo, y explican cómo se desarrolla la confianza en las relaciones sociales en las cuales dichas señales pueden ser imitadas fácilmente. La idea central es que los criminales desarrollan confianza realizando acciones que sólo un verdadero delincuente podría enviar.

Las señales difíciles de imitar incluyen una serie de comportamientos y “acontecimientos de vida”, como penas de prisión, comisión de actos delictivos e historiales de violencia. Un análisis del personaje “Sr. Rubio”, en la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, ofrece un ejemplo de cómo la confianza se desarrolla mediante un complejo y costoso envío de señales falsas. Cuando los delincuentes sobrevivientes de un robo fallido se reagrupan en un almacén abandonado, advierten que uno es un oficial encubierto de la policía; inseguros de en quién confiar, los delincuentes, inmediatamente, reconocen que el “Sr. Rubio” no era agente encubierto, porque durante el atraco asesinó a varios rehenes. Aunque de forma ficticia, las acciones del “Sr. Rubio” ilustran que la violencia puede desempeñar un papel en la criminalidad para generar “buena fe”. La violencia es una de las muchas señales costosas, que Gambetta investiga en estos capítulos. En ese sentido, los lectores pueden asimilar que la confianza entre los criminales se crea mediante el intercambio de información comprometedora (Capítulo 3), y porque la policía encubierta, a veces, muestra desinterés en las propuestas lucrativas para convencer a los que les rodean, de que, efectivamente son criminales (Capítulo 2).

Tal vez, la táctica más bizarra para ganarse la confianza de criminales, es la llamada “incompetencia enfatizada”. En concreto, un criminal puede demostrar su honestidad puntualizando su ineficiencia al hacer cualquier otra cosa que no sea su trabajo. Para otros delincuentes, esta “incompetencia enfatizada” es un “no te voy a traicionar, porque no podría hacerlo, incluso, si yo quisiera”. En conjunto, los cinco primeros capítulos del libro presentan una serie de ejemplos costosos de las técnicas que los criminales emplean para generar confianza, en un mundo deshonesto.

Por otro lado, la segunda parte de la obra se enfoca en las señales de comunicación costosas en un lenguaje convencional y sus inferencias simbólicas. Estos capítulos señalan cómo los criminales utilizan un lenguaje codificado, apodos, palabras comunes y expresiones esotéricas para navegar por el entorno secreto de los asuntos ilícitos. Los delincuentes emplean una comunicación codificada para ciertas razones, como cuando quieren hablar con su compañero mientras mantienen una  información privada de terceros, o cuando tienen que identificar a un miembro de su organización al que no conocen personalmente (p.149, 2009).

Según Gambetta, el enfoque en la comunicación codificada permite investigar varios enigmas interesantes, por ejemplo, cómo los criminales usan apodos (capítulo 9), y cómo la palabra “gángster” genera impacto en su mundo  (Capítulo 10). El capítulo ocho es particularmente distintivo, porque  Gambetta y su enfoque típico para problemas de comunicación criminal en un nivel individual, se complementa con una discusión sobre el rol de las marcas registradas a nivel organizacional. En el capítulo ocho, titulado “Marcas de fábrica”, Gambetta revela su conocimiento acerca de una mafia italiana, adquirido a través de una investigación sobre el papel de las marcas registradas en la generación de ganancias ilícitas. Una marca es todo signo, símbolo o mensaje utilizado por un fabricante o comerciante para significar y difundir su producto a los consumidores.

El capítulo comienza con una discusión sobre cómo las marcas registradas beneficiaron a distribuidores de heroína en la ciudad de Nueva York durante los años 1970 y 1980. En este período, los distribuidores de heroína utilizaron sellos que decían “heroína” para anunciar sus productos permitiendo la re-identificación de sus productos por varios consumidores. Gambetta, explica después que “mientras que, para los mercados más ilegales [como la venta de heroína] su reputación se forma individualmente”, la industria de la protección determina ciertas presiones del mercado, las cuales causan que delincuentes individuales hagan ‘crecer y vincular’ su reputación en las organizaciones (2009, p.205).

La reputación es un activo codiciado en este mundo, ya que sustenta la credibilidad de la organización, que a su vez, fomenta un “crecimiento económico ilícito” a largo plazo. Gambetta puntualiza la importancia de la reputación ilícita explicando que la Mafia es un negocio de protección, en donde los individuos se benefician de forma recíproca y contribuyen a las organizaciones de renombre, porque “la reputación es en sí misma, un interés común” (2009, p.206). La palabra “mafia”, por su connotación, lleva a un “estado mítico” que existe independientemente de los individuos que la encarnan “en cualquier momento” (2009, p.2009). El efecto de aquel mensaje poderoso es la unión de los individuos en un conjunto mucho más grande y sublime que cada una de sus partes  —en las palabras del famoso mafioso Salvatore Enea: “Se puede matar a un mafioso pero no se puede matar a la mafia” (p. 195, 2009).

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La falla en la investigación de Los códigos…  radica en que las dinámicas institucionales no están plenamente consideradas. Gambetta analiza las relaciones de criminalidad desde una perspectiva sumamente individualista, que no aprecia la dinámica institucional real de las redes del crimen organizado encargadas de regular la información, mitigar los problemas de confianza, y resolver los problemas comerciales.

La premisa inicial de Los códigos del submundo es que los criminales no se pueden comunicar con la misma facilidad con la que los ciudadanos dedicados al comercio lícito, pueden hacerlo. Los mercados legales disfrutan de las instituciones que fomentan el intercambio de información, mediante tareas de negocio difíciles como “la búsqueda de socios, publicidad, confiar en asociados y la comprobación de los empleados” (Gambetta, 2011, p.151). El sociólogo Randall Collins percibeesta creencia popular, acerca de los desafíos del comercio ilícito, cuando explica que la falta de acuerdos institucionales en este tipo de asuntos crea tres obstáculos básicos para este comercio: los individuos luchan por verificar sus credenciales, señalizar sus competencias y garantizar el “honor entre ladrones” (2010 , p.280-281). Los retos informativos del comercio ilegal, descritos por Collins, encarnan el punto focal de la investigación dirigida en Los códigos… : cómo los criminales confían entre sí cuando el entorno de confianza ha decrecido considerablemente.

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Por el contrario, la dureza de los problemas informativos a nivel individual se reduce radicalmente, al considerar que las redes más amplias aprovechan y definen a cada persona en el mundo ilegal. Las organizaciones criminales gobiernan, bastante bien, los espacios de comercio ilícito, a través de redes de datos complejos, los cuales ofrecen intercambios informativos mediante múltiples niveles de cohesión en la organización. La investigación de las características gubernamentales dentro de las organizaciones criminales sugiere que el enfoque individualista de señalización de Gambetta no aprecia cómo las instituciones ilícitas concilian dilemas criminales.

En resumen, los grupos del crimen organizado se componen de grupos descentralizados, en los cuales los acuerdos sociales especializados están interconectados por un complejo grado de información y divulgación (Collins, 2010, p.282). En los cárteles criminales, la información se rige por una estructura social compuesta y su red de organización. La estructura de la red detrás del proceso que rige la información, en el mundo ilícito, puede ser vista, por ejemplo, como una configuración de la organización del cártel mexicano conocido como “Los Zetas”. La investigación acerca de la estructura de dicha organización sugiere que la información en las relaciones criminales está claramente definida, monitoreada, controlada, y difundida, de forma opuesta a la manera incierta y no reglamentada que Gambetta propone en Los códigos del submundo.

En 1997, el “Cártel de Tijuana” adquirió un ejército privado y, como respuesta, el líder del “Cártel del Golfo”, Osiel Cárdenas Guillén, reclutó a treinta y un individuos que pertenecían a la élite de la unidad de fuerzas especiales, conocida como “Cuerpo de Fuerzas Especiales de México (antes llamado Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales)” el GAFE (Campbell, 2010, p.56). La Figura 1 y la Figura 2, proporcionadas por Lisa Campbell, captan las formaciones operativas y de inteligencia de “Los Zetas”, y nos dirigen hacia los complejos esquemas multidimensionales del gobierno, incrustados dentro de la organización.

En particular, las cifras ponen en manifiesto la densidad de la organización, y hacen hincapié en la composición de capas y en la red de “una amplia variedad de células” que existe en cada nivel de la jerarquía dentro de éstas organizaciones (Campbell, 2010, p.60). Los mecanismos informativos de gobernanza de “Los Zetas” se centran en la estructura logística de la organización en una red multifacética incrustada en la estructura del cártel, que transmite información horizontal y verticalmente, a través de una mezcla de funcionarios corruptos que tienen varias posiciones (abogados, policías, jueces, personal militar), las prostitutas, los informantes de baja jerarquía, las pandillas de la prisión, los vigilantes adolescentes “a nivel de la calle”, y los oficiales de inteligencia especializados. Las capacidades comunicativas de “Los Zetas” son un rompecabezas sin resolver, por lo menos, por el autor. En lugar de preguntarse (al estilo Gambetta), ¿cómo pueden confiar los criminales entre sí?, la pregunta adecuada es ¿cómo pueden los delincuentes operar en organizaciones creadas para ser deshonestas e ilícitas?

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Figura 2. Crédito: Lisa Campbell

 

Los grupos criminales controlan y regulan la información, y esto revela una visión alternativa de “códigos” en la que se centró Gambetta. La gran cantidad de herramientas de comunicación de las pandillas criminales como símbolos, tatuajes, narcomensajes violentos, y las marcas territoriales bien pueden existir como marcadores de identidad que separan a la sociedad de los miembros del bajo mundo. Por ejemplo, los narcomensajes no son medios de comunicación secretos, sino que son expresiones públicas de violencia explícita que identifican regularmente al grupo responsable (Ríos, 2013,p.149). En efecto, lo que Gambetta interpreta como la comunicación oculta y comportamientos de señalización, en realidad pueden ser entendidos como Collins sugiere, como la toma de identidad ritual dentro de las redes con fuertes límites sociales (2010, p.282).

A pesar de estas críticas, el libro Los códigos del submundo es una pieza ingeniosa de la literatura; producto de una ardua investigación hecha por Gambetta, que duró más de quince años. Las ideas del autor sugieren que los delincuentes y organizaciones criminales son sensibles y atentos a las señales de información, lo cual tiene implicaciones políticas importantes. Por ejemplo, mediante la descripción de las características de señalización del comportamiento irracional y violento, el análisis de Gambetta sugiere que existe un método, aún en la locura de la violencia, asociado con el crimen organizado.

La comprensión de las características de señalización de la violencia, incrustada en el cálculo de los grupos de delincuencia organizada, plantea preguntas críticas sobre el carácter sustantivo de la violencia en el mundo ilegal. Por ejemplo, la violencia en este mundo varía ampliamente a través del tiempo, en la misma región y en las demás las regiones, (Snyder et al, 2009). La cuestión urgente de resolver para la investigación es identificar porqué la importancia de la señalización de la violencia es valorada en algunas ocasiones, pero en otras no. Más precisamente: ¿Cuáles son las causas o influencias que explican porqué los grupos criminales cambian su cálculo de evaluación sobre el valor de la violencia?

* El autor cursa actualmente la Maestría en Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el  Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza.


 

Referencias:

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  • Nicholls, M. (2009). “An Interview with Diego Gambetta”. Oxonomics. Vol. 4, pp.21-25.
  • Gambetta, D. (2011). “Response”. Global Crime. Vol. 12, No. 2, pp. 150-159.
  • Gambetta, D. (1993). “The Sicilian Mafia: the Business of Private Protection”. Cambridge, MA: Harvard University Press
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  • Gambetta, D. (2005). “Making Sense of Suicide Missions”. Oxford: Oxford University Press.
  • Przepiorka, W. (2010). “Book Review Diego Gambetta: Codes of the Underworld: How Criminals Communicate”. Princeton NJ 2009: Princeton University Press.
  • Snyder, R. and Duran-Martinez, A. (2009). “Does Illegality Breed Violence? Drug Trafficking and State-Sponsored Protection Rackets.” Crime Law and Social Change. Vol. 52, No. 3, pp. 253-273.
  • Cambell, L. (2010). “Los Zetas: Operational Assessment”. Small Wars and Insurgencies. Vol. 21, No. 1, pp.55-80
  • Rios, V. (2013). “Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement”. Trends Organ Crime. Vol. 16, pp.138–155.
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Las consecuencias de desbaratar redes oscuras

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El trabajo de Sean Everton “Disrupting Dark Networks” (en lo sucesivo “Desbaratando Redes Oscuras”) está disponible en la Biblioteca del Centro de Excelencia. El libro explora métodos para el empleo de análisis de redes sociales para “rastrear, desestabilizar y desbaratar” las llamadas “redes oscuras” – un término amplio que se refiere a los grupos que “buscan ocultar… [sus] actividades de las autoridades” (xxv). El Análisis de Redes Sociales (ARS) se ocupa de la identificación y la comprensión de los patrones fundamentales de la interacción en las redes sociales. El ARS incorpora un amplio conjunto de métodos interdisciplinarios y teorías de la sociología, la psicología, la ciencia política y la economía que soportan una suposición fundamental, que los comportamientos de los actores se ven afectados tanto por sus vínculos sociales con los demás y por las redes más amplias en las que éstos lazos están inmersos. Las técnicas del ARS permiten a los analistas reconocer actores importantes en las redes que no son fácilmente identificables. El ARS aplicado a los estudios de seguridad se popularizó después del 11 de septiembre 2001, cuando académicos como Valdis Krebs (2001) utilizaron el ARS para estudiar la red de secuestradores del 9/11. El legado del 9/11, junto con la experiencia de Everton en software para el ARS, estudios en la materia y su experiencia como profesor de Análisis de Defensa en la Escuela Naval de Posgrados, contribuyeron a la creación de “Desbaratando Redes Oscuras” como un manual sobre contrainsurgencia que es a la vez completo y fácil de leer. Concebido como un texto introductorio para los principiantes practicantes del ARS, incluyendo expertos en terrorismo, estudiantes y responsables de las políticas en el tema, el estilo de escritura concisa de Everton logra dicho objetivo. El recorrido del texto incluye mapas, imágenes y tablas que complementan instrucciones fáciles de seguir para la utilización de cuatro programas de software diferentes para identificar métricas del ARS apropiadas para el análisis de redes. Una característica única de este libro es el uso de una base de datos real, llamada “Noordin” sobre el caso de la Red Terrorista de Indonesia, que concreta las lecciones y discusiones introductorias al ARS.

Desbaratando Redes Oscuras

(FMS Advanced Systems group, 2014)

(FMS Advanced Systems group, 2014)

Los doce capítulos del libro están diseñados para ser leídos de forma secuencial. Primero los lectores son introducidos a los conceptos temáticos tales como la teoría del ARS, los enfoques de contrainsurgencia, programas para el ARS, y las técnicas de recolección de datos. El autor describe con detalle las interfaces, características, capacidades de visualización, las fortalezas y debilidades de cuatro de los programas de software del ARS ampliamente disponibles (UCINET, NetDraw, PAJEK y ORA). A continuación se relacionan varias métricas del ARS con la base de datos Noordin a través de la descripción de instrucciones para operar los cuatro paquetes de software. Las principales métricas discutidas incluyen Topografía de Redes, Cohesión y Conglomerados, Centralidad y Prestigio, Corredores y Puentes, y puestos y modelos de bloques. Cada tema sobre las métricas sigue un formato donde las páginas iniciales pasan revista a la literatura y proporcionan una base para explicar cómo los conceptos específicos son útiles para analizar redes oscuras. Después de la introducción, Everton utiliza la base de datos Noordin para explicar las instrucciones de uso de cada uno de los cuatro paquetes. “Desbaratando Redes Oscuras” también cubre los modelos estadísticos progresistas e innovadores que son aplicables a los métodos del ARS tales como los datos geo-espaciales, modelos estadísticos y modelos de regresión.

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El capítulo final se aleja de la temática del libro como un manual del ARS. Aquí Everton discute los temas éticos inherentes al uso de software ARS para irrumpir las redes oscuras. El capítulo aborda brevemente las escuelas utilitaristas, libertarias y kantiana deontológica de pensamiento antes de pasar a una consideración más profunda de la ética aristotélica y la teoría de la guerra justa. Basándose en la literatura que se encuentra en las dos últimas escuelas, Everton argumenta que la “Justa” aplicación del ARS a las redes oscuras debe estar destinadas a promover la “paz” al limitar el daño a “civiles inocentes” (p.379). Este “giro” filosófico en el último capítulo destaca la intención del autor para usar el ARS, pero también revela un déficit teórico significativo – la premisa del libro sobre la interrupción oscuros-redes es contrario a los resultados de la investigación de un informe de 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (descrito a continuación). El informe de la UNODC establece específicamente que forzando cambios en y a través de las organizaciones ilícitas, produce la violencia que las políticas intentan resolver.

(Rios, 2013)

(Rios, 2013)

La promoción de Everton por el uso de métodos del ARS contra las redes oscuras es prudente, y el mensaje enviado a través del libro es que las técnicas de ARS no son una panacea, sino “una herramienta en la caja de herramientas” de política contrainsurgente eficiente (p.367). Everton da cuenta de que el simple uso de métodos del ARS para eliminar los miembros de las redes oscuras no hará que esas redes se disipen. Por ejemplo, señala que identificando a las personas clave en las redes oscuras rara vez elimina las organizaciones y escribe: “las redes terroristas pueden ser notablemente resistentes y a menudo se recuperan con bastante rapidez después de que un líder ha sido eliminado” (p.382). Contrastando los enfoques tradicionales de seguridad del ARS, Everton intenta situar las prácticas del ARS en un marco “más amplio” de lucha contra la insurgencia que aprecia tanto tácticas “cinéticas y no cinéticas” (es decir, molestos y no molestos) para desbaratar las redes oscuras (p. xxx) “cinética y no cinética”. En el desarrollo del marco del ARS de Everton se destaca la prudencia y se da prioridad a la investigación de la tipografía de una red antes de intentar interrumpirla (p. 136). Teniendo en cuenta las características de la topografía de una red como su tamaño o densidad se pueden limitar los negativos “efectos de segundo orden” (p.167). Los efectos de segundo orden se refieren a estrategias del ARS que producen consecuencias no deseadas. Por ejemplo, apuntar a los actores centrales en una red con medidas cinéticas puede causar que la estructura de las redes se vuelva menos densa (es decir, descentralizada) y en última instancia “más eficaz” (p.167). Teniendo en cuenta lo anterior, el manual de Everton para el uso de técnicas del ARS contra las redes oscuras es cuidadoso, calculado, y considera las consecuencias no deseadas que las medidas del ARS pueden tener sobre la estructura y eficacia de las redes oscuras.

Terroristas y criminales – ¿son lo mismo?

(Front Page Mag, 2012 [left]; Corcoran, 2013 [right])

(Front Page Mag, 2012 [left]; Corcoran, 2013 [right]) 

Dos críticas de “Desbaratando Redes Oscuras” son que Everton no proporciona las herramientas necesarias, la teoría y las consideraciones prácticas que sean necesarias para el uso “justo” del ARS, ni tampoco el material sobre la limitación de los efectos secundarios negativos de las políticas del ARS es abordado plenamente. Aunque Everton subraya la importancia de entender las características sociales de las redes oscuras; no se hace mención de las cuestiones esenciales relativas a la existencia de redes como por ejemplo si la red se basa en gran parte en las actividades “criminales” o “terroristas”. De hecho, el autor implica que no hay diferencias prácticas entre grupos criminales y terroristas para fines del ARS. En concreto, Everton define redes oscuras como “redes clandestinas e ilegales… es decir, cualquier grupo que pretende ocultar a sí mismo y sus actividades de las autoridades” que incluía “terroristas, pandillas, carteles de la droga, [y] los traficantes de armas” (xxv). Si bien existen ejemplos de redes oscuras de “bandas” y “carteles de la droga” junto a “terroristas”, Everton hace referencia a un cartel de la droga (Los Zetas) sólo una vez en 383 páginas. En el caso singular en el que se menciona un grupo criminal, Los Zetas fueron aludidos junto a grupos terroristas, incluyendo las FARC, Jemaah Islamiyah y Al Qaeda (p.380). Al centrarse exclusivamente en los grupos terroristas a través de bases de datos, ejemplos y discusiones, incluir a los grupos criminales en su definición y referirse brevemente a un grupo criminal junto con organizaciones terroristas, Everton deja a los lectores con el supuesto implícito de que los terroristas y los grupos criminales tienen características operacionales y organizacionales que requieren contramedidas similares.

Es posible identificar las similitudes estructurales entre grupos criminales y terroristas. Ambas organizaciones terroristas y criminales son el objetivo de los estados y por lo tanto operan en entornos que requieren secreto y ocultamiento. Investigaciones muestran que estos grupos diferentes desarrollan estructuras de comunicación y logística similares caracterizadas por unidades celulares descentralizadas capaces de funcionar de manera autónoma (Ver Tsvetovat y Carley, 2005; Enders y Su, 2007, relativa a las estructuras terroristas y Benson & Decker, 2010 para un estudio sobre penal estructuras). Estas similitudes socio-estructurales de secrecía son la razón por la que Everton define tanto los grupos terroristas y el crimen como “redes oscuras”. El problema conceptual es que existen diferencias motivacionales sustanciales entre las organizaciones criminales y terroristas (De Danieli, 2006, p.2). Los terroristas están motivados políticamente, mientras que los criminales son principalmente impulsados por cuestiones ​​económicas. Incluso cuando los grupos criminales y terroristas emplean métodos comparables de la violencia (como las demostraciones públicas brutas de terror), el “razonamiento” de motivación detrás de la violencia es muy diferente. Las diferentes fuentes de motivación entre grupos criminales y terroristas afectan la forma en cómo las redes responden frente a las presiones cinéticas y no cinéticas del ARS.

(The network complexity of the Familia Michoacana cartel, [PBT, 2011])

(The network complexity of the Familia Michoacana cartel, [PBT, 2011])

Dado que los rebeldes o “terroristas” son impulsados políticamente, entonces hay una base para la resolución de conflictos. A través de una combinación de intervenciones cinéticas y no cinéticas del ARS, los grupos terroristas pueden teóricamente desintegrarse, y dejar de crear y perpetuar los problemas sociales. Lo mismo no puede decirse de la interrupción de grupos criminales. Los grupos criminales son impulsados ​​económicamente, y su éxito no depende de un solo actor porque los consumidores impulsan la industria. El simple desbaratamiento de las redes criminales y el causar el cambio dentro y a través de las organizaciones que compiten produce efectos secundarios violentos que son contrarios a las intenciones previstas por el autor en el uso del ARS para promover la “paz” y la limitación de los daños a los “civiles inocentes” (p.379). Un reciente informe de 2012 sobre Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identificó que la variable crucial en la escalada de la violencia en las economías de drogas ilícitas fue “el cambio”. Específicamente el informe señala que “el principal motor de la violencia no es la cocaína, sino el cambio: el cambio en las relaciones negociadas de poder entre y dentro de los grupos, y con el Estado.” Este pronunciamiento de la UNODC se alinea con la literatura anterior que identifica de manera similar que el encarcelamiento y el asesinato de miembros de un cártel, en particular los de altos rangos, crea “vacíos de poder” que promueven la violencia dentro y a través de las organizaciones que luchan por restablecer las redes de comercio (Friman, 2009, p.286; Snyder & Martinez, 2009, p. 266; Bertram & Sharpe, 1997, p.47).

La investigación de la UNODC desafía la tesis principal del libro de Everton – de “desbaratar” los grupos criminales. En la ausencia de mecanismos legales, los contratos que promuevan la paz y la estabilidad en las economías ilícitas son sustentados por lazos “en carácter de confianza” entre miembros particulares “que [no pueden] fácilmente ser asumidos por otra persona” si esos actores son removidos de la red oscura (Beckert & Wehinger, 2013, p.17). Mientras Everton es crítico de la utilización exclusiva de medidas de contrainsurgencia cinéticas, su libro se basa en el “desbaratamiento” de las redes criminales, y en el contexto de los grupos delictivos tales interrupciones en realidad podrían estimular la violencia que las políticas intentan resolver. Irónicamente, en las manos equivocadas, “Desbaratando Redes Sociales” es un libro de recetas para reivindicar, estandarizar, y ajustar las políticas para hacer la guerra contra el terror y el crimen de una manera bastante disociada de resultados de la investigación y de las nociones de la moral y la justicia mencionadas en el capítulo final del libro. Sin embargo, la claridad y la organización del libro ofrecen una guía excelente para los estudiantes interesados ​​en la comprensión de análisis de redes sociales y estructuras de las redes oscuras. Tanto académicos como estudiantes se beneficiarán de la lectura y la participación con el manual interactivo de Everton, “Desbaratando Redes Oscuras”.

References

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Rios, V. (2013). “Why did Mexico become so violent? A self-reinforcing violent equilibrium caused by competition and enforcement”. Trends Organ Crime, Vol. 16, pp.138–155.

Tsvetovat, M. and Carley, K., (2005). “Structural Knowledge and Success of Anti- Terrorist Activity: The Downside of Structural Equivalence”. Institute for Software Research. Paper 43. Retrieved from: http://repository.cmu.edu/isr/43

UNODC (2012). “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment”. Retrieved from: http://www.unodc.org/toc/en/reports/TOCTACentralAmerica-Caribbean.html

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Alternativas metodológicas para el análisis estadístico del crimen

En los últimos años, México ha enfrentado niveles de inseguridad y violencia que colocan este asunto en el centro del debate de las políticas públicas. Ante esta problemática se desarrollaron diferentes estudios y trabajos que analizan el tema, sin embargo, existe una demanda constante por una mayor cantidad de datos e información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna en la materia.

México, principalmente a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha dado pasos firmes en aras de solucionar dicha demanda. Uno de los avances más importantes se gestó en 2006 con la constitución legal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y continuó en 2008 con la expedición de la Ley reglamentaria de dicho Sistema y el estatus del INEGI como “organismo público, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios” responsable de coordinar el Sistema. Como consecuencia de la naturaleza jurídica otorgada al INEGI y de su obligación por generar indicadores clave que atiendan entre otros los temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, la Junta de Gobierno del INEGI -responsable de aprobar los programas de actividades de información estadística – determinó la creación del Subsistema de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia a propuesta del Consejo Consultivo Nacional del INEGI –encargado de opinar y proponer proyectos, temas, información e indicadores que considere de interés nacional-.  

El Subsistema cuenta con un área específica responsable que es la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, con un Comité Ejecutivo encargado de su organización e integrado por un Vicepresidente de la Junta de Gobierno, los coordinadores de las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública Federal, de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina; de la Procuraduría General de la República; por el representante del poder Judicial de la Federación y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como por los representantes de las entidades federativas. Además, el Subsistema coopera a nivel internacional con la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través de su proyecto conjunto denominado Centro de Excelencia INEGI-UNODC.

El Subsistema cuenta también con seis Comités Técnicos Especializados –instancias colegiadas temáticas de participación y consulta creadas para analizar y opinar las normas técnicas, lineamientos y metodologías, así como promover su conocimiento y aplicación-. Los datos provistos por el Subsistema son generados a través de la recolección de registros administrativos, la realización de encuestas, censos y referencias geográficas y deben permitir, según el Acuerdo de su creación, “conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias”.

Con la intención de hacer un mayor uso y aprovechamiento de tal información estadística, a continuación se muestran algunas recomendaciones sobre metodologías y herramientas que permiten analizar el tema, así como referencias bibliográficas de documentos de investigación que sirvan de guía en la aplicación de tales procedimientos.

 

ANÁLISIS UNIVARIADO

En el análisis univariado únicamente se estudia la variable de interés sin incorporar su relación con otras variables. Una de las perspectivas para analizar el crimen de forma univariada es a partir del concepto de las series de tiempo. Mediante el uso de esta metodología se hace un reconocimiento que la variable en cuestión responde a diferentes componentes y factores cuya naturaleza es ajena al fenómeno en sí. Por ejemplo, es lógico considerar que los accidentes automovilísticos sean más frecuentes en un mes que presenta un periodo vacacional que en otro que no tenga vacaciones (efecto calendario). De la misma forma, es común observar patrones periódicos que se repiten con cierta frecuencia a lo largo del año (efecto estacional), por ejemplo los robos muestran altas y bajas entre las horas del día, los días de la semana, las semanas de un mes y entre los meses del año. Si se quisiera saber si los crímenes violentos en el último año fueron menores a la propensión experimentada en los anteriores seis o diez años es útil analizar el movimiento de largo plazo de una serie (tendencia). Dado que el objetivo principal del análisis de series de tiempo es la realización de pronósticos, el aislar el efecto de tales componentes y fenómenos adyacentes a la variable de interés permitirá contar con una mejor comprensión del tema y una mayor precisión en la ejecución del análisis.

Algunas series temporales relacionadas con seguridad y justicia que se encuentran en las estadísticas oficiales de México son:

Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas

Casos presentados por maltrato infantil ante el Ministerio Público

Defunciones por homicidio

Delincuentes sentenciados

Delitos de los presuntos delincuentes

Delitos de los delincuentes sentenciados

Denuncias recibidas por maltrato infantil

Índice de percepción sobre la seguridad pública

Presuntos delincuentes

Como ejemplo de la aplicación del análisis de series de tiempo al tema del crimen se pueden encontrar los siguientes estudios:

Crime and Seasonality por Benjamin H. Renshaw. El documento analiza los patrones estacionales de algunos crímenes como el robo, hurto y asalto con información proveniente de la National Crime Survey.

Intervention Time Series Analysis of Crime Rates por Sanjeev Sridharan, Suncica Vujic y Siem Jan Koopman. Se analiza el impacto de los cambios legislativos en Virginia, Estados Unidos en el año de 1995.

Seasonality of Property Crime in Hong Kong por Yuk Yee Yan. El trabajo examina la variación mensual de los hurtos y robos en Hong Kong de 1991 a 2000. Se encuentra que el robo en tiendas tiene un ascenso en invierno mientras que el hurto de billeteras presenta un aumento en verano.

Short-term forecasting of crime por Wilpen Gorr, Andreas Olligschlaeger e Yvonne Thompson. Se encuentra que mediante la utilización del análisis de series de tiempo se consigue el mejor método de pronóstico de corto plazo del crimen en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos.

Testing for seasonality in reported crime data por Lee R. McPheters. Utilizando información de Miami para los años de 1949 a 1970, el autor realiza un examen de estacionalidad para posteriormente construir un índice que ajuste tal información.

The Seasonality of Violent Crime: The Case of Robbery and Homicide in Israel por Simha F. Landau y Daniel Fridman. El trabajo estudia la relación de las estaciones del año con el homicidio y el robo en Israel para el periodo de 1977 a 1985. Se concluye que el robo tiene un pico durante los meses de invierno.

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO

A diferencia del univariado, el análisis multivariado sí estudia la variable de interés en su relación con otras variables. Existen diferentes técnicas de análisis multivariado, sin embargo, algunas de las más importantes son las siguientes.

 

Análisis de regresión

El análisis de regresión es la herramienta estadística de mayor uso en la investigación. En términos generales el procedimiento se basa en examinar la manera en que una variable objetivo depende o es afectada por otras variables (independientes). El análisis se basa en la determinación de relaciones lineales entre las variables y requiere la satisfacción de algunos supuestos.

Pueden hallarse diferentes tipos de análisis de acuerdo con la naturaleza de los datos utilizados: corte transversal, series de tiempo, datos de panel y datos espaciales (georreferenciados).

Los datos de corte transversal presentan información para diferentes individuos o poblaciones en un determinado tiempo.

Otra alternativa para los modelos de regresión consiste en explicar una serie temporal sobre crimen mediante otras series de tiempo que pueden incluir dimensiones demográficas, económicas o políticas a través de un modelo de regresión. Cuando se encuentra que la variable de interés guarda una relación que se mantiene en el tiempo con alguna de las demás variables se dice que las series están cointegradas.

La llamada regresión con datos de panel combina el aspecto temporal de las series de tiempo pero medido para múltiples poblaciones. Por ejemplo cuando se tienen series temporales sobre homicidios para diferentes municipios o entidades del país.

El análisis espacial es una de las propuestas metodológicas más interesantes para el estudio del crimen. Su utilización en diversas ciencias se encuentra en aumento principalmente por los avances tecnológicos en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). En general pueden utilizarse todas las variables que tienen información a nivel estatal o municipal con el único requisito de referenciarles geográficamente. Para ello puede resultar importante consultar el Marco Geoestadístico Nacional disponible en el INEGI.

Información estadística relacionada con violencia que puede utilizarse para el análisis de regresión (además de las mencionadas en la sección anterior):

Averiguaciones previas por entidad federativa

Agencias del fuero federal por entidad federativa

Agentes del fuero federal por entidad federativa

Defunciones por homicidio por entidad federativa y municipio

Delitos declarados según entidad federativa de residencia de la víctima

Fuero por entidad federativa

Índice de femineidad de los sentenciados según fuero por entidad federativa

Órdenes de aprehensión giradas por entidad federativa

Población penitenciaria por entidad federativa según fuero

Procesados por homicidio según fuero por entidad federativa

Proceso penal según fuero por entidad federativa

Registrados según fuero y sexo por entidad federativa

Sentencia condenatoria según fuero por entidad federativa

Sentenciados por homicidio según fuero por entidad federativa

Sentenciados registrados según fuero y sexo por entidad federativa

Siniestralidad y acciones de la Policía Federal Preventiva por entidad federativa

Tasa de incidencia de delitos por cada 100 000 habitantes por entidad federativa

Víctimas de algún delito por entidad federativa de residencia de la víctima

Sobre los datos que pueden relacionarse con las variables anteriores están:

Para observaciones mensuales a nivel nacional se puede explicar la delincuencia con variables de actividad económica, tasa de desocupación, remuneraciones, población económicamente activa, confianza empresarial, índice de precios, índice de la tendencia laboral (trimestral) y líneas de bienestar, entre otros.

Datos anuales a nivel nacional sobre delincuencia pueden ser explicados por la procesos electorales, pobreza, desigualdad, rezago social, educación, gasto en educación, producto interno bruto, ingresos y egresos del sector público, entre otros.

Cifras con frecuencia mensuales a nivel estatal pueden relacionarse con estadísticas de tasa de desocupación trimestral y actividad económica trimestral.

Las series anuales a nivel estatal pueden vincularse con procesos electorales, ingresos y egresos del sector público, actividad económica, rezago social, salud, educación, pobreza, desigualdad, esperanza de vida, tasa de crecimiento social, migración y marginación, entre otros

Se puede analizar el efecto de finanzas públicas, rezago social, salud, educación, pobreza, desigualdad, migración y marginación sobre las estadísticas municipales de delincuencia con frecuencia anual.

Algunos estudios que analizan mediante regresiones el fenómeno de la delincuencia son:

An analysis of the crime rate in the Netherlands 1950-93 por C. Beki, K. Zeelenberg y K. van Montfort. Se estudia la relación entre crimen y algunas variables como población masculina por grupos de edad, empleo, consumo personal per cápita y la capacidad policial.

Assessing Spatial Pattern of Crime in Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico (2009): The Macrolevel, Mesolevel and Microlevel Approaches por Mario Fuentes y Vladimir Hernández. El estudio explora las relaciones espaciales existentes entre un conjunto de variables socio-económicas y demográficas con la actividad delincuencial en Ciudad Juárez, México.

Crime and the Business cyclein post-war Britain por D.J. Pyled y F. Deadman. El trabajo examina la relación entre el crimen y la actividad económica en Gales e Inglaterra.

El robo de vehículos en la ciudad de México. Patrones espaciales y series de tiempo por Carlos Villalta. Los resultados indican diferencias en el robo de vehículos entre los días de la semana y entre delegaciones de la ciudad de México, por lo que se afirma la existencia de patrones espaciales y temporales.

Is crime cointegrated with income and unemployment?: A panel data analysis on selected European countries por A.H. Baharon y M.S. Habibullah. Encuentran que tanto el ingreso como el desempleo influyen significativamente en el nivel de criminalidad.

More inequality, more crime? A panel cointegration analysis for the United Statespor Pandej Chintrakarn y Dierk Herzer. Tras analizar datos a nivel estatal para Estados Unidos, encuentran que la desigualdad influye negativamente sobre el crimen.

The effect of prison crowding on prisoners’ violence in Japan: testing with cointegration regressions and error correction models por Yuma Y. Se analiza la relación de cointegración entre la densidad de población en las prisiones y la violencia entre reclusos.

Violent Crime in the United States of America: A Time-Series Analysis Between 1960–2000 por George Saridakis. En la investigación se analiza el efecto de variables socio-económicas y demográficas sobre los crímenes violentos en Estados Unidos. Encuentra que solamente en el corto plazo las variables de desigualdad, consumo de alcohol y composición racial de la población masculina juvenil impactan sobre los crímenes.

 

Análisis de conglomerados

En términos generales el análisis de conglomerados pretende crear agrupaciones de individuos de manera que al interior de cada grupo los miembros compartan ciertas características pero que los grupos creados sean lo más diferente posible entre sí. Existen diferentes métodos para crear estas agrupaciones, sin embargo entre las más comunes se encuentran los métodos jerárquicos aglomerativos y k-medias.

Las bases de datos para aplicar este método son aquellas que consistan de observaciones para diferentes entidades o municipios. Algunos estudios que utilizan esta aproximación para analizar el crimen son:

Crime and Economic Performance. A cluster analysis of panel data on Italy’s NUTS 3 regions por Rosetta Lombardoa y Marianna Falcone. Los autores proponen una clasificación de las provincias italianas de acuerdo con un conjunto de indicadores sobre delincuencia, desempeño económico y algunas variables socio-demográficas.

Examining the Links Between Organised Crime And Corruption por Philip Gounev y Tihomir Bezlov. Los autores proponen una clasificación de los países miembros de la Unión Europea en función de sus características similares relacionadas con corrupción y crimen organizado.

 

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Análisis de componentes principales

El análisis de componentes principales es una herramienta que permite reducir la dimensión de un fenómeno para explicarlo con una menor cantidad de variables. Esta herramienta es utilizada ampliamente para la creación de índices en diferentes áreas (Ver Índice de Marginación e Índice de Rezago Social)

La información estadística necesaria para utilizar esta metodología consiste de aquella que presenta observaciones para diferentes entidades o municipios. Entre los documentos que emplean esta herramienta para el análisis de la violencia se encuentran:

Exploring the Link between Crime and Socio-Economic Status in Ottawa and Saskatoon: A Small-Area Geographical Analysis por el Sistema de Justicia de Canadá. El estudio recurre al método de componentes principales para analizar las relaciones entre diferentes variables de crimen e indicadores socio-económicos de los vecindarios en Ottawa.

A Multivariate Statistical Analysis of Crime Rate in US Cities por Kendall Williams y Ralph Gedeon. Se propone el uso del método de componentes principales para reducir el número de variables que pueden afectar la tasa de crimen de una ciudad.  

Prevalence and determinants of male partner violence against Mexican women: A population-based study por Leonor Rivera-Rivera, Eduardo Lazcano-Ponce, Jorge Salmerón-Castro, Eduardo Salazar-Martínez, Roberto Castro y Mauricio Hernández-Avila. El trabajo utiliza componentes principales para construcción de una nueva variable que indique los tipos de violencia experimentada por las mujeres.

Para finalizar, la siguiente lista de libros constituye un conjunto de algunas referencias de apoyo para la investigación sobre delincuencia y justicia y se encuentran disponibles en la Biblioteca del Centro de Excelencia para su consulta:

  • Ainsworth, Peter B. (2011) Offender Profiling and Crime Analysis;
  • Boba Santos, Rachel (2013) Crime Analysis Whit Crime Mapping;
  • Chainey, Spencer (2008) Crime Mapping Case Studies, Practice and Research;
  • Chamberlain, Jhon Martyn (2013) Understanding Criminological Research;
  • Chun, Yongwan y Daniel A. Griffith (2013) Spatial Statistics and Geostatistics: Theory and Applications for Geographic Information Science and Technology;
  • Davis, Pamela (2000) Doing Criminological Research;
  • Denzin Norman, K (2011) The SAGE Handbook of Qualitative Research;
  • Fotheringham, A. Stewart (2009) The SAGE Handbook of Spatial Analysis;
  • Gadd, David; Susanne Karstedt y Steven F. Messner (2012) The SAGE Handbook of Criminological Research Methods;
  • Hardy, Melissa (2013) The Handbook of Data Analysis;
  • Noaks Lesley (2004) Criminological Research, Understanding Qualitative Methods;
  • Paulsen, Derek J. (2010) Tactical Crime Analysis, Research and Investigation;
  • Piqueiro, Alex (2007) Key Issues in Criminal Career Research: New Analyses of the Cambridge Study in Delinquent Development;
  • Salter, Mark B.  (2013) Research Methods, in critical Security Studies, An Introduction;
  • Schmid, Alex P.  (2013) The Routledge Handbook of Terrorism Research;
  • Sheldon, Kerry (2011) Research in Practice for Forensic Professionals; y,
  • Wagner, William (2013) Using IBM SPSS Statistics for Research Mathods and Social Science Statistics.

 

Conclusión

La producción de información estadística de calidad sobre la delincuencia y la justicia constituye uno de los retos del INEGI en su rol de coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Los usuarios de la información podemos y debemos profundizar en las estadísticas disponibles y analizar estos temas desde diferentes perspectivas. Más y mejores estudios contribuirán a mejorar la comprensión y medición de la violencia, a la correcta caracterización de los fenómenos delictivos y su impacto, lo cual puede contribuir a un diseño de políticas públicas basado en evidencias.

 

J. A. Torres Munguía

Consultor

 Centro de Excelencia UNODC-INEGI

ja.torresmunguia@gmail.com

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Reseña del libro “When Brute Force Fails. How to have less crime and less punishment” de Mark A.R. Kleiman

Mark A. R. Kleiman realiza un análisis que parte desde los efectos y daños económicos, sociales y familiares de  las políticas de encarcelamiento y de castigo penal, en comparación con programas y estrategias de prevención del delito. Este texto demuestra la necesidad de un cambio de estrategia, para pasar de un modelo basado en el castigo a los delincuentes a un modelo que disminuya la delincuencia, a través de un enfoque en la seguridad y no en la venganza.  Las estrategias de prevención del delito buscan reducir los costos económicos de las víctimas y el sufrimiento humano.

El libro está integrado por once capítulos:

I.            La trampa

II.            Pensando en la delincuencia

III.            Esperanza

IV.            Dando propina

V.            Concentración dinámica

VI.            La lógica de disuasión

VII.            El delito a pesar del castigo

VIII.            Armas y su control

IX.            Política de drogas y control del delito

X.            ¿Qué podría ir mal?

XI.            Agenda para el control de la delincuencia.

En los primeros capítulos, el autor guía al lector hacia una reflexión sobre los costos económicos y sociales de las actuales políticas de encarcelamiento. Luego comenta y analiza diversos casos en Estados Unidos sobre políticas exitosas para reducir el delito y  para el manejo de personas en libertad condicional evitando su reincidencia, lo cual proporciona un sólido argumento para el enfoque en políticas de prevención y no de castigo. El autor evalúa políticas actuales en Estados Unidos con respecto a la racionalidad de la delincuencia, el consumo de drogas y el control de las armas.

Los dos objetivos principales de las prisiones son: primero, castigar a las personas que hayan cometido delitos y segundo, retirar a los delincuentes de la sociedad impidiendo que estos continúen perpetrando actividades delictivas. Sin embargo, el autor argumenta que las cárceles son una estrategia de castigo imperfecta, al incurrir en grandes costos económicos y humanos para el Estado y las familias; y al afectar principalmente a los individuos de bajos recursos, ya que muchas veces la persona encarcelada es el sustento principal de una familia. Por último, las cárceles rara vez logran rehabilitar a los delincuentes para su reintegración a la sociedad.

Se ha demostrado que los presos, sufren estrés  al entrar y salir de la cárcel, ya que después de un tiempo en prisión tienden a adaptarse, haciendo que la duración de la sentencia tengan un efecto relativamente poco importante.  Al final, las prisiones no consiguen del todo aislar a los delincuentes de actividades delictivas y en muchos casos, el continuo contacto con otros delincuentes puede profundizarlos aún más en el mundo delictivo.

El delito tiene consecuencias tanto económicas (la pérdida del objeto robado y los daños a propiedad privada) como individuales y sociales. Estas dos últimas afectan considerablemente la calidad de vida y el bienestar de las personas. En Estados Unidos, Kleiman analizó que las personas estaban dispuestas a pagar directamente 50 dólares mensuales a servicios privados de seguridad en comparación al promedio de 4 dólares mensuales por habitante que representan las pérdidas por objetos robados. Esta gran diferencia entre el costo del acto y la percepción de la gente demuestra la importancia que se le da a la sensación de seguridad. Un delincuente puede entrar en una casa y robar un televisor, la familia puede adquirir un nuevo televisor, pero la percepción de seguridad sobre su hogar va a ser la mayor pérdida. Cuando la familia pierde la sensación de seguridad, esta va a tenderá a sentir que la probabilidad de que entren de nuevo en su casa y se roben el mismo televisor es muy alta, aún cuando la probabilidad real sea en baja, generando un error de percepción.

Entendiendo las causas y los efectos, hay que analizar y comprender el proceso humano al cometer un delito. El libro propone una modelo lógico de disuasión de un sujeto basándose en el supuesto de que todas las personas son seres racionales, que para cometer un delito deben considerar la ganancia del delito mayor a la posible pérdida que se tendría en caso de que el delito tuviera consecuencias. Este modelo plantea que se tienen tres sujetos: A, B y C. La policía genera una lista de prioridades (el orden en esta lista puede ser arbitrario o no arbitrario), en la impartición de justicia (B1, C2 y A3). El orden asignado distribuye los recursos de la policía de acuerdo a las prioridades. Por lo tanto utilizando este modelo lógico; “B” sabe que es la prioridad, por lo que si comete un delito tiene 100% de sufrir las consecuencias y no obtener la ganancia, por lo que toma la decisión racional de no cometer el delito. En el momento en que “B” decide no delinquir, la prioridad de la policía pasa a ser el segundo sujeto “C”, éste al ser consciente de que “B” no va a cometer un delito, infiere que los recursos de la policía estarán enfocados en él, por lo que sus posibilidades de obtener la ganancia es 0% y las de sufrir las consecuencias es del 100%, por lo que racionalmente decide no cometer el delito. “A”, sabe de la situación de “B” y “C”, por lo que entiende que los recursos se enfocan ahora en que él no cometa ningún delito, por lo que racionalmente toma la decisión de no delinquir.

Por último, Kleiman hace hincapié en la importancia de destinar recursos humanos, económicos y voluntad política a estrategias que no se enfoquen en castigar los delitos, pero en mejorar  la calidad de vida y el bienestar de los individuos para controlar el fenómeno delictivo. El uso de los recursos en el bienestar de las personas, en la rehabilitación de comunidades descuidadas, en educación y salud, es un enfoque al delito más sostenible en el largo plazo y sano, que el mantener prisiones que son costosas, que están sobresaturadas y que pretenden castigar y rehabilitar sin lograrlo.

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